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El Gobierno les declara la guerra a los jubilados

El Gobierno nacional declara la guerra a los trabajadores pasivos. El paso previo a la guerra contra los activos y la reforma laboral. Eso si, la corrupción que no se toque.

Alfredo González

Médico | @Alf_Gonzalez_

Sábado 14 de octubre | 11:58

El gobierno nacional parece empeñado en librar una guerra contra las jubilaciones y los jubilados, que incluye el proyecto para aumentar la edad jubilatoria, haberes jubilatorios por debajo de la línea de pobreza y la “reparación histórica” extorsiva que cerró los juicios al Anses por montos ridículos.

No es una novedad de este gobierno, los jubilados han sido siempre una variable de ajuste y el PAMI una verdadera “caja negra” de dinero, pero el macrismo se muestra más que dispuesto a mantener y redoblar estos ataques. Y entre estos ataques se encuentra la preocupante situación de PAMI Rosario.

No se trata de una exageración, sino que todo hace pensar que existe un plan sistemático para negar el derecho a la salud y la atención de los miles de jubilados que dependen de la obra social en el departamento Rosario.

un sistema perverso, en el cual el estado subsidia a los privados, garantizándoles ganancias y dejando de invertir en la salud pública

PAMI Rosario cuenta con dos policlínicos propios, que deberían ser centros de referencia para la atención de los jubilados y pensionados en la región. La realidad es que se trata de centros asistenciales con graves problemas edilicios, con recursos limitados y personal insuficiente, incapaces de dar respuesta a la demanda de una población tan grande.

Los déficits de recursos incluyen cuestiones tan básicas como la disponibilidad de tomografía computada o resonancia magnética, indispensables para el diagnóstico y tratamiento de patologías graves y muchas veces urgentes. Como PAMI no cuenta con los aparatos necesarios en sus policlínicos, terceriza estos servicios a otras instituciones. Esto significa traslados en ambulancia, no siempre posibles en pacientes graves, y demoras en la atención que pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte. Mientras tanto, los efectores privados se embolsan el pago de cada estudio realizado.

El PAMI, un negocio para la salud privada

La respuesta de los gobiernos a esta situación en los efectores propios de PAMI fue el traspaso de la atención de pacientes a sanatorios y clínicas externos, haciendo contratos millonarios con centros de salud, particularmente efectores privados (Sanatorio Laprida, Sanatorio Rosendo García, Clínica Gomara, entre otros).

El actual sistema de “capitas” otorga a los efectores una cierta cantidad de dinero por cada afiliado del que se hace cargo, independientemente de si el afiliado utiliza alguna prestación o si efectivamente va a atenderse a ese lugar. Un sistema tal permite fácilmente el fraude y abre las puertas a prácticas de “subprestación”: como el sanatorio cobra lo mismo independientemente de qué tipo de prácticas se le brinden al afiliado, las gestiones “ahorran” lo más posible en la atención.

El ejemplo más reciente es el acuerdo de 6 millones de pesos firmado con el Samco de Arteaga para la atención de los afiliados de la zona, incluyendo la alta complejidad. El problema es que se trata de un centro de baja complejidad, sin recursos humanos ni técnicos para hacerse cargo de los afiliados de la región. No se trata de un hecho de corrupción aislado, sino de una práctica sistemática que pone en riesgo la vida de miles de jubilados.

Este sistema se transformó en un negocio redondo para los privados, que aprovecharon para embolsarse millones de pesos del erario público invirtiendo lo menos posible en la atención a los jubilados, amparados en un supuesto control de las prestaciones que es en realidad cómplice de la estafa.

Según explicaba un médico que ejerce en la guardia de un sanatorio prestador de PAMI: “Cuando anunciaron que ingresaba la cápita de PAMI había un clima de fiesta en la dirección del Sanatorio. Los empleados desconfiábamos, porque se iban a agregar miles de pacientes en un sanatorio que ya no daba abasto. Pero nos aseguraron que se iba a refaccionar y acondicionar todo. La realidad es que pintaron un par de paredes, lo hicieron un poco más presentable, pero seguimos con los mismos recursos. Cuando ingresó la cápita tuvimos que duplicar el número de camas en la guardia poniendo camillas para hacer internación transitoria. Los pacientes pasan muchísimo tiempo internados en la guardia porque no hay lugar en el piso, y a pesar de que aumentó muchísimo la demanda seguimos siendo el mismo número de trabajadores. Es imposible dar atención de calidad así”.

Se trata de un sistema perverso, en el cual el estado subsidia a los privados, garantizándoles ganancias y dejando de invertir en la salud pública. Los perjudicados son los de siempre, los trabajadores de la salud y, sobre todo, los jubilados. El caso de la Clínica Gomara es una muestra brutal de esto.

La Clínica Comunitaria Gomara, ubicada en Villa Gobernador Gálvez, es el efector privado de mayor complejidad de la zona sur del Departamento Rosario, que hasta hace unos meses atendía a miles de jubilados de la región. Desde junio de este año, la empresa gerenciadora dejó de pagar honorarios a los médicos del sanatorio, por lo que se cortó la atención. ¿El motivo? La empresa decidió reinvertir el dinero en otros proyectos, desfinanciando el centro de salud y dejando en la calle a las familias de 66 trabajadores y a los afiliados sin atención, debiendo desplazarse hasta Rosario para poder ser atendidos.

Todos estos elementos, sumados a otros como la situación de los pacientes en diálisis y la falta de atención en localidades del departamento Rosario, configuran una política perversa en la que el afiliado de PAMI es una variable de ajuste para el Estado o una potencial ganancia para los efectores privados. Kirchnerismo y macrismo mantuvieron y mantienen, en lo esencial, este esquema de corrupción y victimización sobre los ancianos.

Como explicaba Octavio Crivaro, trabajador de Anses y candidato a Diputado por el PTS en el Frente de Izquierda: “No se trata de un problema de que tal o cual funcionario sea más corrupto, sino de una política de estado, continuada por todos los gobiernos de los 80 a esta parte, para mantener intacta la llamada caja negra de PAMI. La única respuesta de fondo para esta realidad que viven miles de jubilados en poner al PAMI bajo control directo los propios afiliados y de sus trabajadores, terminando con los negociados con la salud privada. Esa es nuestra propuesta”.








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