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LIBERTADES DEMOCRÁTICAS

El Campito: continúan las audiencias en el juicio por crímenes de lesa humanidad

El 10 de octubre comenzó el juicio por crímenes de lesa humanidad a dos militares que durante la última dictadura pertenecieron a Campo de Mayo, y que actuaban en el centro clandestino conocido como "El Campito". Ayer en San Martin continuaron las audiencias.

Luján Echeverría

CeProDH | Zona Norte GBA

Miércoles 8 de noviembre | 12:17

Foto: Gustavo Molfino

Los acusados son el entonces teniente primero de la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral, Eduardo Alfonso, y el excapitán del departamento de inteligencia del Comando de Institutos Militares, Rafael Félix López Fader.

El Tribunal está integrado por Marta Milloc, Diego Barrotaveña, y Marcela Rodriguez quienes en la audiencia de apertura escucharon la lectura del auto de elevación a juicio con los acusados presentes en la sala.

Alfonso, llegó a esta instancia bajo la acusación de delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidio de Beatriz Recchia y Domingo Garcia; Recchia al momento de su detención se encontraba embarazada de cinco meses.

Tras el operativo, García fue inhumado como NN en el cementerio de Boulogne, mientras que Recchia -quien permanece desaparecida- fue confinada en "El Campito", donde fue vista con vida al menos por dos sobrevivientes. En ese lugar dio a luz a una niña, a la cual le fue sustituida la identidad y permaneció desaparecida hasta 2009, cuando se convirtió en la nieta restituida número 97.

En tanto, Juliana, su hija más pequeña, por entonces de tres años, fue entregada horas después del operativo a su abuela materna por el personal de la comisaría de Villa Adelina.

Alfonso había sido detenido en 2008 pero al año siguiente recuperó la libertad gracias a la falta de mérito dictada por los jueces Jorge Eduardo Barral y Hugo Rodolfo Fossati, de la Cámara Federal de San Martín. Cuando Casación revirtió aquella resolución y la jueza Alicia Vence ordenó detenerlo ya se había fugado. Corría el año 2012, y se había escondido en Paraguay con falsa identidad con el nombre de Walter Fariña Falcón.

Por su parte, el caso de la beba nacida en cautiverio y luego sustraída y apropiada forma parte del objeto del juicio oral y público que comenzó en la Capital Federal al ex jefe del Comando de Institutos Militares con asiento en la guarnición de Campo de Mayo, Santiago Omar Riveros, y al ex jefe del Servicio Clínica Médica del Hospital Militar que funcionaba en aquella dependencia, Raúl Martín.

Alfonso, mano derecha del ex jefe del Ejército Ricardo Brinzoni, fue quien en 2001 recorrió las guarniciones de Campo de Mayo, Córdoba y Bahía Blanca exigiendo que todos los oficiales firmaran un recurso de hábeas data que se presentó ante el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asamblea Permanente por los Derechos del Hombre (APDH) y la Conadep para que esos organismos informaran qué datos tenían sobre 663 oficiales. El abogado que encabezaba el escrito como representante del Ejército era Juan Torres Bande, quien era por ese tiempo apoderado y dirigente de la organización neonazi de Alejandro Biondini.

Por su parte, López Fader, detenido en marzo del año pasado, llega acusado a esta instancia por la privación ilegal de la libertad agravada por la aplicación de tormentos y el homicidio de Diego Muniz Barreto y por los mismos delitos y la tentativa de homicidio contra su colaborador, Juan José Fernández, en hechos ocurridos entre febrero y marzo de 1977.

Las dos víctimas -detenidas ilegalmente el 16 de febrero- se encontraban secuestradas en "El Campito" desde el 18 de febrero. El 6 de marzo fueron sacadas por un grupo de represores con el objeto de asesinarlas. De acuerdo con la acusación, López Fader fue parte del grupo que retiró del Comando de Institutos Militares de la Guarnición Campo de Mayo a las dos víctimas -donde fueron llevadas desde el centro clandestino- y los trasladó hasta el kilómetro 126 de la Ruta Nacional 18, a orillas del Río Paraná, en la provincia de Entre Ríos.

Este juicio en desarrollo se da en el marco de los juicios que integran la Megacausa Campo de Mayo: dentro del predio de unas 5.000 hectáreas, desde 1976 hasta 1980, funcionaron cuatro centros clandestinos de detención tortura y muerte: El Campito o Los Tordos, Las Casitas o La Casita, el Hospital Militar y la Prisión de Encausados y una maternidad clandestina sitio en el que más de 30 mujeres parieron en cautiverio, donde el médico y militar Norberto Bianco beneficiado impunemente otorgándole la libertad luego del nefasto fallo del 2 x 1 era quien participaba en los partos que se realizaban en la misma, y el encargado del traslado de las jóvenes detenidas desaparecidas desde otros CCD para hacerlas parir allí y posteriormente apropiarse de sus hijos, pieza fundamental del plan macabro trazado junto a otros médicos militares como Raúl Martin, quien hoy afronta el juicio de Hospital militar Campo de Mayo, absuelto en 2014 en otro proceso por robo de bebes.

Además de oficiales y suboficiales del Ejército, prestaron servicios allí agentes de la Policía Federal, Prefectura y Gendarmería, que aportaron guardias e interrogadores. La zona IV incluyó también lugares de detención en decenas de comisarías de la policía bonaerense.

Campo de Mayo fue uno de los centros clandestinos de detención con más desaparecidos en el país, en su gran mayoría obreros y estudiantes de la Zona Norte de Buenos Aires; las fábricas Terrabusi, Ford, Mercedes Benz, Astarsa, son sólo algunos ejemplos. Por allí pasaron más de cinco mil personas; es la mayor causa por delitos de lesa humanidad y solo un puñado sobrevivió para contarlo y dar testimonio.

En este juicio como en tantos otros, las dilaciones, maniobras y trabas del poder judicial, donde a cuenta gotas se inician los debates de la mano del reloj biológico que corre a los genocidas que finalmente mueren sin condenas, se les otorga libertad, o vuelven a sus casas gracias al beneficio de la prisión domiciliaria, significan una ínfima porción del conjunto de civiles, militares y poder eclesiástico participes del plan genocida.

No es solo discurso, en su política de perdón y reconciliación el gobierno pretende deslegitimar una verdad histórica, en la que represores, militares y civiles fueron parte de un plan de exterminio.

Frente a ello, sigue en pie la lucha sin descanso de víctimas, familiares, organismos de DD.HH independientes de los gobiernos, quienes llevan sus banderas en alto en búsqueda de memoria, verdad y justicia.








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