Internacional

El Gobierno español no permitió atracar al Aquarius y comienza a aplicar políticas antimigrantes

Tras varios días a la deriva los 141 migrantes a bordo del Aquarius finalmente desembarcaran en Malta. El gobierno del PSOE se excusaba en no tener el “puerto más seguro”.

Lucía Nistal

@Lucia_Nistal

Martes 14 de agosto de 2018 | 18:06

Foto: EFE / Guglielmo Mangiapane/SOS MEDITER

Un viernes, a finales de junio, murieron un centenar de personas, con nombre y apellidos, intentando cruzar el Mediterráneo para llegar a Europa. Este 2018, a pesar de que las llegadas totales a Europa a través del Mediterráneo disminuyen, cada vez más migrantes mueren en el camino. Hablamos de uno de cada siete inmigrantes que intentan cruzar el mar. Y la Europa fortaleza, cada vez más fortaleza, blindando sus fronteras a base de leyes racistas al servicio del capital.

Alemania aprueba leyes para expulsar más fácilmente a los inmigrantes pobres, y facilitar la llegada de los más formados. Algo parecido a lo que el ministro del Interior ultra derechista Salvini propone para Italia: “quien tenga derecho de llegar a Italia lo haga en avión, quizá hasta en primera clase".

¿Y qué ocurre en el Estado Español, gobernado desde la política de los gestos de Pedro Sánchez? Dos decisiones del gobierno de los últimos días hablan por sí solas. El Aquarius, buque de rescate con 141 migrantes arrancados de las fauces del mar a bordo ha estado desde el viernes pasado sin respuesta positiva del gobierno de Sánchez o de cualquier otro gobierno europeo.

Si bien a principios de junio, un Sánchez recién llegado ofreció al Aquarius el puerto de Valencia -sin ninguna garantía para los migrantes a bordo-, parece que la línea de los gestos se acaba rápido y la política migratoria no ha hecho más que endurecerse por momentos. En primer lugar, medidas como un permiso de estancia especial de apenas 45 días para los rescatados en el mar antes de ser identificados y tramitados, si bien era insuficiente y muy limitado, ha sido fulminado. A partir de ahora, los recién llegados no podrán acceder a un tiempo mínimo para recuperarse de la peligrosa travesía, pasarán directamente a dependencias policiales, donde serán retenidos 72 horas para su identificación, tras lo cual, si su petición de asilo no es admitida a trámite, la Policía Nacional abrirá expedientes de expulsión correspondientes para dar paso a los trámites para la deportación.

Por si el mensaje no quedaba claro, frente a la nueva petición del Aquarius en su última operación, la política del gobierno ha sido distanciarse parapetándose bajo la excusa de que legalmente no hay obligación puesto que “no tenemos el puerto más seguro”. Si bien no rechazaba de inicio ofrecer un puerto al buque con las mismas palabras cargadas de racismo y cinismo que llegan de Italia, el resultado es exactamente el mismo: los 141 migrantes a bordo del buque, los 73 menores, han permanecido 5 días a la deriva.

Así, el PSOE se muestra indignado por la sangrante hipocresía de un Pablo Casado que hace bandera de la defensa de las fronteras mientras va a darle la mano a inmigrantes recién llegados a Algeciras para hacerse la foto, pero no es menos hipócrita en su continuismo de la política del PP también en materia de migración. No solo perpetuando el destino entre dependencias policiales, barracones y CIEs de las personas que llegan al Estado Español huyendo de la guerra o la miseria, sino que defiende en Estrasburgo las devoluciones en caliente por las que el Estado fue condenado y con los mismos argumentos que llevaba el Ejecutivo de Rajoy.

El recurso frente a la condena al Estado Español el Tribunal Europeo de Derechos Humanos basa su defensa en que se trata de prevención de entrada y no de expulsión, o que los dos migrantes a raíz de los que se abrió el caso, habrían llevado a cabo “un ataque violento e ilegal al sistema de control fronterizo”, una criminalización que ya viene siendo tradición como deja en evidencia la campaña contra los manteros de cada verano.

Este recurso, sin duda no tiene como principal objetivo ahorrarse los 5000 euros de indemnización que debía abonar a cada demandante, sino legitimar y perpetuar una práctica violenta y represiva para impedir si quiera la entrada el país y la posibilidad de pedir asilo de los inmigrantes.

Pero tampoco las tímidas ofertas para aceptar refugiados o inmigrantes que lanzan algunos “Ayuntamientos del Cambio” y que nunca llegan a materializarse suponen si quiera un alivio para el drama de la emigración forzada. Mientras las políticas racistas avanzan en Europa y el discurso xenófobo campa a sus anchas por las Instituciones, los (neo)reformismos no ofrecen más que tibio discurso y ademanes que no se materializan, en lugar de ir a la raíz del problema: el dominio militar y el saqueo que sufre gran parte del planeta.

Solo una transformación de esta sociedad en la que los explotados y oprimidos tomemos las riendas, dará un mundo en el que la guerra no será un negocio, el saqueo económico del Imperialismo no será sustento del sistema y miles de personas dejen de perder su vida en el mar, buscando una vida mejor que no llega.







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