Política

CÓRDOBA

El Código de Faltas como servicio represivo del Estado - empresa (Parte 2)

Continuamos el dialogó con el Dr Claudio Guiñazú, profesor de Derecho Constitucional e investigador de la Universidad Nacional de Córdoba. En esta segunda parte Guiñazu expone que la política de seguridad local se presenta como un servicio que responde a la lógica consumista.

Natael Tolesano

Estudiante de Derecho | CeProDH Córdoba

Sábado 16 de mayo de 2015 | Edición del día

La última "Marcha de la Gorra" cambió la línea política de su frase de cabecera, de "marchemos con alegría" o "nos detienen por la cultura" por la de "ni un pibe menos". Creo que esto refleja una escalada represiva y una política consciente de ataque contra estos sectores. También el aumento del número de casos por gatillo fácil.

Parece haber una decisión política de focalizar selectivamente la violencia estatal sobre ciertos sectores y esto es muy preocupante porque los casos son cada vez más graves, tal vez en respuesta a la demanda abstracta de más seguridad. Creo que los casos de gatillo fácil exceden el universo contravencional. El código, por suerte, todavía no legitima disparar y preguntar después. Pero la dificultad para el esclarecimiento y sanción de estos hechos responde a esta lógica que subyace al universo más amplio del comportamiento de los agentes y oficiales de la policía, donde el respeto de los derechos constitucionales es visto como un obstáculo para la actuación policial, y en definitiva para el encarcelamiento de los sectores marginados. Evitar los controles y los límites se traduce entonces en la demanda por flexibilizar las garantías. Cuando nosotros estamos proponiendo otro sentido para el Código de Faltas, y para la posibilidad de detener, más aun se propone para la de abrir fuego. Esto nos obliga a repensar el rol de la policía.

Estamos de nuevo frente a la defensa del Bien -Vivir como patrón para medir la desviación y castigarla

  •  Hay en un sentido más profundo y drástico, una disputa de sentidos. Puede haber un sector de la sociedad que considere que está bien abrir fuego, porque se trata de "mal-vivientes", alejados del "bien vivir". Y si no hay escándalo por estos casos graves de violencia institucional, las razones pueden provenir de esta empatía más con el policía que con el calificado de "mal-viviente". El malviviente no es considerado, como podría serlo, una persona que vive mal, que debe ser ayudada, que precisa nuestra solidaridad. Pero no parece ser éste el sentido que hoy prevalece, sino más bien el que lo considera culpable o responsable de todos los males.

    La forma más directa de explicar por qué en Córdoba no tenemos ningún policía con prisión efectiva por casos de gatillo fácil es por la estructura del poder policial. La institución tiene un poder enorme, recuerdo cuando Suarez decía algo así como "no sabemos si la persona estaba robando, pero sepan todos los que salen a robar que pueden terminar muertos".

  •  Resultan lamentables este tipo de advertencias, que no reflejan una policía sometida a la Constitución sino precisamente la ausencia de límites de que hablábamos recién. La falta de democratización de la policía es otro engranaje que interactúa con el código de faltas, y lo digo en un sentido profundo. Es necesario eliminar prejuicios y patrones de conducta que subsisten en la cultura policial y que vienen del proceso.

    Ha habido cambios normativos, pero la democratización es una asignatura pendiente.

    Es ante todo una decisión política, que tiene como precondición democratizar la sociedad. Necesitamos una sociedad más comprometida con las exigencias de igualdad.

    Pero es también una exigencia jurídica. En el fallo Bulacio la Corte Interamericana exigió al estado argentino que elimine ciertas prácticas policiales, como las razzias, por considerarlas violatorias de derechos humanos.

    Sería una contradicción gigante para el capitalismo tener una policía que no respondiera a los intereses de las clases dominantes, de los propietarios.

  •  A lo mejor depende más de los no propietarios, organizarse colectivamente y alzar la voz reclamando un cambio. Todos deberíamos empezar a tener más participación en este problema. Las marchas de la gorra han convertido el estigma en estandarte y constituyen hoy la respuesta más emblemática para interpelar este universo contravencional. Y por suerte reúnen cada vez más adherentes.

    También en la audiencia pública del año pasado en la Legislatura se escucharon muchas voces críticas ante el proyecto de código de convivencia. Y lo interesante es que provenían de grupos y organizaciones bien variados. Los jóvenes excluidos y marginados expusieron su punto de vista y sus vivencias, no se escuchó sólo el discurso académico y técnico.

    ¿Qué opinión le merecen las razias del fin de semana del 2 y 3 de mayo?

  •  Vivimos en una sociedad definida cada vez más por el consumo, y la política de seguridad local responde a esta lógica consumista donde se la muestra como un servicio que se presta a la población. Entonces, creo que estas detenciones masivas responden al objetivo de mostrar que hay gestión de la inseguridad, que aparece reducida a un servicio público de encierro de los indeseables, que son considerados tales según el catálogo local de prejuicios. Un espectáculo montado para satisfacer las demandas de una parte de la población. El problema es que este servicio así prestado agudiza la discriminación estructural, y viola sistemáticamente derechos y garantías de muchas personas, que están reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales.

    En ese sentido, en la Facultad de Derecho hace una año se formó la Coordinadora de Familiares y Víctimas de Gatillo Fácil. Ellas saben cómo el sentido común es punitivista, pero no comparten este sentido. Al policía lo ven como un factor de inseguridad. Es interesante porque se aleja del discurso clásico, y es una voz propia y directa de los más afectados. Y toman cartas en el asunto, seriamente.

  •  Y tienen toda la razón.





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