LEGISLATURA

El Gobierno desconoce tierras comunitarias indígenas para avanzar con el negocio de la zona franca en La Quiaca

Si bien el oficialismo pretendía aprobar un anexo para la venta de electrodomésticos y autos en la zona franca, la sesión fue opacada por el cuestionamiento de miembros de la comunidad indígena La Quiaca Vieja y de la oposición que denunciaron la expropiación de terrenos comunitarios.

Viernes 1ro de noviembre | 11:35

Luego de varias semanas de letargo, el oficialismo convocó ayer jueves a una sesión especial para abordar una addenda que permite la venta minorista de electrodomésticos y automóviles en la Zona Franca a desarrollarse en la ciudad fronteriza de La Quiaca.

La sesión contó con la presencia de integrantes de la comunidad indígena de La Quiaca Vieja que cuestionaron el accionar del gobierno provincial sobre sus territorios ancestrales donde precisamente pretende avanzar con la Zona Franca. Esto no es casual, ya que meses atrás, en la legislatura, el oficialismo aprobó la expropiación de parcelas de familias que pertenecen a la comunidad para tal objetivo, a pesar del cuestionamiento de la misma comunidad y de sectores de la oposición como el PTS FIT o integrantes del PJ.

Si bien el oficialismo, valiéndose de su mayoría, aprobó el anexo previsto para avanzar con el proyecto de la zona franca en la ciudad fronteriza, quedó en evidencia que lo hicieron contra la voluntad de unas 30 familias que integran una comunidad indígena, y como denuncian ahora, están sufriendo todo tipo de aprietes e intimidaciones para abandonar las tierras que ocupan desde tiempos ancestrales. De hecho, al finalizar la sesión, los integrantes de la comunidad fueron a increpar al presidente del bloque de la UCR, Alberto Bernis, quien había afirmado en la sesión que se había garantizado reuniones e instancias con la comunidad indígena y que la misma había dado su aval.

La diputada del PTS FIT, Natalia Morales, fue quien cuestionó duramente el accionar del gobierno, que además de no garantizar el derecho de la consulta previa, libre e informada, viola la Ley 26.160 y su prórroga, que impide el desalojo de las comunidades de sus territorios que son ocupados desde tiempos ancestrales. “La comunidad cuenta con el relevamiento realizado en el año 2.018 por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y sobre parte de ese territorio relevado el gobierno avanza con la expropiación de terrenos a distintas familias que integran la comunidad lo cual es violatorio de derechos…”

También sostuvo que “...el gobierno tiene muy claro que las tierras comunitarias no están sujetas a expropiación, por eso niega el carácter de las mismas, sosteniendo que son tierras privadas, lo cual genera un grave antecedente en la provincia. No es la primera vez que acciona de esta manera, lo había realizado en Salinas Grandes, donde no pudo avanzar debido a la movilización de las comunidades y el apoyo de sectores sociales y politicos…” Al finalizar su intervención en la legislatura sostuvo que desde el PTS FIT rechazarán cualquier proyecto que afecte los derechos indígenas y seguirán acompañando la lucha de los pueblos originarios dentro de la legislatura, como también en las calles.

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