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CATALUNYA

El Gobierno no activa la vía judicial y permite la delegación de voto de Comín

Con la decisión del Ejecutivo se abre un nuevo escenario parlamentario en Catalunya. JxCat y ERC podrían elegir nuevo presidente en segunda ronda incluso con la abstención de la CUP.

Ivan Vela

Barcelona | @Ivan_Borvba

Miércoles 25 de abril | 18:07

El Parlament de Catalunya aprobó este martes la delegación de voto de Comín, lo que sin duda, desde un punto de vista estrictamente parlamentario, allana la investidura. Con el voto delegado de Comín, que se suma al ya delegado de Puigdemont, el bloque independentista sumaría 66 votos (contando la abstención de la CUP) frente a 65 votos del bloque españolista.

La delegación de voto, ratificada el martes por la Mesa del Parlament abre pues un nuevo escenario en el intento de constituir un nuevo ejecutivo catalán antes del 22 de mayo, fecha límite para evitar nuevas elecciones. Frente a la delegación de voto, tanto PP como C’s y PSC se han opuesto y han tramitado recursos en el Parlament.

El puzzle del PP

El Ejecutivo ha decidido por el momento no abrir la vía judicial para hacer frente a la decisión de la Mesa del Parlament. Tras la reunión del comité de dirección del Partido Popular presidida por el propio Mariano Rajoy, el Gobierno decidió anteponer la configuración de un nuevo gobierno en Catalunya antes que abrir otra disputa judicial.

En el seno del PP han habido dudas respecto a la decisión adoptada, si bien hay dos razones de peso, una más pública y otra más privada que atiende al contexto de inestabilidad del Gobierno de Rajoy.

Fuentes del partido señalaron ante los medios que en la reunión se puso sobre la mesa la posibilidad de que la vía judicial no acabara de forma positiva para el Ejecutivo, que hasta le fecha, como no podía esperarse de otra manera, cuenta sus ataques judiciales a través del Tribunal Supremo con victorias. No así en la arena judicial internacional, donde han tenido reveses importantes.

El otro aspecto que hace a la inestabilidad del gobierno de Rajoy es la necesidad de volver a centrar el foco del “procés” en el Parlament y apartarlo de las calles. El gobierno del Partido Popular tiene diferentes piezas del puzzle que le está costando encajar mucho: los pensionistas, la represión a través de la Ley Mordaza a artistas, periodistas y twitteros, los ya clásico casos de corrupción, la aprobación de los Presupuestos Generales (PG) y por supuesto el escándalo de Cifuentes en Madrid que ha acabado con dimisión de la hasta hoy presidenta.

Rajoy debe ir apagando fuegos, sobre todo en la cuestión catalana que tiene una vinculación directa en la aprobación de los PG debido al importante rol del PNV en la aritmética del Congreso de los Diputados. Más de una vez la formación vasca se ha mostrado contraria a avanzar sobre la aprobación de los PG debido a la represión ejercida en Catalunya.

Con la dirección del procés descabezada por el accionar represivo del Estado y con un bloque independentista que ha abandonado la pelea por implementar los resultados del 1O y el 21D, no dar esta batalla en el terreno judicial ha sido la elección más pragmática posible.

Habrá que ver si se le encaja esta pizza, pues bien saben que cuando se intenta dar por desactivado el movimiento catalán, este vuelve a renacer. No le faltan motivos, entre ellos los presos políticos. Y es que no hay que olvidar que mantiene a buena parte de la dirección del procés en la cárcel, mientras que otros, como el propio Puigdemont, están en el exilio bajo orden de arresto en territorio del Estado español.

Además hay que añadir que sobre el tablero está la pieza de Ciudadanos. Hoy mismo Inés Arrimadas ha asegurado que su formación llevará ante el TC la decisión de la mesa del Parlament, asegurando que lo hacen “frente a la inactividad del gobierno español”.

¿Hacía un gobierno autonomista?

Qué duda cabe que el objetivo de esta decisión por parte del Rajoy es favorecer la configuración de un gobierno catalán que se enmarque dentro de los estrechos márgenes del Régimen del 78.

La posibilidad de poder investir un presidente de carácter autonomista en segunda ronda, ya que no son necesarios los votos positivos (tan sólo la abstención) de la CUP, es un paso más en la dirección de sepultar el movimiento democrático catalán que durante años y especialmente los últimos meses ha exigido en las calles el derecho a decidir su relación política con el Estado español.

Que PdCat y ERC están por la labor es un secreto a voces. La CUP ha sido la única formación del bloque que ha mantenido un discurso ligado al 1O y al fortalecimiento de los CDR’s.

No obstante, el no haber criticado la estrategia de la dirección del procés ni haber extraído un balance más estratégico de los últimos años que nos ha conducido hasta aquí, hace difícil que la vía de la resistencia y la autoorganización en los CDR’s haya calado en sectores más amplios del movimiento.

Especialmente en los sectores de la clase trabajadora y sectores más populares que siguen viendo de este modo el proceso democrático catalán como algo ajeno a sus problemas cotidianos.

En un tablero tan inestable augurar resultados de los movimientos se hace complicado. De lo único que no hay duda es que con la decisión del Partido Popular y la estrategia de PdCat y ERC se va a un callejón sin salida para las aspiraciones del pueblo catalán.

Sea quién sea el candidato escogido por PdCat y ERC, deberá ser uno que tenga la Constitución como bandera.






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