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ESTADO DE ALARMA

El Congreso da luz verde a un nuevo “consenso pandémico”

Toques de queda, confinamientos, multas y policía, esta es la receta. Pelear contra la naturalización de las medidas de excepción y por un plan racional basado en inversión sanitaria, en transportes y medidas para hacer pagar la crisis a las grandes empresas y fortunas, es más necesario que nunca.

Santiago Lupe

@SantiagoLupeBCN

Jueves 29 de octubre | Edición del día

Finalmente se ha aprobado la prórroga del Estado de Alarma en el Congreso de los Diputados. La medida estará vigente durante los próximos 6 meses, con solo una posible revisión de las mismas en el Consejo Territorial del Sistema Nacional de Salud a comienzos de marzo. El gobierno saca adelante la votación con 194 votos a favor sumando al bloque de la investidura, los votos de Ciudadanos y una parte de JxCat. La otra parte de este grupo y la CUP, junto al PP, se han abstenido, y solo Vox ha votado en contra.

Una “unidad nacional” blindada para 6 meses

En la sesión se han vuelto a escuchar, tanto de parte de la oposición como de los socios del gobierno, críticas a la gestión de la pandemia. Desde las que señalaban el peligro de seguir recurriendo a medidas de excepción como esta, hasta otras exigencias con la boca pequeña de que no basta con restricciones y que se echan en falta medidas como el aumento de la inversión en sanidad o un plan contra la crisis social.

Sin embargo, y más allá del teatro parlamentario, en el Congreso se ha escenificado una nueva “unidad nacional”, esta vez blindada jurídicamente para medio año. Una unidad sostenida en la doctrina según la cual la crisis sanitaria necesita de la restricción de derechos y libertades como la única vía para detener la expansión del virus, y los costes sociales y económicos se seguirán descargando sobre las espaldas de la clase trabajadora y los sectores populares, mientras se reúnen esfuerzos para salvar a las joyas del capitalismo español.

Este “consenso pandémico” es común a todos los partidos del régimen, tanto los que hoy se sientan en los bancos azules, como los que se oponen con virulencia con su demagogia derechista, pasando por los socios “progres” que entre lamentos y críticas impotentes siguen respaldando al gobierno “más progresista” de la historia que no si diferencia ni un ápice a otros tan derechistas como el francés de Macron o el Italiano de Conte.

Más allá del “consenso pandémico”

Gobierno, oposición y grandes medios, se esfuerzan por convencernos de que solo hay una manera de atajar la expansión del virus. La restricción de la movilidad se presenta como la única vía posible y para hacerla efectiva, es necesario el empleo de mecanismos de excepción. Toque de queda, militarización del espacio público, ley mordaza y gobierno por decreto, esta es la receta de su “guerra contra la covid-19”. Como música de fondo la criminalización de conductas individuales, en especial de la juventud, mientras la “casta” se toma sus respiros en cenas de lujo con Pedro J. Ramírez.

Es la misma receta que ya se implementó en la primavera, y que lleva aplicando con semanas de ventaja Francia y otros gobiernos. Puede ser más eficaz que otras como la de la inmunidad de rebaño, ensayada por Boris Jhonson al principio y en otra escala Bolsonaro o Trump. Pero está lejos de ser la más eficaz. De hecho el confinamiento total no impidió los más de 50 mil muertos de la primera ola en el Estado español, ni el toque de queda impidió los más de 70 mil positivos de ayer en el país vecino.

El plan contra el covid19 del que el gobierno y la oposición no quieren oir hablar

¿Hay alternativa? Sí, y se compone de muchas otras medidas que llevan meses pidiendo las y los trabajadores de la sanidad, la educación, los transportes o el sector social. El gobierno es capaz de imponer durante 6 meses el gobierno por decreto y sin apenas control parlamentario, restricciones a la libertad de circulación y sacar de nuevo al Ejército a hacer labores civiles o patrullar las calles.

Pero el gobierno y la oposición se siguen negando en redondo a hacer uso de la “alarma” o “urgencia” alegada para tomar medidas como la intervención inmediata y sin indemnización de toda la sanidad y los laboratorios privados para, por ejemplo, aliviar la falta de camas, de ucis o el colapso existente para poder realizar los análisis de PCR a tiempo.

Se sigue negando a la contratación de los más de 100 mil trabajadores sanitarios que piden los sindicatos del sector, o los 80 mil docentes que se estiman serían necesarios para garantizar aulas seguras, o a multiplicar el número de metros y autobuses.

A día de hoy, a casi 8 meses del inicio de la pandemia, los hospitales y centros de salud se dirigen a un escenario que puede ser aún peor que el de primavera con las mismas plantillas insuficientes pero aún más extenuadas. A día de hoy, millones seguimos viajando en un transporte público “hasta la bandera”, uno de los epicentros de la transmisión comunitaria.

