Sociedad

El Gobierno de Mendoza quiere modificar el Comité de Prevención de la Tortura

El Ministerio de Seguridad impulsó la reforma de la ley 8284, que contempla el funcionamiento de esta Comisión, además tienden a generar mayor vulneración de derechos a personas que se encuentran privadas de libertad, el Gobierno provincial avanza en una escala represiva

Domingo 12 de julio | 14:42

Luego de la terrible represión y detenciones ilegales sufrida por parte de trabajadoras y trabajadores de la Municipalidad de Capital y dirigentes de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) y SUTE (Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación), sumado los cientos de imputaciones a personas que han salido a protestar desde que está vigente el nuevo Código Contravencional, ahora el Gobierno provincial quiere modificar regresivamente en materia de derechos humanos este Comité.

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El Comité de Prevención de la Tortura es un órgano de control autónomo e independiente de los demás poderes del Estado, que resulta de un acuerdo con la ONU.

Controla espacios en donde se encuentran personas privadas de libertad: cárceles, comisarías, hospitales de salud mental, hogares y geriátricos. Además observa, registra y entrevista atento a las condiciones de detención y el trato que reciben quienes se encuentren allí. Dicho organismo puede denunciar, recomendar y exigir al Estado Provincial a fin de prevenir y erradicar la tortura.

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Ana Sosino, Trabajadora Social y miembro del Comité nos cuenta que “Mendoza está incumpliendo este acuerdo que se creó en 2011, luego del acuerdo de solución amistosa por el caso de las Penitenciarías de Mendoza ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y, fundamentalmente, cuando se conocieron videos de torturas producidas en el penal de San Felipe”

Y agrega “repudiamos estas reformas propuestas que tienden a generar mayor vulneración de derechos de las personas que se encuentran privadas de libertad. Sabemos que el proyecto de modificación puede votarse pronto en la legislatura ya que funciona como escribanía de Suarez y Cornejo. Además cabe destacar la contradicción que justamente la iniciativa es propia del ministerio objeto de control de esta Comisión”.

Además desde el Comité explican que “entre otras reformas regresivas en materia de derechos humanos, reduce la participación de la sociedad civil de doce personas a solamente una. De esta manera, la proyectada ley garantiza la invisibilidad de la tortura y los malos tratos en lugares de encierro, como cárceles y comisarías.

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Por otro lado, la reforma, busca que el Procurador sea designado por el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado eliminando el concurso público de antecedentes, de este modo se pone en riesgo la idoneidad, la transparencia e independencia del Procurador, ya que su nombramiento dependerá de la cercanía política con el poder de turno” agregan.

Igualmente desde la Red por los Derechos Humanos de Mendoza también hicieron público el repudio a la iniciativa del Gobierno provincial y expresaron su “preocupación desde organizaciones sociales, sindicatos, agrupaciones y organismos de derechos humanos que conformamos esta red, ante tal atropello a los derechos de las personas más postergadas por esta gestión”.







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