Mundo Obrero

ENTREVISTA

“El Gobierno apunta a un nuevo avance en la flexibilización laboral”

Clara Marticorena, investigadora del CEIL-CONICETy docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, habló con La Izquierda Diario sobre el discurso gubernamental que proponer modificar los convenios colectivos, para “actualizarlos”.

Martes 29 de noviembre de 2016 | Edición del día

Desde el Gobierno nacional se viene sosteniendo que hay que revisar los convenios colectivos de trabajo porque "están atrasados". ¿Cuánto de realidad hay en esa afirmación y cuánto de operación político-ideológica?

- Claramente es una operación político-ideológica en un contexto de movilización, luego del acto realizado por la CGT el viernes pasado (en relación al 18/11, NdR) y en el marco de las negociaciones con la central sindical en la mesa de diálogo.
El Gobierno de Macri se tomó varios meses para pronunciar la amenaza antisindical que, una y otra vez, desde el ’55, todas las dictaduras y los Gobiernos (neo)liberales le plantearon al sindicalismo argentino.

El tiempo en que situó la referencia histórica (“40 años”), no es casual. Alude, precisamente, a modificar una significativa cantidad de convenios colectivos de trabajo que fueron negociados en 1975 y en la ronda de negociaciones de 1988, y que se mantienen vigentes por “ultraactividad”, una de las características que prevé la Ley de Convenciones Colectivas de Trabajo. Esto significa que hasta tanto las “partes” no acuerden otro convenio colectivo, sus contenidos permanecen vigentes más allá del período de vigencia acordado al momento de celebrarse la negociación. Si bien los convenios que se mantienen ultra activos pueden haber sufrido distintas modificaciones a través de otros convenios (de empresa articulados a convenios de actividad) y/o de acuerdos (predominantes durante la última década), la vigencia de esas condiciones, conquistadas en el marco de una relación de fuerzas más favorable a la clase trabajadora que en los años ’90, pueden convertirse en una herramienta defensiva para los trabajadores.

El último avance concreto contra esta condición fue durante el gobierno de la Alianza, con la Ley de Empleo Estable (25250), más conocida como ley “Banelco”, que dispuso un plazo de 2 años para la renegociación de convenios ultraactivos de las rondas del ’75 y del ’88. Este artículo fue derogado en 2004 con la Ley de Ordenamiento Laboral (N° 25877). De todos modos, más allá de la referencia a los convenios ultraactivos,

el planteo del Gobierno apunta a un nuevo avance de la flexibilización laboral

, en tanto desde diversas cámaras empresarias consideran que en la última década sólo se habrían negociado salarios, desplazando la preocupación por la productividad.

El Gobierno también abonó otro de los ejes sobre los cuales insiste una y otra vez la clase dominante argentina: la negociación por empresa. Sobre este punto, cabe señalar que la negociación a nivel de empresa se encuentra instalada a partir del avance que tuvo en los años ’90 [1], por lo tanto no se trataría de una vuelta a los ’90, como insistieron distintos referentes del FpV, sino que ese es precisamente uno de los puntos de continuidad en la estructura de la negociación colectiva durante los años de la postconvertibilidad.

Ahora bien, el discurso del Gobierno al instalar la cuestión de los convenios de empresa puede entenderse no sólo en el sentido de apuntar a una mayor fragmentación y heterogeneización en las condiciones de la clase trabajadora, sino también de instalar la discusión sobre el monopolio de la representación sindical por rama de actividad, habilitando que sean sindicatos de empresa los que negocien las condiciones de trabajo, posibilidad limitada en la actual Ley de Asociaciones Profesionales.

De todos modos, las condiciones plasmadas en las negociaciones colectivas son expresión de las relaciones de fuerza entre las clases, y la efectividad de sus condiciones en el suelo de las fábricas depende, también, del estado de las relaciones de fuerza y la organización sindical, especialmente en los lugares de trabajo.

El actual Gobierno no parece tener la fuerza para establecer grandes cambios en el cuestionado modelo sindical argentino. La burocracia sindical así se lo planteó en la voz de Maturano, resaltando su función como garante de la paz social.

¿Qué creés que busca el Gobierno y el empresariado con este discurso?

- Como planteaba antes, nos inclinamos a pensar que el Gobierno y las patronales pretenden instalar el cuestionamiento a los convenios colectivos de trabajo, fundamentalmente, a aquellas condiciones que consideran perimidas (uno de los puntos más sensibles se refiere a la estructura y definición de categorías de convenio), con la idea de dar un nuevo avance a las condiciones de flexibilización laboral. Se trata de la clásica extorsión patronal entre condiciones de trabajo y despidos. Al mismo tiempo, el gobierno busca correr el eje de la discusión salarial, en virtud de la caída de los salarios reales, pronunciada en el último año, de cara a las paritarias del 2017.

