Sociedad

INFORME SOBRE FUERZAS REPRESIVAS Y LAS CÁRCELES

El Estado argentino sostiene prácticas de tortura de la época de la dictadura militar

Nils Melzer, relator especial de la ONU sobre tortura y otros tratos o penas crueles visitó cárceles, comisarías y neuropsiquiátricos del país. Su conclusión fue lapidaria: el Estado argentino tortura.

Mirta Pacheco

@mirtapacheco1

Martes 24 de abril | Edición del día

El enviado de la Organización de las Naciones Unidas en materia de torturas y tratos cruelas sobre las personas, Nils Melzer, estuvo en Argentina entre el 9 y el 20 de abril. Luego emitió un informe lapidario. Un pasaje del texto preliminar plantea que “parte de la arquitectura militar opresiva del pasado, aún sobrevive dentro de los sistemas carcelarios y de seguridad y disimulado en el marco de la política de seguridad pública”.

A Melzer y a la delegación que lo acompañó solo les bastó visitar centros de detención de la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Formosa, entrevistar a varias personas privadas de su libertad, familias con denuncias hacia la Policía por casos de gatillo fácil, organizaciones no gubernamentales y representantes de pueblos originarios para llegar a las contundentes conclusiones.

También se reunió con la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) que le presentó un detallado análisis de las denuncias de tortura y vejámenes varios que viven a diario no solo las personas detenidas sino también sus familias, que es parte de lo que sistemáticamente vienen denunciando.

El “relator”, tal el nombre del cargo del enviado de la ONU, deberá presentar su informe final ante el Consejo de Derechos Humanos de ese organismo en marzo de 2019.

Vale aclarar que las indicaciones, basadas en las conclusiones a las que arriban la delegaciones que visitan distintos países, no son nunca vinculantes para los gobiernos a las que van dirigidas. Y también es importante tener en cuenta que la ONU es un organismo controlado por los principales países imperialistas que buscan mostrar un rostro humanitario con que cubrir las masacres, guerras o hambrunas a las que arroja el sistema capitalista a millones de personas en todo el mundo.

Pero más allá de eso (y de los tiempos burocráticos de la propia ONU) el informe viene a confirmar lo que ya muchos organismos de derechos humanos y víctimas de la violencia policial e institucional vienen denunciado: que en el período constitucional, que lleva 35 años, en las cárceles argentinas y en distintos centros de reclusión se tortura, hay sometimiento a prácticas degradantes y en general hay una política de persecución sobre los jóvenes (sobre todo pobres) que muchas veces terminan muriendo víctimas de gatillo fácil.

El informe es un golpe para el gobierno de Cambiemos, que se jacta de llevar una política de seguridad “responsable” pero que para defiende con dureza el accionar de la Policía sea cual sea el saldo (“Doctrina Chocobar”) y de otras fuerzas como la Gendarmería (Caso Maldonado).

Macri en sus discursos en el exterior dice defender valores democráticos, pero apoyó el golpe institucional contra Dilma Roussef en Brasil y defiende que la derecha judicial encarcele a Lula para proscribirlo electoralmente. Celebra el triunfo en Paraguay de un derechista defensor de la dictadura de Stroessner. Y muestra cada vez que puede su gran afinidad con el Estado genocida de Israel. Además de verse totalmente atraído por la política general de Donald Trump. Y la lista sigue.

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La dureza del informe viene a demostrar que internamente, en estos dos años, Cambiemos no ha hecho otra cosa que empeorar la situación, en cuanto a políticas de “seguridad” se trata, de los sectores más empobrecidos de la población.

Violencia policial

El apartado sobre “violencia policial” del informe de Melzer describe que “numerosas denuncias de violencia policial durante manifestaciones pacíficas contra el desalojo forzoso, o al intentar presentar quejas o pedidos de cualquier índole a las autoridades competentes (…) particularmente adolescentes, adultos jóvenes y mujeres provenientes de segmentos marginados de la sociedad, dieron cuenta de que la violencia policial se utilizaba con frecuencia para acosarlos, provocarlos o intimidados o, en algunos casos, para obligarlos a confesar un supuesto delito o denunciar a otras personas”.

