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YAK 42

El Ministerio de Defensa responsable del accidente del YAK 42

Según un informe del Consejo de Estado el Ministerio de Defensa no actuó aún teniendo conocimiento de la posibilidad del accidente.

Martes 3 de enero | 18:40

Foto: EFE

El Consejo de Estado, máximo órgano consultivo del Gobierno, ha reconocido la responsabilidad del Ministerio de Defensa, presidido aquel entonces por Federico Trillo, en la catástrofe aérea que se saldó con la muerte de 62 militares que regresaban de Afganistán el 26 de mayo de 2003.

“Hay, pues, anteriores a la fecha del siniestro, hechos que habrían permitido a la Administración ponderar el especial riesgo concurrente en el transporte de tropas en que se produjo el accidente. Dicho con otras palabras pudieron ser advertidas circunstancias que habrían llamado a la adopción por los órganos competentes de medidas que pudieran haber despejado el riesgo que se corría”, avanza el dictamen a cuyo contenido ha tenido acceso El País.

El dictamen, aprobado por unanimidad el pasado 20 de octubre por parte de la Comisión Permanente del Consejo de Estado, contradice las anteriores sentencias judiciales por las cuales se eximía al ministerio de la posibilidad de haber evitado el accidente y la argumentación por parte de Defensa que alegaba que la responsabilidad recaía sobre NAMSA (Agencia de Mantenimiento y Suministro de la OTAN), empresa con la que el gobierno contrató el vuelo. Dicho dictamen, sin embargo, ha rechazado indemnizar a los familiares de las víctimas.

Tal y como señala la noticia de El País, hubo hasta cinco subcontratas implicadas en la operación, de modo que de los 149.000 euros que se pagaron por el YAK-42 solo 36.500 llegaron a la compañía que operó el avión.

Sin embargo, lejos están de exigirse responsabilidades políticas por parte del Ejecutivo. En una entrevista a eldiario.es la portavoz de los familiares de los fallecidos ha señalado que "todos los cargos del PP vinculados con la catástrofe fueron premiados".

El propio exministro Trillo es actualmente embajador en Londres. Tanto la oposición como los familiares de los siniestrados han exigido su cese fulminante.






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