El ministerio de Trabajo y las consejerías correspondientes siguen haciendo la vista gorda ante las cientos de empresas en que no se cumplen las medidas de seguridad e higiene básicas. Los despidos y no renovaciones de contrato siguen al orden del día, lo que lleva a que muchas y muchos trabajadores teman testearse por la posibilidad de perder el empleo al tener que confinarse.

No hay ni “alarma” ni “emergencia” para derogar las reformas laborales, núcleo de esta precariedad, o para tomar medidas como la prohibición de los despidos, o la reducción de la jornada laboral sin merma de salario para atajar el desempleo masivo. Tampoco para paralizar los desahucios o para expropiar las viviendas en manos de fondos buitres y la banca, algo fundamental si se quieren no solo garantizar que los positivos puedan aislarse correctamente, sino resolver la crisis habitacional que obliga a cientos de miles de las familias a vivir hacinadas en minipisos, donde la transmisión es necesariamente más alta.

Al gobierno no le tiembla el pulso a la hora de cerrar actividades, que dejan en la calle o malviviendo con un ERTE a decenas de miles de trabajadores. También miles de autónomos y pequeños productores se ven abocados a la más absoluta ruina. Sin embargo, no quiere ni oír hablar de tocarle los intereses a la banca y los tenedores de locales que siguen recibiendo sus rentas religiosamente.

Acabar con el virus justifica esta cadena de quiebras para el gobierno, pero en ningún caso justificaría tomar medidas como la nacionalización de la banca, para garantizar condonación de deudas a estos pequeños negocios o la suspensión de alquileres. Mientras tanto a a Inditex, Endesa y otras grandes multinacionales se les prometen cientos de millones de los fondos europeos.

No hay salida sin tocar el bolsillo a las grandes empresas y fortunas

Es falso que no haya alternativa a la receta de confinamiento y policía que hoy se ha aprobado en el Congreso. La hay, pero supone invertir la balanza de quien debe pagar esta crisis. Las medidas urgentes que se necesitan supondrían incursiones en la sacrosanta propiedad privada de los grades capitalistas y otras medidas como los impuestos a las grandes fortunas y beneficios empresariales para poder financiarlo.

Cuando hablamos de impuestos a las grandes fortunas nos estamos refiriendo a medidas como imponer una mordida del 20% a los grandes patrimonios o del 50% a los beneficios de las grandes empresas. Solo tomando a las 100 mayores fortunas y a las empresas del IBEX35 esto ya supondría un ingreso de más de 50mil millones. Cifras muy lejos de la ridícula subida impositiva recogida en los Presupuestos Generales del Estado, que sigue dejando al Estado español 7 puntos por debajo de la media europea en recaudación fiscal.

Medidas diferentes a las que se presentan como las “únicas posibles” que supondrían una movilización de recursos inalcanzable sin tocar a las grandes empresas y fortunas. Y este es el problema. Tanto el gobierno “progresista” como la oposición tienen esa misma línea roja que no piensan cruzar.

La primera ola fue un crimen social, fruto de décadas de recortes y de la negativa a tomar estas y otras medidas urgentes. No se quiso, como no se quiere ahora, tocarle el bolsillo a las grandes fortunas y empresas. Para el gobierno “más progresista de la historia”, como para la oposición de derechas, sus ganancias siguen valiendo más que nuestras vidas.

Por una izquierda que rompa este nuevo “consenso pandémico”

No podemos esperar que medidas así sean “otorgadas” por las ministra y ministras del gobierno. El PSOE tiene suficiente currículum de gestor y defensor de los intereses del IBEX35. Podemos e IU rápidamente se han acomodado a este mismo papel. Para imponerlas hay que quebrar también la “paralisis pandémica” impuesta por esta falsa izquierda, y sus representantes en los movimientos sociales, en alianza con la burocracia sindical.

Necesitamos construir otra izquierda. Una izquierda sin complejos, que no titubee en pelear por un programa que de respuesta a esta grave crisis sanitaria y económica por encima de los intereses y beneficios de los grandes capitalistas. Que no repita caminos ya ensayados de la apuesta por la gestión “posible” del capitalismo y el respeto a los rígidos marcos institucionales del Régimen del 78. Que exija a las direcciones sindicales que abandonen su política de soporte al gobierno y pelee por recuperar los sindicatos de las manos de estos burócratas.

En definitiva, que trabaje por poner en pie una alternativa anticapitalista, independiente del gobierno y el resto del partidos del régimen y que ponga en el centro el desarrollo de la movilización y autoorganización obrera y popular para hacerle pagar la crisis a los grandes capitalistas.







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