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El Gobierno propondrá una reforma para flexibilizar las jubilaciones

Buscan extender la edad jubilatoria y que se cobre un proporcional solo por los años aportados.

Lunes 31 de julio | 11:03

Se trata de un plan para flexibilizar las jubilaciones basado en el argumento de que anualmente unas 50.000 personas siguen trabajando y no se jubilan cuando cumplen la edad legal para retirarse.

En realidad, es una modalidad de presión de los empleadores para que sus trabajadores se retiren o continúen en el puesto, según sea su conveniencia, para no pagar las indemnizaciones correspondientes.

Actualmente, la edad para jubilarse es de 60 para las mujeres y 65 para los hombres. La reforma busca elevar la edad a 65 y 70 respectivamente.

Para el jefe de Anses, Emilio Basavilbaso, la edad jubilatoria tiene que ser "voluntaria". Dijo al Cronista que “la intención es que aquellos que quieran seguir trabajando, puedan hacerlo”. Y aclaró que "el Gobierno presentó el año pasado en el Congreso una propuesta para que en los próximos tres años se debata el régimen provisional argentina, es todo lo que hay por ahora" .

Según datos del Ministerio de Trabajo, en 2016, el 20% de los hombres con jubilación ordinaria (excluida la moratoria previsional) tenía 67 años o más al momento de jubilarse. En el caso de las mujeres, un 17 % tenía 70 años. "Es un indicador de que hay mucha gente que desea seguir trabajando y de que no le alcanzan los años de aportes", indicaron fuentes cercanas del Ministerio de Trabajo al Cronista.

Sin embargo, la interpretación de los datos podría ser otra. En un contexto de tarifazos, con salarios que no llegan a fin de mes y en medio de los despidos que se anuncian semana a semana, aumentan las presiones de los trabajadores para continuar en sus puestos de trabajo, aún en detrimento de las condiciones de vida y salud.

La extensión de la vida laboral tendría otro efecto demográfico: evitar sumar beneficiarios al PAMI, dado que los que demoren su retiro seguirían aportando y atendiéndose en las obras sociales sindicales o prepagas.

También, se propone crear un régimen proporcional a los años de aportes. La prestación proporcional de carácter contributivo que surja de los años de aportes realizados.

Se estima que sólo entre un 15 % y un 20 % de los adultos mayores en edad de jubilarse reúne los 30 años de aportes, producto de la precariedad del trabajo, los contratos basura, monotributos o el trabajo en negro, que suman más del 50% de la población laboral activa.

La salida del macrismo a esta situación es reducir entonces el monto de la jubilación, en lugar de blanquear el trabajo con un salario acorde a la canasta básica familiar.

En la actualidad, los trabajadores se jubilan con haberes que oscilan entre el 50% y 60 % de los salarios que tenían cuando estaban activos. El mínimo actual es de 6.377 pesos, menos de la mitad de lo que un adulto mayor promedio necesita para subsistir.

En este sentido, la “voluntariedad” de la edad jubilatoria no parece ser tal, sino una imposición del sistema de trabajo cuando las patronales con el apoyo del Estado quieren hacer pagar la crisis económica a los trabajadores.

La vasta embestida que el Gobierno de Cambiemos inició en septiembre de 2016 contra el sistema previsional y el Código de la Seguridad Social en su conjunto, que abarca las pensiones por discapacidad, viudez, enfermedades, riesgos de trabajo, prestaciones por desempleo o maternidad, continua con esta propuesta que solo tiene como beneficiarios a los empresarios.

El Frente de Izquierda propone el blanqueo de los trabajadores no registrados, el pase a planta de los precarizados, la recomposición salarial con un mínimo igual a la canasta familiar. De esta manera, se mejoraría de hecho las condiciones para pelear por un sistema jubilatorio que atienda verdaderamente las necesidades de los adultos mayores.

El haber mínimo debe responder al costo de la Canasta de Jubilados, estimada en $ 16.134 para mayo de 2017 por la Defensoría de la Tercera Edad, y que se pague el 82 % móvil del salario activo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) debería estar bajo control de los trabajadores activos y pasivos.






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