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El Gobierno endurece la política contra los inmigrantes

Con el pretexto de prevenir delitos trasnacionales, el gobierno pactó un convenio con 6 provincias para agilizar la deportación de inmigrantes. Desde la modificación por decreto presidencial de la Ley de Migraciones un año atrás, se deportaron 490 personas.

Viernes 9 de febrero | Edición del día

Funcionarios del gobierno nacional firmaron el miércoles un convenio de cooperación con Procuradores y Fiscales Generales de las provincias de Santa Fe, La Pampa, Salta, Chaco, Santiago del Estero y Santa Cruz. La reunión estuvo encabezada por el ministro del Interior Rogelio Frigerio y el titular de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) Héctor García, y participaron representantes del Consejo de Política Criminal de la República Argentina y el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina. Entre sus propósitos el documento afirma que "las partes interactuarán conjuntamente -dentro de sus incumbencias- en el análisis y seguimiento de tareas relativas a la prevención de hechos delictivos, con miras al bien común".

Un convenio similar fue suscripto entre el Ministerio del Interior y funcionarios judiciales de la provincia de Buenos Aires a fines de enero El acuerdo realizado complementa la modificación de la ley migratoria que Macri implementó a través de un decreto el año pasado, y que establece puntos que restringen el ingreso de extranjeros y favorecen la deportación de aquellos inmigrantes residentes con la excusa del "combate y la prevención del delito".

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Entre otros puntos el convenio garantiza a los Ministerios Públicos y Fiscalías Penales el acceso a la información actualizada sobre las personas que tiene la DNM en su base de datos, incluyendo movimientos migratorios, restricciones para su ingreso o egreso del país y situación migratoria. Además establece el compromismo de la DNM de impartir "cursos de especialización sobre normativa aplicable al proceso de admisión de extranjeros y control de permanencia en territorio nacional, principales maniobras delictivas detectadas que se encuentren vinculadas al ingreso y/o egreso de personas al país, análisis de casos prácticos y jurisprudencia en la materia y problemática de su gestión en sede administrativa y judicial".

Si bien Hugo García afirmó que el convenio es una búsqueda de "ser más eficaces sobre todo en la lucha contra delitos transnacionales como con el tráfico de personas, el terrorismo o el narcotráfico" no es este el fin del macrismo. Toda esta información en manos de instituciones penales que se encuentran en estrecha relación con las fuerzas de seguridad y el territorio, posibilitará el aumento del control y el hostigamiento hacia las personas inmigrantes, así como de las deportaciones. Uno de los puntos que estableció la modificación que introdujo Macri fue que el solo procesamiento por cualquier delito menor a una persona de origen extranjero, en Argentina o en el exterior, aún sin estar demostrada su culpabilidad, es suficiente para su expulsión del país.

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Este conjunto de medidas no refleja ni de cerca la verdadera situación de miles de personas de otras nacionalidades que realizan trabajo esclavo en los talleres clandestinos, como los que fabrican ropa para la marca de la primera dama Juliana Awada, ni de los que trabajan en negro o de manera precaria. Es necesario combatir los prejuicios que asocian la inmigración al delito y crean división entre trabajadores nativos y extranjeros.








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