Grosso modo, ¿cuáles fueron las transformaciones más importantes que se registraron en las últimas décadas mediante las modificaciones en los convenios colectivos de trabajo?

- En los años ’90, en el marco de la convertibilidad y del disciplinamiento operado a través del aumento del ejército industrial de reserva, con el salto de la desocupación y la precarización laboral, se produjeron cambios muy significativos en las condiciones incluidas en los convenios colectivos de trabajo. Los cambios en la legislación laboral, introduciendo la flexibilización de las formas de contratación, la flexibilización salarial, horaria y funcional, potenciaron el avance del capital sobre el trabajo en los lugares de trabajo. Los convenios firmados en esos años modificaron diversas condiciones, desde la reducción y redefinición de las categorías obreras, hasta la reorganización del tiempo de trabajo, habilitando una mayor disponibilidad patronal para la extensión de la jornada laboral (evitando el pago de horas extra) en función de la evolución del ciclo económico, entre otros aspectos. En materia de composición salarial, se difundieron pagos por productividad (individual o colectiva), por desempeño, y diversas formas de individualizar los salarios y de “atarlos” a la evolución de la productividad. En algunos sectores el salario básico pasó a representar un porcentaje muy bajo del salario de los trabajadores.

Pese a que diversos autores destacaron el significativo aumento de las negociaciones durante el kirchnerismo, estas condiciones no se modificaron sustancialmente, salvo en sectores puntuales, producto de la organización de los trabajadores, en muchos casos enfrentados a la dirigencia sindical de sus gremios (caso subterráneos, Fate, entre otros). Primero, es preciso mencionar que durante la última década la mayor parte de las negociaciones fueron acuerdos, que modifican aspectos parciales de los convenios colectivos, y se trató de acuerdos fundamentalmente salariales. El hecho que la negociación durante la postconvertibilidad haya sido fundamentalmente salarial responde a la renovada centralidad de la lucha sindical en un contexto inflacionario. En los primeros años, la disputa salarial permitió a los trabajadores registrados tan sólo recuperar el poder adquisitivo perdido tras la devaluación de enero de 2002 y, posteriormente, fue determinada por la búsqueda de recomposición salarial en función de la dinámica inflacionaria, acelerada a partir de 2007/2008.

Es decir, durante el período 2003-2015, las negociaciones fueron eminentemente salariales, centradas en la recuperación de la capacidad adquisitiva perdida tras el ajuste devaluatorio de 2002 y la posterior dinámica inflacionaria.

Ahora bien, el aumento del empleo en un marco de recomposición de la acumulación de capital, sentó las condiciones objetivas para el desarrollo de un proceso de reorganización sindical que no sólo se evidenció en el protagonismo de las dirigencias sindicales sino también en un significativo proceso de organización de los trabajadores en sus lugares de trabajo[2] . La dinámica de conflicto laboral, se expresó en cambios en ciertos contenidos de la negociación, como la incorporación de sumas al salario básico de convenio, o en materia de subcontratación, equiparando condiciones entre el fragmentado colectivo de trabajadores. Sin embargo, permanecieron, tanto en la letra de los convenios, como en la realidad de los lugares de trabajo, aspectos nodales de las condiciones impuestas por la reestructuración capitalista en los años ’90, fundamentalmente en cuanto a la organización del tiempo de trabajo y de las tareas. De hecho, uno de los elementos legales que habilitan condiciones de flexibilización del tiempo de trabajo, como el establecimiento de jornadas en base a promedios, introducido en la ley de reforma laboral de 1991 (Ley N° 24013), se mantiene vigente.

Desde ya, estas características presentan diferencias sectoriales significativas, y la modificación de condiciones impuestas por el capital en los ’90 ha dependido, fundamentalmente, de la organización de los trabajadores y de la adopción de una política sindical combativa, en muchos casos en contra de las dirigencias sindicales.

¿Cómo es hoy la situación de la clase trabajadora argentina, después del ciclo kirchnerista?

