El Pozo de Vargas, una prueba del genocidio en Tucumán

La fosa común clandestina está ubicada en las afueras de la capital y ya se han identificados los restos de más de 80 personas detenidas-desaparecidas entre 1975 y 1977.

Martes 18 de octubre | Edición del día

El pasado sábado 13, se dieron a conocer 9 nuevas identificaciones realizadas por el EAAF (Equipo Argentino de Antropología Forense) en la fosa de inhumación clandestina conocida como “Pozo de Vargas”. Las personas identificadas son Ricardo Romualdo Abad, Azucena Ricarda Bermejo García, Alicia Dora Cerrota, Arnaldo César Correa, Juan René Lazarte, Carlos Raúl Osores, Jorge Francisco Toloza, Jorge Luis Romero y Roberto Julio Romero.

Con estas identificaciones, suman un total de más de 80 personas las identificadas en esta fosa de inhumación clandestina. Entre ellos se encuentran estudiantes, trabajadores de los ingenios Concepción, del Ingenio Santa Rosa, San Juan, La Esperanza y Ledesma de Jujuy; así como, trabajadores ferroviarios, empleados públicos y estudiantes universitarios. Algunos de ellos secuestrados en otras provincias como Santiago del Estero y Jujuy, entre otras y victimas de otros países como España, Perú y Bolivia; entre los años 1975 y 1977, durante el Operativo Independencia y la última dictadura. Muchos de ellos fueron vistos en algunos de los Centros Clandestinos de detención que funcionaron en esos años en la provincia como el que se encontraba ubicado en el predio militar “Arsenales Miguel de Azcuénaga”.

La finca de Vargas

El pozo se encuentra en las inmediaciones del Gran San Miguel de Tucumán, el mismo era un viejo pozo de agua que durante el Siglo XIX proveía de agua al ferrocarril ubicado a la vera de las vías en una finca donde se cosechaba caña de azúcar y hasta hace muy poco citrus, la “Finca de Vargas”, denominación porque el predio perteneció a Antonio Manuel Vargas, quien falleció en marzo de 2005. El año anterior, el fiscal federal Emilio Ferrer habían pedido que se cite a Vargas para que preste declaración indagatoria (y se lo detenga), como partícipe necesario de la desaparición forzada de personas durante la década del 70.

La causa y las investigaciones se inician luego de las denuncias de la existencia del pozo en Abril del año 2002, los trabajos iniciales estuvieron a cargo del GIAAT (Grupo Interdisciplinario de Arqueología y Antropología de Tucumán), actualmente se encuentran trabajando el CAMIT (Colectivo de Arqueología, Memoria e Identidad de Tucumán). Las primeras tareas llevadas a cabo por los peritos fueron las excavaciones para poder encontrar la localización del pozo. El accionar de los militares para ocultarlo fue de tal magnitud, que implicó la demolición de la parte superior del pozo y la movilización de toneladas de ripio y escombros para ser arrojadas en su interior y tapar el exterior.

Este pozo según la investigación-nos comentan los peritos- tendría aproximadamente 40 metros de profundidad. Toda la primera etapa de excavación implicó remover las toneladas de escombros que tiraron los militares para ocultarlo. Actualmente se encuentran excavando a los 33 metros de profundidad, la mayor parte de los restos se excavaron a partir de los 24 metros en condiciones muy difíciles de trabajo.

Las primeras identificaciones se produjeron en el año 2011, si bien son 87 los identificados, se van encontrando más de un centenar de personas, a las cuales muchas de ellas aun no se ha podido dar su identidad, en algunos casos dado el deterioro de los restos en otros por la falta de muestras de familiares con el cual cotejar los perfiles de ADN. El pozo se ha constituido en un lugar de memoria para los familiares de desaparecidos de la provincia y en una prueba de lo que fue el plan sistemático de exterminio que en el caso de la Provincia de Tucumán comenzó durante el Operativo Independencia como muestras las múltiples denuncias volcadas en las audiencias del juicio que se están llevando a cabo.




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