Géneros y Sexualidades

OPINIÓN

El Ministerio Público de Vidal, sin soluciones para la violencia machista

El organismo, que Vidal puso a cargo de un hombre del Opus Dei, presentó su informe sobre la situación de violencia de género en la Provincia. Pocas soluciones, más criminalización.

Mariano Alvarellos Diez

Estudiante de Derecho de la UBA / Miembro del CeProDH

Martes 21 de marzo | Edición del día

El pasado 7 de marzo, la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires dio a conocer el Informe de Femicidios, Registro Penal de Violencia Familiar y de Género, que recaba los casos del año 2016 en los que el Ministerio Público de la Provincia tuvo intervención.

Del total de procesos penales iniciados en ese año, que suman 776.991, el 12,3% (95.557) eran procesos relacionados a violencia familiar y de género, de los cuales en el 75% de los casos, las mujeres y niñas eran víctimas.

A su vez, del Informe surge que se registraron 148 asesinatos de mujeres; de los que 90 (60,8%) fueron femicidios, es decir, asesinadas por su condición de mujer, siendo la violencia de género el principal móvil.

A partir de esta estadística se confirma que cada 4 días hay un femicidio en la provincia más importante del país, y que en la gran mayoría de los casos, éstos son producidos por varones de vínculos cercanos (el 60,1% se inscribe entre los rangos de “pareja”, “ex pareja” y “noviazgo”).

En sus reflexiones finales, el Informe plantea que “La cuestión posee múltiples factores que la determinan y su abordaje excede la competencia propia de esta Institución, pero es nuestra responsabilidad procurar que quienes resulten víctimas de este tipo de hechos, que merecen el más absoluto reproche, encuentren en el servicio de justicia y, particularmente, en este Ministerio Público, a servidores comprometidos”, para luego hacer un llamado a la coordinación institucional a fin de garantizar el acceso a la justicia y la protección a las víctimas.

Julio Conte Grand, el nuevo Procurador General

A partir de la renuncia a fines del año pasado de María Carmen Falbo (a quien se vinculaba al ex Jefe de Gabinete del kirchnerismo Aníbal Fernández), la gobernadora María Eugenia Vidal decidió nombrar al frente del Ministerio Público de la Provincia a su Secretario de Legal y Técnica, Julio Conte Grand. Durante la década de los 90, fue nombrado por el intendente porteño Carlos Grosso en la Comisión de Reforma Normativa. También fue asesor del Ministro de educación menemista Antonio Salonia y formó parte del Programa de Saneamiento Financiero y Desarrollo Económico en las Provincias Argentinas, que dependía del Ministerio del Interior a cargo de Carlos Corach.

Luego, con Mauricio Macri como Jefe de Gobierno porteño, desde 2012 ocupó el cargo de Procurador General de la Ciudad de Buenos Aires. La propuesta a ocupar dicho cargo había sido impugnada por ser un férreo opositor al aborto, al matrimonio igualitario y a la identidad de género. Su actual designación fue incluso apoyada por el bloque kirchnerista dentro de la legislatura bonaerense.

El proyecto de gestión para el Ministerio Público que impulsa Conte Grand tiene como prioridad la investigación de los delitos de violencia de género, narcomenudeo y robos calificados por el uso de armas, según expresó en diálogo con La Nación.

La misma vieja receta para no perseguir a los grandes narcotraficantes, aliados a los sectores políticos burgueses, es la que quiere continuar desarrollando el funcionario, mientras la presenta como novedosa. El resultado de esta política puede verse en la gran cantidad de causas de jóvenes detenidos por tenencia para consumo o en las cárceles abarrotadas de pobres en las que no entran los organizadores y partícipes del “gran delito” organizado, como los que garantizan el funcionamiento de las mafiosas redes de trata de mujeres para la explotación sexual, que como es sabido cuentan con la complicidad y hasta la participación activa de las fuerzas de seguridad y de los funcionarios políticos de todo orden.

El pasado 7 de marzo, horas antes del Paro Internacional de Mujeres, Conte Grand manifestó en una entrevista con RealPolitik, refiriéndose a la violencia de género, que "es inevitable concientizar, eso es obvio; pero parece ser que esta concientización, a quienes van a cometer delitos de violencia de género, los exacerba. Y van con más saña y alevosía. Es un tema socialmente muy complejo, pero es un dato objetivo: hay un crecimiento desmesurado al que le tenemos que dar un corte definitivo".

Los dichos del Procurador, como quedó expresado en esa nota, ambicionan encerrar a la lucha de las mujeres en un callejón sin salida, ya que, según el funcionario, la visibilización de estas luchas sólo genera un acrecentamiento en la actividad de quienes van a cometer delitos de violencia de género.

El mismo truco de ayer

El Ministerio Público, la institución a cargo de Conte Grand, tiene bajo su órbita a las fiscalías y defensorías que se encargan de acusar y defender a los imputados. Como señalábamos, el modelo de organismo que busca el Procurador General se orienta, sosteniendo que “detrás de todos los delitos está la droga”, a una reproducción de la maquinaria judicial que criminaliza a los sectores empobrecidos de la sociedad. Un planteo que, además de estigmatizar arbitrariamente a estos sectores, en lugar de condenar a las grandes mafias organizadas, también es irreal, ya que considerar que los delitos relacionados a la violencia de género parten del uso de estupefacientes sólo puede tener como objetivo mantener intactas las bases de un sistema arraigado en el machismo y el patriarcado.

En el año 2015, con motivo del estallido del movimiento por el #NiUnaMenos, el diputado Nicolás del Caño, por el PTS en el Frente de Izquierda, presentó junto a Myriam Bregman el proyecto de creación de un Plan Nacional de Emergencia contra la violencia hacia las mujeres, que apuntaba entre otras cosas a la creación de subsidios para las víctimas, creaciones de refugios y planes de vivienda con créditos a tasa cero, licencias laborales y licencias y pases educativos, y atención y asesoramiento a las víctimas. Sin embargo, las fuerzas políticas que responden a intereses patronales se negaron incluso a tratarlo en el Congreso, demostrando hasta dónde llega su compromiso para dar respuesta a la violencia machista.

La solución que plantea el Informe de Femicidios a través de la coordinación de instituciones retrógradas está muy lejos de las ambiciones del Plan de Emergencia del FIT. Como cantara Alfredo Zitarrosa, “hay que dar vuelta el tiempo como la taba, el que no cambia todo no cambia nada”.








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