- Para pensar la situación que hoy presenta la clase trabajadora, a diferencia del comienzo del kirchnerismo, creemos que hay que abordar diversas dimensiones. Desde el punto de vista de su composición, el principal elemento a destacar es la significativa reducción de la desocupación, y su efecto disciplinante sobre el conjunto de la clase obrera, condición objetiva clave para comprender la evolución de la conflictividad y los avances en la organización sindical. Pero si bien el ejército industrial de reserva es menor en la actualidad (aunque haya aumentado en el último período), los altos niveles de precariedad laboral no revirtieron su condición estructural[3], operando como un fuerte contrapeso a las posibilidades de modificar las condiciones de vida y trabajo de la clase obrera. El empleo no registrado, que es uno de los indicadores más utilizados para aproximarnos al análisis de la magnitud y evolución de la precariedad laboral, permanece en torno al 35 % de los asalariados, instalándose como modalidad “permanente” de reducción del precio de la fuerza de trabajo. Al mismo tiempo, la precariedad laboral y la fragmentación del colectivo obrero a partir de la permanencia de condiciones de contratación inestables (inestabilidad que garantiza a las patronales la posibilidad de despedir a menores costos) a través de distintas formas de subcontratación, operan como contrapeso a las posibilidades de revertir las condiciones de trabajo impuestas por el capital, los ritmos de trabajo, esquemas de rotación y demás condiciones que suponen una intensificación de la jornada laboral, y que han sido determinantes en el aumento de la productividad durante el “ciclo kirchnerista”.

Pese a esta debilidad estructural, la reducción de la desocupación constituye un aspecto central para comprender los avances en la organización de la clase obrera durante la última década. Sobre este punto suelen tomarse como indicadores, además de la negociación colectiva, la evolución de la conflictividad laboral, la tasa de sindicalización y, la presencia de organización sindical en los lugares de trabajo. Más allá de las controversias en torno a estos indicadores, y la falta de información sistemática sobre tasa de sindicalización y representación sindical en los lugares de trabajo (aspecto que no podemos desarrollar aquí), distintas estimaciones permitirían dar cuenta de un aumento de ambos indicadores. La ausencia de información cuantitativa sistemática sobre estos indicadores, no puede soslayar la emergencia de distintas experiencias y procesos de organización de base, antiburocráticos y combativos. Sin embargo, también el ciclo kirchnerista, en tanto restauración del orden de dominación y acumulación puesto en cuestión por la insurrección de 2001[4], significó un fuerte proceso de institucionalización de las relaciones laborales y del conflicto capital-trabajo, y uno de los principales mecanismos de dicha institucionalización fue la negociación colectiva. En este escenario, el dinamismo de la negociación colectiva, al tiempo que sirvió como modo de contener y ordenar las demandas de los trabajadores, potenció el protagonismo de las dirigencias sindicales tradicionales en su papel en la disputa (y contención) en la puja distributiva.

La clase trabajadora se encuentra hoy más organizada que en los comienzos del ciclo kirchnerista, pero en su mayoría aún está representada por la dirigencia sindical tradicional, que le ha otorgado una significativa tregua al gobierno de Macri.

En este marco, los distintos sectores combativos fortalecidos en la última década tienen el desafío de desarrollar y consolidar una construcción sindical independiente de las patronales y del Estado.

Notas:

[1] En la ronda de negociaciones del año 1988, tan sólo el 19.4 % de las negociaciones se celebró por empresa. Con el avance de la descentralización de la negociación colectiva durante los años ’90, en el período 1995 – 1999, el 76,6 % de las negociaciones se celebraron en dicho nivel. Si bien a partir del 2004 la legislación laboral otorgó renovada importancia a las negociaciones de actividad, las negociaciones de empresa continuaron teniendo un claro predominio dentro del total, situándose en el 72,5 % en 2015. Al respecto consultar Marticorena, C. (2014) Trabajo y negociación colectiva. Los trabajadores en la industria argentina, de los ’90 a la posconvertibilidad, Editorial Imago Mundi, y Boletín de Estadísticas Laborales (MTESS).

[2] Al respecto, ver Atzeni, Maurizio y Pablo Ghigliani, (2013) “The re-emergence of workplace based organisation as the new expression of conflict in Argentina”, en G. Gall, New Forms and Expressions of conflict at work. London, Palgrave Macmillan, pp. 66-85; Varela, Paula, (2015) La disputa por la dignidad obrera. Sindicalismo de base fabril en la zona norte del Conurbano bonaerense 2003-2014. Buenos Aires, Imago Mundi; entre otros.

[3] El empleo no registrado aumenta significativamente durante los ’90, y en el primer año de recuperación económica postconvertibilidad, llegando al 49,2% de los asalariados en el IV trimestre de 2003. Si bien presenta una tendencia descendente en los años siguientes, desde 2010 se sitúa en torno al 35%. Fuente: EPH-INDEC.

[4] Sobre esta caracterización consultar Bonnet, A. (2015), La insurrección como restauración. El kirchnerismo 2002-2015, Buenos Aires: Prometeo.




Temas relacionados

Convenios colectivos   /    Flexibilización laboral   /    Mauricio Macri   /    Mundo Obrero

Comentarios

DEJAR COMENTARIO