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El Comando Unificado Córdoba: la avanzada represiva de Cambiemos y el PJ

El operativo filmado por una docente que fue obligada por los gendarmes a abrir su mochila para revisarla, puso sobre la mesa el modo de accionar del Comando Unificado Córdoba (CUC). ¿Qué es y cómo opera?

Luis Bel

@Hachedebel

Martes 23 de octubre | Edición del día

El video, que rápidamente se viralizó, muestra a gendarmes sobre un colectivo de la Línea 22 revisando la mochila a una docente, luego de pedir la documentación a los pasajeros. Las imágenes, que nos hacen remontar a la última dictadura cívico-eclesástica-militar, fueron registradas mientras el colectivo recorría el barrio Marqués de Sobremonte, ubicado en la zona noroeste de la capital cordobesa.

Al ser consultados por la docente bajo qué normativa estaban actuando, uno de los gendarmes les responde "Bajo la Ley Nacional 19.349"; ley promulgada en 1971 bajo la dictadura de Lanusse.

El hecho se da en el marco de la entrada en acción del Comando Unificado Córdoba (CUC), que fue creado el 25 de abril pasado cuando la ministra Patricia Bullrich y el gobernador Schiaretti, firmaron un “convenio de cooperación" para combatir "la criminalidad y la violencia en Córdoba". Este convenio incluye la colaboración de fuerzas federales y provinciales,entre las que se encuentran la Policía de Córdoba, Gendarmería Nacional, Policía Federal Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Fuerza Policial Antinarcotráfico.

Tan solo a tres meses de la creación del CUC, Macri anunciaba la participación de las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad interior.

Hace una semana Patricia Bullrich festejaba vía Twitter el envío de 300 gendarmes a Córdoba, para continuar trabajando "codo a codo" con el gobierno provincial. Esta vez el "enemigo interno" no es la ya olvidada RAM, sino el "delito organizado y la violencia" en los barrios y la supuesta "guerra contra el narcotráfico" que el Gobierno nacional dice llevar adelante.

Lo tragicómico de la situación es que esto se da en el marco de fuertes declaraciones de Carrió, donde aseguró que a Bullrich "hay sectores de las fuerzas que la están engañando, le ponen droga para que ella la encuentre, pero el negocio sigue", y señalando que los sectores de Prefectura y Gendarmería "Están haciendo el negocio, pero le entregan una parte porque dicen que están luchando".

O sea que para combatir "el gran delito y el narcotráfico", la ministra manda a aquellas fuerzas que lo organizan.

También estuvo de "visita" por la provincia Eugenio Burzaco, quien junto a Mosquera, recorrieron diferentes puntos de control.

Organismos de derechos humanos y organizaciones políticas repudiaron el accionar de la fuerza y desde el Frente de Izquierda se presentó un pedido de repudio en la Legislatura de Córdoba y la citación para que dé explicaciones el ministro de Gobierno, Juan Carlos Massei.

¿Cómo opera el CUC?

En el sitio web de prensa del Gobierno provincial, informaban de esta manera sobre el convenio firmado en abril pasado:

"Con este fin, se conformó un Comité Operativo que delineará un plan de acción que incluirá el control de accesos viales de jurisdicción provincial y nacional, la intervención conjunta en las zonas de mayor nivel de conflictividad y violencia, y la persecución de las organizaciones delictivas que operan en la provincia.

Schiaretti recalcó que el acuerdo celebrado con la Nación fortalecerá la labor mancomunada en materia de seguridad, fundamentalmente de cara al combate del crimen organizado y del narcotráfico".

El gobernador en aquella oportunidad también citó el Plan de Seguridad Ciudadana y la puesta en marcha de la Policía Barrial y de los Consejos de Seguridad Ciudadana, dándole a estos programas la extraña característica de apuntar a "promover la inclusión social como estrategia para hacer retroceder al delito".

Hay que reconocer la originalidad de Schiaretti en esto de presentar la saturación de los barrios con policías como medida de "inclusión social".

También Patricia Bullrich hizo declaraciones que dejaron bien en claro la "colaboración provincial": “El año pasado comenzamos una tarea conjunta y hemos estado trabajando en equipo con el ministro de Gobierno (Carlos Massei) y el secretario de Seguridad (Diego Hak), en conversaciones permanentes con el Gobernador".

El detalle de la presentación describe que "El comité estará integrado por las fuerzas federales más la Policía de la Provincia, el Servicio Penitenciario Provincial y la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA). Cada uno de estos cuerpos involucrará sus respectivos instrumentos de soporte logístico, comunicación, investigación criminal y, asimismo, dispondrán con frecuencia quincenal, toda la información resultante de este trabajo en un mapa unificado del delito".

Dejando bien en claro que habrá además, cruce de datos de inteligencia y que la información recabada durante los operativos será mapeada cada 15 días.

Uno de esos operativos, realizado en agosto pasado, incluyó la pesquisa de bolsos y valijas en la Terminal de Omnibus de Córdoba.

Desde el lugar, el secretario de Seguridad, Alfonso Mosquera, declaró: “Se están requisando elementos, como bolsos y maletas, intentando detectar estupefacientes; también pedidos de captura".

Hace 24 horas se intervinieron distintos barrios de la ciudad con el mismo operativo callejero, con control vehicular y con apoyo aéreo. Son acciones que están contextualizadas dentro de un plan de acción que va a ser sostenido en el tiempo.

Todas las acciones se llevan a cabo de manera aleatoria, sin distinguir la procedencia de los pasajeros ni los transeúntes que están hoy en la Terminal”, finalizó Mosquera.

Un CUC(O) para atemorizar a las y los que luchan

Esta escalada represiva de parte de los y las responsables de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado y de la policía del gatillo fácil del PJ cordobés, no puede desligarse de la avanzada judicial y mediática que culminó con las 29 imputaciones a los y las estudiantes que participaron de la lucha contra el ajuste en la universidad y en defensa de la educación pública, incluida la imputación a la abogada del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ce.Pro.DH), Leticia Celli.

En el marco del brutal ajuste implementado por Cambiemos, junto al FMI, con el beneplácito de las y los gobernadores peronistas, y del inminente tratamiento del presupuesto 2019 (donde se prevé, entre otras cosas, un recorte en el plano educativo del 18,9 %, llegando a alcanzar casi el 40 % con los datos oficiales de la inflación proyectada); sin dudas estos amedrentamientos buscan criminalizar la protesta social, y atemorizar y perseguir a aquellos y aquellas que se organicen para resistir este plan.

Mientras los y las legisladores nacionales de UPC vienen anticipando que votarán el presupuesto de Macri y el FMI, Schiaretti intenta fidelizar un voto de derecha, que reclama mano dura y que fue captado por el discurso cambiemita en las últimas dos elecciones.

Para eso, y dentro del "Hay 2019" que plantea el peronismo (incluido el kirchnerismo) a nivel nacional, el gobernador no tiene problemas en que todas y todos los cordobeses seamos culpables, hasta que se demuestre lo contrario.







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