Economía

CONTRARREFORMA LABORAL

El Gobierno regalaría $ 140.000 millones a las patronales por rebaja de contribuciones

El proyecto del gobierno de rebajar las contribuciones patronales con un “mínimo no imponible” significaría una transferencia anual a empresarios equivalente el 69% del presupuesto educativo de 2018.

Lucía Ruiz

Economista

Lunes 6 de noviembre | Edición del día

Un análisis exclusivo de La Izquierda Diario muestra que el borrador del gobierno de la llamada “reforma laboral” incluye una escandalosa transferencia de $139.882 millones anuales a las patronales hacia 2022. Esto significa una reducción de la alícuota efectiva del orden del 41% para todos los empleadores, pasando de 17,8% promedio a 10,5% del salario bruto, lo que ubicaría al país como uno de los más “generosos” de la región, según la OCDE.

Dicho impacto se generaría debido a los cambios en el esquema de alícuotas a la Seguridad Social que el gobierno presentó la semana pasada para “discutir” con los gremios, donde se contempla un salario “mínimo no imponible” y una rebaja de contribuciones “gradual” de 21% a 19% entre 2018 a 2022.

Este regalo histórico a las patronales es de una dimensión tal que llega a representar el 69% del Presupuesto en Educación que presentó el gobierno para 2018, supera el gasto total en Salud en un 31%, cuadriplica el gasto en Ciencia y Técnica y representa el 10% de todo el Gasto en Seguridad Social (que incluye prestaciones sociales en todo concepto como jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, etc).

El gobierno argumenta que la reducción de contribuciones generaría más puestos de trabajo, pero esta experiencia ya fue vivenciada por los argentinos en la década de 1990, cuando se redujeron los aportes patronales de 33% a 23 % (incluyendo obras sociales), y sin embargo se alcanzaron los niveles de desempleo más elevados de la historia del país.

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El cálculo presentado por La Izquierda Diario surge de considerar las remuneraciones promedio de los asalariados privados, que alcanzan a $23.787 en junio de 2017, según datos del Ministerio de Trabajo, y proyectarlos a enero de 2018 con una pauta estimada de salarios del 8%, que es lo que se espera que terminen de impactar los aumentos “en cuotas” pactados en paritarias a principios de año.

Así también, se tiene en cuenta la cantidad de asalariados privados, cuyo promedio en 2017 alcanza a 6,2 millones de asalariados. Por último, se supone una distribución de empleadores en la que cerca del 80% contribuye con una alícuota de 17% (excluyendo obras sociales), esto es, el inciso b) del decreto 814/2001 que el gobierno quiere derogar con la contrarreforma laboral, que ya significaba una sustancial reducción de contribuciones gracias a los cambios que impulsó Domingo Cavallo en los `90.

Mientras que solamente cerca del 20% de los empleadores estaría contribuyendo el 21% (inciso “a” del decreto 814), según datos trascendidos de AFIP, en concepto contribuciones a la Seguridad Social (descuento jubilatorio, asignaciones familiares, PAMI y Fondo Nacional de Empleo, excepto obra social). Este hecho de por sí ya es escandaloso, porque muestra que la mayoría de los empresarios pagan contribuciones más bajas de lo que correspondería, por lo que la “excepción” (el inciso b del decreto), se convierte en la “norma”.

Pero el gobierno propone reducir aún más, año a año, la alícuota que pagan los empleadores entre 2017 y 2022. Así también, el borrador del gobierno le garantiza esta reducción atando el “mínimo no imponible” a la evolución de la inflación (mediante el IPC que calcula el Indec).

Con esta información, suponiendo que la estructura ocupacional se mantenga constante y retrotrayendo los valores de los años siguientes en términos de 2018, puede inferirse que la transferencia millonaria que recibirán por año las patronales alcanzará a $139.882 millones en 2022 (a valores de 2018), y en forma acumulada en los próximos cuatro años significará $411 mil millones.

Transferencia anual a las patronales por rebaja de contribuciones, en millones de pesos, a valores de enero de 2018

Un riesgoso desfinanciamiento de ANSES y el PAMI

Por su parte, la reducción de contribuciones del orden del 41% significaría una disminución inédita de los recursos de la ANSES y que llamativamente no está especificado cómo se compensaría este recorte. Por este motivo, queda abierta la puerta a que el gobierno continúe implementando su proyecto de ajuste sobre los jubilados y otras partidas sociales.

Si bien el gobierno no hace públicos los recursos de ANSES y su utilización en cada partida, es posible calcular que la transferencia en cuestión significaría aproximadamente una reducción del 22% de los recursos contributivos de ANSES (aportes y contribuciones) y del orden del 14% de los recursos totales del organismo hacia 2022.

Es por ello que por otra ventanilla el gobierno evalúa realizar drásticas reducciones de las jubilaciones en términos reales, como por ejemplo se conoció con las afirmaciones de Marcos Peña de modificar el índice de Movilidad Previsional, lo que proveería al gobierno de alrededor de $100.000 millones a costa de seguir ajustando más el nivel de vida de la mayoría de los jubilados.

Otros cambios van en el sentido de modificar el cálculo de haberes en la futura reforma previsional, y en un estiramiento de la edad jubilatoria que hoy está en 65 años para varones y 60 en las mujeres. No está descartado tampoco que este desfinanciamiento de la ANSES sea utilizado como argumento para avanzar en una nueva privatización del sistema de jubilaciones y pensiones.

Sin embargo, el problema es en múltiples sentidos. Las contribuciones financian las Asignaciones Familiares, tanto las contributivas como las Asignaciones Universales por Hijo, y también una parte se destina a la obra social de los jubilados, el PAMI. Por lo tanto, debe considerarse la magnitud de las consecuencias de esta transformación estructural sobre los trabajadores, tanto los que están en actividad como jubilados.

Esta reducción de contribuciones patronales es solo uno de los cambios regresivos contra los trabajadores que propone implementar ofensivamente el gobierno a través de su contrarreforma laboral. Está planteado entonces una respuesta de los trabajadores y de todos los sectores oprimidos a la altura del ataque, rompiendo la tregua escandalosa de las centrales sindicales y derrotando las reformas pro-patronales que propone el gobierno.

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