Juventud

OPINIÓN

El Gobierno quiere avanzar sobre los derechos de los estudiantes

El miércoles, la administración encabezada por Horacio Rodríguez Larreta, anuncio la futura publicación de un nuevo protocolo para el accionar de los rectores ante la toma de colegios secundarios.

Luca Bonfante

Estudiante Historia (FFyL-UBA)

Sábado 17 de febrero de 2018 | 19:29

En un intento de dividir a los estudiantes de sus padres que muchas veces apoyaron la lucha de sus hijos acercando solidaridad y lo que hacía falta a los colegios, el gobierno busca lanzar un protocolo que obliga a los responsables legales de los estudiantes a “hacerse cargo de todo lo que ocurra dentro del instituto”. Para ello, el gobierno les repartirá a los rectores de los colegios secundarios un protocolo para seguir al pie de la letra en el caso de que los estudiantes tomen los establecimientos como lo realizaron el año pasado contra la reforma educativa.

Este nuevo avance no es casual, para este 2018 los gobiernos de la nación y de la ciudad tienen preparados fuertes ajustes para la educación pública, y saben que no van a poder llevarlos a cabo si los estudiantes y docentes están organizados defendiendo una educación pública y de calidad. Atacar el derecho a la protesta es la pre-cuela del ataque a la educación.

Violencia es mentir

El miércoles pasado Clarín, mano derecha del gobierno, fue el primero en dar la primicia del ataque que tienen pensado Larreta y Acuña para (intentar) avanzar sobre la organización de los estudiantes secundarios que llevaron a cabo una gran lucha el año pasado contra la reforma que los obliga a ser mano de obra gratis para empresas privadas. Y si, no podía ser de otra forma, la noticia vino acompañada de mentiras para demonizar a los estudiantes y tratar de dividirlos.

Amenazas de bombas, el uso de un caso de abuso a una estudiante del Colegio Nacional Buenos Aires para desprestigiar todo el movimiento de pibes y pibas organizados, tomas de colegios contra la reforma educativa y supuestos casos de vandalismo que nunca fueron comprobados. Esos fueron los argumentos que desarrollaron para justificar el futuro dictamen que obligará a los padres a pagar los daños que se comentan durante las tomas y a retirarlos del establecimiento.

Es redundante mencionar que detrás de todas estas mentiras e intentos de espiar a los estudiantes no hay ni una sola prueba que compruebe que se hayan cometido actos de vandalismo en los colegios durante la toma… ¿por qué será? Al contrario, fueron los mismos estudiantes organizados que se encargaron de pintar y reconstruir sus aulas durante la toma, demostrando la verdadera cara de la organización estudiantil.

¿No es curioso que el Gobierno se empiece a preocupar del estado de los colegios cuando se toman? Si verdaderamente la ministra se preocupa por el estado de los edificios, le proponemos que haga un relevamiento de las condiciones de la infraestructura de los colegios antes de que empiecen las clases con planes concretos para resolver todos los problemas edilicios que tienen los estudiantes porteños en sus escuelas.

¿Quiénes defienden la educación pública?

Acuña declaró: “Que la Justicia se ponga los pantalones largos y diga qué vale más: el derecho al reclamo o el derecho a la educación”. Pareciera que sí, pero la ministra Acuña no es ignorante, su búsqueda de contraponer el derecho a la educación pública de calidad al derecho al reclamo parece un chiste.

Es simple si miramos las estadísticas, el presupuesto educativo en la Ciudad se redujo en una década de un 30% de participación del PBI a 18,8%. ¿A dónde fue ese presupuesto? Al incremento del armamento contra la protesta social y la Policía de la Ciudad, mientras el presupuesto para la educación es el más bajo de la historia, el presupuesto para las fuerzas represivas aumenta un 14,6 por ciento más que el año pasado.

No solo pasa en la Capital Federal. La gobernadora Vidal, que gasta aproximadamente 25 millones de pesos por año en sus viajes de helicóptero, se niega a darle un salario digno a los miles de docentes que trabajan en la educación pública.


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Entonces… ¿quiénes son los que defienden la educación pública? ¿Los docentes que a pesar de los bajos salarios y pocos recursos invierten largas jornadas en la educación junto a los estudiantes que pelean para obtener mejores condiciones de estudio o los funcionarios de Cambiemos que fugan millones de pesos a paraísos fiscales y le aumentan el presupuesto a la policía?

Las batallas que vienen

Cómo mencionamos anteriormente, el ataque al derecho a la protesta es el ataque a la educación pública. Este gobierno de empresarios sabe muy bien que no tiene un cheque en blanco para avanzar sobre las conquistas de los trabajadores y estudiantes. Las jornadas del 14 y 18 de diciembre donde miles se movilizaron contra el saqueo a los jubilados y contra la represión son prueba de ello, como lo son los trabajadores del Hospital Posadas, INTI, FaNAzul y los mineros de Río Turbio ahora, que se organizan ya que quedarse de brazos cruzados frente a los despidos no es una opción.

Con dos grandes movilizaciones se logró que el gobierno, que “no se puede combatir ahora y que hay que ganarle en el 2019” como planteaba casi todo el arco opositor, posponga por tiempo indeterminado la reforma laboral que en teoría iba a aprobar a toda costa.

Si pretenden avanzar sobre la organización para seguir vaciando a la educación pública deben saber que no va a ser tan fácil, los estudiantes secundarios junto a los docentes han demostrado que voluntad para luchar es lo que sobra y que las maniobras mediáticas y mentiras descaradas tienen su costo







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