Política

El Gobierno destinará $ 500 millones a la construcción de cárceles bonaerenses

La nación le dará a la provincia de Buenos Aires un crédito millonario para terminar las cárceles de Lomas de Zamora y Campana.

Lunes 15 de mayo | 10:12

La información fue confirmada por una fuente del Ministerio de Justicia, que conduce Germán Garavano, a Infobae. Esta medida es parte del plan que puso en marcha el gobierno de María Eugenia Vidal el año pasado, y que apunta a sumar 8.000 nuevas vacantes en las cárceles en poco años, ya que el sistema penitenciario bonaerense alberga más de 35 mil presos en 55 cárceles, cuando su capacidad máxima es de 27 mil personas.

El discurso oficial hace eje en combatir la superpoblación y mejorar las condiciones estructurales del sistema penitenciario, sin embargo ésta no es una medida aislada sino que es parte integral de un programa político reaccionario que busca fortalecer el aparato represivo y punitivo del Estado. Destinar esta cifra millonaria a la construcción de cárceles es claramente una decisión política que expresa que la jerarquía del gobierno esta puesta en fortalecer sus instrumentos de control.

Mientras que las figuras de Cambiemos repiten hasta el cansancio que el país está en bancarrota destinan, por ejemplo, millones de pesos a la construcción de cárceles o a la compra de armamentos para el ejército y la policía, en detrimento de los aumentos salariales de las paritarias para los trabajadores y en consecuencia su calidad de vida.

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El plan del gobierno es profundizar el ajuste que ya está en curso, y para ello anticipa escenarios de conflictividad y fortalece sus herramientas de castigo. Cabe recordar que a fines del año pasado intentaron avanzar con la media sanción lograda en diputados de la reforma de la ley de ejecución penal nacional 24.660, impulsada por Luis Petric (UCR) para cercenar los derechos de los reclusos.

En cuanto a este tema no hay brecha que valga ya que en la Provincia de Buenos Aires fue el mismo Scioli quien planteaba “un plan de emergencia en seguridad” que buscaba más encarcelamiento y más policías en la calle. De la misma manera el massismo hizo su campaña en 2015 apoyándose en este mismo discurso de mayor mano dura contra la delincuencia. El consenso radica en poner el eje sobre el detenido y no en la cuestión de por qué el detenido está ahí, es decir que condiciones sociales son las que favorecen la desigualdad, marginalidad, la falta de acceso a los derechos y así delincuencia.

La superpoblación carcelaria es un hecho, a nivel nacional alojan a 75 mil presos y también se alojan a los internos en las comisarías (cuando esto está prohibido por ley) y ocurren las masacres como el pabellón séptimo, donde se intentó disfrazar de motín un asesinato en masa por parte del Estado. En ese sentido, las cárceles nada han cambiado, las condiciones son cada vez más inhumanas, cada quince horas muere una persona en un penal. La misma policía que garantiza esa realidad en los penales es la que mata a un pibe cada 25 horas muere por gatillo fácil.

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En 21 años, se ha triplicado la población encarcelada en unidades penitenciarias en Argentina. Son alrededor de 64.288 las personas que se encuentran privadas de su libertad, y que pese a haber vivido tantos años bajo gobiernos que se autodefinían como defensores “de los derechos humanos” han visto ser violados sistemáticamente sus derechos en condiciones de encierro.

Los gobiernos hacen demagogia punitivista con la el gasto para fortalecer a la policía, las cárceles y toda institución de control y regimentación social. Buscan posicionarse políticamente detrás del mito falaz de la finalidad resocializadora de la cárcel. Pero no explican que las causas del delito de las clases marginales, explotadas, obedece a factores sociales, a un sistema social que arroja a la miseria y a la degradación humana a miles de personas. La reforma, la modificación personal y la definición de la personalidad de los presos, ergo, la corrección, continúa siendo uno de los fines que justifica la existencia de las cárceles. Sin embargo, la realidad es que las cárceles no son capaces de “reinsertar” ni “resocializar”, partiendo desde el hecho en sí de que son una institución de encierro que está destinada a excluir a personas de la sociedad, donde las condiciones de vida son aberrantes y se sufren constantes ataques a su acceso al trabajo, al estudio y en general a sus derechos humanos.

Son la policía y las instituciones del Estado que con la corrupción y con el silencio omisivo del poder judicial, contribuyen y generan inseguridad. Las cárceles no son ni serán la solución y este endurecimiento en las condiciones de prisión no hace más que profundizar una avanzada represiva impulsada por la derecha para hacer girar las vidas de los presos en una ruleta interminable, mientras el macrismo construye más cárceles para llenar de nuevos pobres.








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