Política

LA POLÍTICA JUDICIALIZADA

El Memorándum con Irán, la “prueba” para las detenciones que ordenó Bonadio

La acusación lanzada por el fiscal Nisman tenía como base ese acuerdo. Fue firmado por el gobierno kirchnerista en 2013, aprobado en las dos cámaras del Congreso pero nunca entró en vigencia.

Jueves 7 de diciembre | 09:30

Este jueves por la mañana el juez Claudio Bonadio pidió el procesamiento y desafuero de la senadora nacional y ex presidenta Cristina Fernández. Además ordenó las detenciones de algunos de sus ex funcionarios, entre los cuales están Carlos Zannini y Héctor Timerman.

Bonadio lleva adelante la causa inventada a partir de la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman. Éste fue responsable de la Unidad de Investigación AMIA por más de una década. En enero de 2015, denunció a la entonces presidenta y a varios funcionarios nacionales por presunto encubrimiento en el atentado a la mutual judía.

El fundamento de la acusación residía en la firma del llamado Memorándum de Entendimiento con Irán. Éste acuerdo, firmado en 2013, establecía una suerte de marco común de investigación.

Entre otros puntos, ese acuerdo establecía la creación de una Comisión de la Verdad, compuesta por juristas internacionales. Al mismo tiempo habilitaba al juez Rodolfo Canicoba Corral y al mismo fiscal Nisman, a interrogar a quienes se consideraba sospechosos iraníes.

En Argentina, el acuerdo fue aprobado por las dos cámaras legislativas nacionales. La “acusación” de Nisman, de haber sido coherente, debería haber sido dirigida también contra los 131 diputados y los más de 30 senadores que le dieron el visto bueno a la medida.

Sin embargo, en Irán, el Parlamento de ese país nunca lo aprobó. Por lo tanto, en términos reales, el Memorándum nunca entró en vigencia.

La decisión de impulsar la firma de ese pacto fue realizada por el kirchnerismo como forma de acompañar un giro en la política internacional por parte de EE.UU. hacia un mayor acercamiento con Irán. Nisman fue parte de las negociaciones para lograr la firma del mismo.

Así lo señaló, en enero de este año, Apemia (Asociación Por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA) que en un comunicado denunció la manipulación que implicaba la reapertura de la investigación judicial.

Allí se recordó que “el paso del tiempo ayudó a olvidar y ha ocultado varias verdades. La primera de ellas trata del apoyo y la participación que Nisman y DAIA/AMIA tuvieron durante los dos años (2011/2012) de negociación de un acuerdo con Irán cuando aún no existía el Memorando. La negociación era conocida y tuvo estado público aunque los términos del futuro acuerdo aún eran secretos (…) Otra de esas verdades: ni bien se conoció el resultado de esas negociaciones secretas, el fiscal y DAIA/AMIA se expresaron a favor del Memorando (2013) (…) Nisman tardó otros dos años hasta presentar su denuncia en 2015”.

La investigación sobre el atentado de la AMIA, que dejó decenas de víctimas, se mantiene sin resultados desde el momento de los hechos.

Durante más de dos décadas, los distintos gobiernos profundizaron la situación de impunidad y encubrimiento. El mismo juez Bonadio fue apartado en 2005 de la investigación por su manifiesta parcialidad.

La utilización política de la causa AMIA solo revela el desprecio del poder político por las víctimas del atentado. El uso político de la causa por parte de los diversos gobiernos solo sirvió para perpetuar el encubrimiento.

Para avanzar en una investigación que verdaderamente termine con la impunidad es necesaria la apertura de todos los archivos secretos en poder del Estado. Solo mediante la puesta en pie de una comisión investigadora independiente se puede dar pasos en ese camino.








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