Política

El Gobierno se hace el enojado con Odebrecht mientras sigue negociando

Desde el ejecutivo dispararon contra la procuradora Alejandra Gils Carbó por “crear cortinas de humo”. Mientras, tratan de negociar con la empresa con la ley del “colaborador eficaz”. Lo cierto es que se habla de kirchneristas y macristas implicados.

Viernes 2 de junio | 09:35

El primero de junio fue el día en el que el plazo para que la empresa Odebrecht brindara la información sobre los funcionarios que habrían recibido 35 millones de dólares en sobornos. La verdad es que nada de esa información aun ha salido a la luz. El miércoles 31 de mayo, representantes de la empresa y del gobierno tuvieron una reunión que no resultó fructífera.

Los empresarios de Odebrecht y sus representantes repitieron la estrategia que tienen en otros países, de pedir la inmunidad y la continuidad de sus contratos a cambio de la jugosa información que develaría toda la corruptela de los políticos patronales.

Es que kirchneristas y macristas están involucrados de una u otra forma: los nombres de Julio de Vido y José López se entrecruzan con los de Gustavo Arribas o Angelo Calcaterra.

Como parte de la negociación con la empresa el Gobierno enviaría al Congreso Nacional un cambio legal que implica crear la figura del “colaborador eficaz”. La normativa implicaría la posibilidad de una menor pena para quienes entreguen información que, según el criterio del juez, pueda ser considerada como valiosa para las investigaciones en curso.

Según el diario la Nación, el proyecto que enviaría el oficialismo incluiría una cláusula que permita aplicar la ley de manera retroactiva. Esto promete generar polémica porque permite aplicar la ley, una vez sancionada, de manera retroactiva y la haría aplicable a la investigación en curso sobre Odebrecht.

Imposturas para encubrir

Luego de la reunión mantenida con representantes de Odebrecht el pasado miércoles 31 de mayo, desde el gobierno se mostraron ofuscados por no haber llegado a un acuerdo. Y cargaron todas las municiones contra Alejandra Gils Carbó, quien encabeza la Procuración general de la Nación y está ligada al kirchnerismo. El presidente Macri manifestó en el ciclo Diálogo para la Argentina, transparencia y desarrollo que "lo triste para mí, como presidente y gobierno, es que seamos producto de la inacción de la procuradora", y luego afirmó que "en los próximos días y semanas seguiremos actuando y presionando para que el manejo de la información no se haga con la misma arbitrariedad con la que ha manejado la causa la procuradora hasta el día de la fecha.”

Lo cierto es que desde Cambiemos se intenta evitar que la información sobre los sobornos pagados quede sólo en manos de Gils Carbó. Esta semana se conoció que la Justicia de Brasil sólo entregaría datos a la Procuración general de la Nación.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, también se manifestó en este sentido: “Es un escándalo que no se sepa quiénes cobraron esos 35 millones. Ellos manifiestan que lo que hay son declaraciones de arrepentidos en Brasil y documentación sobre transferencias de cuentas, que eso no está sistematizado en una lista". Lo que agregaría aún más complejidad a la investigación.

"Insistimos en el acuerdo con Odebrecht porque es una manera de no depender de nadie para tener información de primera mano", indicaba un vocero oficial al diario La Nación.

La realidad es que se pelean a ver quién dispone primero de esta información, porque tanto kirchneristas y macristas saben que no están limpios de este lodo que mancha a todos.

Leé también: Odebrecht, el mismo lodo que embarra a todos y todas

Del lado del gobierno anterior el foco está puesto en altísimos funcionarios kirchneristas como Julio De Vido, José López y Ricardo Jaime. Todos ligados a la obra pública, concentrada durante la década pasada en el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.

Del lado de la gestión actual, los primeros mencionados son nada menos que el amigo personal y el primo del Presidente Mauricio Macri. Tanto el jefe de la AFI Gustavo Arribas, como el empresario Angelo Calcaterra (dueño hasta hace poco de la empresa argentina integrante del consorcio que ganó la licitación para soterrar el tren Sarmiento), están en el ojo de la tormenta y ya provocaron una crisis en el oficialismo.








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