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El FMI, las privatizaciones y los años 90

La “vuelta” al FMI que propone el Gobierno nacional nos retrotae a los años 90. Un repaso por el rol que jugó ese organismo en el proceso de privatizaciones, cuyas consecuencias padecemos.

Miércoles 9 de mayo | Edición del día

“Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado” fue el fallido de Roberto Dromi, ex ministro de Obras y Servicios Públicos durante el menemismo, que pintaría de cuerpo entero el rumbo del gobierno de Carlos Menem (1989-1999) a tono con el clima internacional.

Es que si bien es correcto asociar menemismo con las privatizaciones, fue el gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989) quien tuvo la idea primero, en el marco de una ofensiva neoliberal a nivel mundial. En 1987 dos de sus ministros, Juan Sourrouille (Economía) y Rodolfo Terragno (Obras y Servicios Públicos) fueron los encargados de comunicar públicamente que era decisión del gobierno avanzar en un plan de reformas del Estado. Sin embargo, a pesar de su voluntad política, no pudieron implementar el plan y fue tarea de Menem hacerlo con éxito, gracias a la invalorable colaboración de las conducciones sindicales burocráticas de los gremios.

En agosto de 1989 se sancionó la Ley 23.696, conocida como la Ley de Reforma del Estado, que fue lo que permitió la privatización de más de 60 empresas estatales, algunas de servicios esenciales como el abastecimiento de agua, gas, electricidad y transporte. Todavía hoy padecemos las consecuencias de ese saqueo.

Así, el menemismo profundizó un camino que ya había emprendido el plan económico de la última dictadura cívico-militar del ’76.

¿Fue esta una original idea de Menem y sus funcionarios? Por supuesto que no. La privatización de los servicios públicos fue una de las medidas “recetadas” por organismos internacionales de crédito como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) a fines de los 80 y principios de los 90.

La privatización de servicios públicos convirtió a las empresas estatales en fabulosos negociados entre privados y funcionarios corruptos que terminaron empobreciendo el servicio y volviéndolo inaccesible para vastos sectores de la población. La contracara de esta tendencia fue el enriquecimiento exponencial de los sectores empresarios que resultaron adjudicatarios de las licencias, como fue el caso del grupo Macri que se quedó con la concesión del Correo Argentino y por la que debe todavía al Estado una suma millonaria.

En 1976, existían unas 148 empresas públicas, bajo el control del Estado nacional y unas 149 bajo control de Estados provinciales, municipales y mixtas. En 2001 sólo quedaban 15 en funcionamiento.

El “Consenso de Washington”

En 1989, el llamado “Consenso de Washington” elaboró una serie de máximas neoliberales impulsadas por organismos como el FMI y BM que constituyeron un verdadero golpe a las condiciones de trabajo y de vida de la inmensa población. La ejecución de estas medidas exigía el riguroso control además de dichos organismos e implicaron en la práctica una subordinación política y económica aún mayor de Argentina a países imperialistas como Estados Unidos.

Bajo los argumentos de la necesidad de la reducción del gasto público, la liberalización de los mercados, países como la Argentina vivieron terribles años de ajuste que significaron, además del remate total de los servicios públicos, altos índices de desocupación (sólo las privatizaciones dejaron 500 mil despidos) y de pobreza. A su vez, otra de las consecuencias fue el aumento de la injerencia del capital imperialista en la economía nacional: durante esa época las empresas extranjeras pasaron de tener el control de un 33% de las 500 principales empresas del país a un 67% y la deuda externa se incrementó a 146 mil millones de dólares.

En 1999 asume Fernando De la Rúa, en nombre de la Alianza, cuyo plan consistía en mantener lo central de esta política económica y lo hizo hasta que las jornadas del 19 y 20 de diciembre del 2001 le pusieron un freno y debió abandonar la Casa Rosada en helicóptero.

El esquema central de privatización se mantiene hasta hoy. Incluso durante las administraciones kirchneristas sumas millonarias (en calidad de subsidios) fueron a parar a los bolsillos de las empresas concesionarias que no solo no sirvieron para mejorar el servicio, sino que ni siquiera fueron controladas ni auditadas por parte del Estado. Entre 2005-2015 los subsidios alcanzaron la cifra de 160 mil millones de dólares. En el último año de gobierno de Cristina Kirchner, el gasto en subsidios llegó al 5 % del Producto Bruto Interno (PBI).

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Porque lo central de este esquema de saqueo se mantiene es que desde el Frente de Izquierda se plantea que la única salida de fondo y verdadera es: en primer lugar la anulación de todos los tarifazos aplicados desde la asunción del Gobierno de Cambiemos en diciembre de 2015. En segundo lugar, la nacionalización integral sin pago de todo el sistema energético y de transporte público, porque no puede ser que valgan más las ganancias de las privatizadas que el derecho de la población a acceder a derechos esenciales, y la gestión bajo control de los trabajadores con participación de los usuarios. En tercer lugar, una investigación exhaustiva e independiente (del Estado y las privatizadas) de los millonarios subsidios otorgados.

Así lo plantea el proyecto de ley presentado por los diputados del PTS en el Frente de Izquierda, Nicolás del Caño y Nathalia González Seligra. Quienes además, junto a los miles de militantes del PTS, han puesto en pie una campaña nacional contra los tarifazos y por un paro general activo contra los tarifazos, el techo salarial y la reforma laboral.








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