Y continúa diciendo el relator que también recibió “varias denuncias sobre el uso de técnicas de asfixia conocidas como ’submarino’ tanto ’mojado’ (sumergir la cabeza en un líquido) como ’seco’ (colocar una bolsa de plástico sobre la cabeza), particularmente durante los traslados en los patrulleros (…) agentes policiales que hacían un uso excesivo de las armas de fuego (’gatillo fácil’) al momento de la detención, incluso como medio de intimidación”.

La conclusión sobre el accionar policial y de los diferentes servicios penitenciarios del país -una vez que los detenidos son arrojados a las cárceles- afirma que “la violencia institucional por parte de las fuerzas de seguridad y carcelarias parece ser generalizada y la impunidad enorme”.

Violencia carcelaria y sobrepoblación

Es sabido que hace ya muchas décadas las cárceles de nuestro país se encuentran superpobladas, pegando un salto en los últimos años, llegando a casi un 60 % la población carcelaria sin condena firme (es decir inocente hasta que se demuestre lo contrario) que pasa años alojada en penales.

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En el informe preliminar se pueden observar las denuncias sobre requisas corporales violentas e invasivas, además del sistemático robo de pertenencias y de alimentos de los reclusos por parte del personal de los diferentes servicios penitenciarios.

En tal sentido Melzer afirma que “en las comisarías provinciales (Provincia de Buenos Aires) N° 1 y 5 (…) y en varios pabellones de las penitenciarías en Florencio Varela (Provincia de Buenos Aires) numerosos hombres duermen sin colchón, en el piso, sobre el cemento o sobre el elástico desnudo de las camas de metal. Cuando disponen de frazadas y colchones, los mismos están sumamente gastados, rotos y se están desintegrando”.

En otro tramo afirma que “muchos hombres y mujeres manifestaron haber sido detenidos por la Policía durante períodos prolongados de varias semanas y hasta más de seis meses, muchas veces sin haber visto a un juez o a un defensor público y sin acceso al aire fresco ni a la luz solar”.

Centros de detención de jóvenes

En este punto Melzer exhortó “firmemente a las autoridades a ponerle fin al encierro excesivo en centros de detención de menores, y a garantizarles el acceso a escuelas y oportunidades para la reinserción de los internos adolescentes”.

La “herencia recibida”

Como se advierte, esta situación agravada por la política de disciplinamiento sobre la clase trabajadora y los sectores populares que viene aplicando el macrismo, con estas nefastas consecuencias, no surgió con el gobierno de Cambiemos.

Durante sus doce años de mandato, el autoproclamado gobierno “defensor de los derechos humanos” fue también un responsable central de esta situación. En honor a la verdad, cada gobierno que se sucedió desde 1983 a esta parte aportó lo suyo para llegar a esto.

Ninguna gestión nacional o provincial revirtió las prácticas que la última dictadura cívico militar imprimió en las fuerzas represivas.

Por otro lado, este informe (como otros que realizaron diversos organismos nacionales o internacionales) viene a demostrar que las políticas de “seguridad democrática” del kirchnerismo fueron un fracaso, sencillamente porque es imposible pretender reformar instituciones que son el brazo armado de un Estado gobernado por los grandes empresarios, cuya razón de ser es la ganancia capitalista y la defensa de la propiedad privada.

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Roberto Cipriano García, secretario de la Comisión Provincial por la Memoria, confirmó a La Izquierda Diario lo antedicho con un dato: durante el último año de la gobernación de Scioli, las cárceles bonaerenses sumaron 1.700 detenidos sin condena. Eso, que ya era un salto significativo respecto a años anteriores, se agravó sustancialmente durante los dos años de la gobernación de María Eugenia Vidal, que sumó 4.700 personas privadas de su libertad sin que ningún juez haya fallado en su contra.

Las cárceles están cada vez más (super)pobladas de personas que jurídicamente son inocentes. Y se las tortura.







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