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El Gobierno de Morales dicta conciliación contra choferes que exigen protocolo covid-19

Ante las medidas de fuerzas convocadas por el gremio de transporte, UTA, tras el fallecimiento de un chofer de la línea Santa Anta por covid-19, el Gobierno se apresuró a dictar la conciliación obligatoria nuevamente. Colectiveros denuncian falta de cumplimiento de los protocolos de seguridad e higiene por parte de los empresarios.

Jueves 30 de julio | 17:55

El ministro de Trabajo de la Provincia dictó la conciliación obligatoria luego de que la UTA llamara a medidas de fuerzas tras la muerte de un chofer de la línea Santa Ana por coronavirus. Se convocaría a una reunión para este sábado para tratar el tema.

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“Le doy la razón al gremio que se preocupe en la salud de su gente, pero quiero que avancemos en el diálogo, teniendo claro que estamos todos en el mismo tren y tenemos que trabajar para que no haya peligro”, señaló el ministro. También planteó que un equipo de inspectores del ministerio recorrerá las empresas de transporte para revisar que se cumplan los protocolos de seguridad e higiene.

Son curiosas las declaraciones del ministro, ya que la situación de los colectiveros es de público conocimiento hace más de cuatro meses de declarada la emergencia sanitaria y epidemiológica en la provincia. Lo que nunca se interrumpieron fueron los subsidios millonarios que el gobierno destina a las empresas de transporte, pese incluso al incumplimiento de su parte en el pago de salarios a los trabajadores.

No hay control por parte del Gobierno a estas empresas que terminan exponiendo a sus trabajadores al contagio, siendo un servicio elemental en el que los choferes tienen contacto diario con cientos de personas.

La conciliación obligatoria es una decisión del Gobierno contraria a la crítica situación sanitaria del sector de colectivos y que sigue exponiendo a los trabajadores a los contagios de covid-19.

No se puede permitir que con esta disposición del ministerio de Trabajo se exponga la salud de los choferes. El gremio de la UTA debería rechazarla y en asamblea definir los pasos a seguir en resguardo de la vida de los trabajadores. La conformación de comisiones de seguridad e higiene, controladas por trabajadores y especialistas independientes, pueden ser una herramienta para que los protocolos sean elaborados por los únicos interesados en defender su salud y, no por empresas que solo buscan hacer negocios y el Gobierno que las avala.







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