Internacional

El Estado español “se arma” para un otoño caliente

El gobierno español gasta casi 1 millón de euros en nuevo equipamiento antidisturbios para la policía que actúa frente a las protestas. Entre las compras realizadas hay un camión hidrante. Amnistía Internacional ha expresado su preocupación sobre la compra del material y cómo será utilizado contra los manifestantes.

Diego Lotito

Madrid | @diegolotito

Viernes 12 de septiembre de 2014 | Edición del día

El Ministerio del Interior del Estado español ha licitado desde el mes de junio cuatro contratos por valor de 1 millón de euros para la compra de equipos antidisturbios, señala un artículo publicado este lunes en el diario británico The Guardian.

Entre las compras realizadas se destacan escudos antitrauma y un camión hidrante, una medida anti-disturbios utilizada durante los años de plomo de la dictadura de Franco y de la Transición, pero poco visto en los últimos años.

“Una de ellas ha sido la compra de 1.395 espinilleras, adjudicado ya a una empresa a finales de julio por 162.000 euros, material del que hasta ahora no disponían los agentes destinados en las unidades antidisturbios. Se trata de uno de los seis contratos que se han gestionado este verano. La Policía también ha comprado 448 chalecos antitrauma por 154.000 euros a principios de agosto. El 9 de agosto también se formalizó el contrato de 400 cascos por 156.000 euros. Y en agosto se adjudicó también la compra de 1.248 escudos por 113.256 euros”, asegura un Instructor militar de Valladolid en un foro del sitio web Amigosdelamili.com.

En cuanto al polémico camión hidrante, informa que fue “adjudicado a finales de junio, su precio es de 348.480 euros” y agrega que “Interior también ha adquirido a finales de julio 7.000 artificios fumígenos y artificios lacrimógenos, por un coste de 196.000 euros”.

Al calor de la crisis social y el aumento del paro, el número de protestas sociales en el Estado español se han incrementado en los últimos años. En la misma proporción, también lo ha hecho la represión y el número de detenciones policiales, en lo que para los movimientos sociales y colectivos políticos de izquierda, constituye una verdadera “caza de brujas contra la juventud, los trabajadores y activistas sociales”.

Un ejemplo, entre otros, es el caso de Alfonso Fernández Ortega, de 23 años, más conocido como Alfon. Según su defensa, se lo acusa de tenencia de explosivos sin más pruebas que la palabra de los policías que lo detuvieron por su participación en la huelga general del 14 de noviembre del 2012. La fiscalía pide cinco años y seis meses de prisión y el afrontará el juicio el próximo 18 de septiembre.

El endurecimiento de las medidas represivas viene siendo una constante durante el gobierno de Mariano Rajoy. Así lo indica la aprobación del anteproyecto de la polémica “Ley de Seguridad Ciudadana” (más conocida como la “Ley Mordaza”) por el Consejo de Ministros del Partido gobernante (Partido Popular) antes del receso veraniego, pero aún en trámite parlamentario de enmiendas para su aprobación en el Congreso.

La ley ha sido duramente cuestionada por juristas, movimientos sociales y organizaciones de Derechos Humanos que se han posicionado contra el anteproyecto por restringir el derecho a la manifestación. Varias movilizaciones callejeras han tenido lugar para protestar contra su aprobación.

La norma amplia las facultades de la policía para la identificación y detención de personas y, uno de los aspectos más cuestionados, endurece las multas por infracciones consideradas "muy graves" (entre las que podrían incluir la celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas prohibidas), que serán multadas con entre 30.000 y 600.000 euros; las “graves”, con multas entre 1.000 y 30.000 euros, y las “leves”, entre 100 a 1.000 euros.

A esta ley se suman otros proyectos legislativos que atentan contra las libertades democráticas, como el proyecto de reforma de la Ley del Aborto que busca limitar a las mujeres el acceso a este derecho.

Las nuevas movilizaciones planificadas para los próximos meses contra estas leyes, los diversos reclamos de trabajadores en lucha contra despidos o el posible recrudecimiento de las movilizaciones callejeras que exigen la independencia de Cataluña, son algunos de los escenarios que preanuncian para los cuales el gobierno español se prepara fortaleciendo su aparato represivo.

Preocupación de Amnistía internacional

En abril, Amnistía Internacional advirtió en un informe que el gobierno español estaba utilizando el acoso y la fuerza policial excesiva para limitar el derecho a la protesta.

“Amnistía Internacional ha expresado, desde hace mucho tiempo y de manera continuada, su preocupación en torno al uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de policía en España, y en torno a la inacción de las autoridades a la hora de garantizar que tanto ese uso excesivo de la fuerza como la tortura y otros malos tratos a manos de la policía se investigan de manera exhaustiva y efectiva”, dice el informe “España: El derecho a protestar, amenazado”, publicado por Amnistía internacional en abril de 2014.

El organismo identifica en el informe tres áreas específicas de preocupación respecto a la actuación policial durante manifestaciones y reuniones: “uso excesivo e indiferenciado de la fuerza y uso indebido de material antidisturbios para hacer frente a manifestantes; uso excesivo de la fuerza al detener a manifestantes; y malos tratos a detenidos puestos bajo custodia policial”.

El informe se hizo público sólo una semana antes de que entrara en vigor la prohibición del uso de balas de goma por la policía en Cataluña, tras una larga campaña impulsada por siete personas que habían perdido cada una un ojo en Barcelona por las “pelotas de goma” policiales.

Uno de los sindicatos de policía que existen en el Estado español, sostuvo que las compras eran probablemente sólo una parte del “esfuerzo del gobierno” para actualizar equipos obsoletos. "Tenemos un problema con el equipo", dijo en declaraciones a The Guardian, Javier Estévez, del Sindicato Unificado de Policía.

Pero el gobierno español pareciera que no piensa escatimar recursos para mantener bien pertrechados a sus agentes antidisturbios. Según la misma fuente militar antes citada, “Interior presupuestó 3,26 millones de euros en gasto, 19 veces más que lo que presupuesto en 2012. Dinero que se está utilizando en los contratos que se ultiman ahora en 2014. El objetivo del Gobierno es gastar otros tres millones entre 2014 y 2015 en estos materiales”.

¿Otoño caliente? Si, probablemente.







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