Política Estado Español

DETENCIONES CONVERGENCIA

El 3% de CDC desnuda su carácter de partido de las grandes empresas

La “Operación Petrum” o del 3% se lleva por delante al tesorero de CDC. Mas lo presenta como un ataque al proceso, y que él y su partido serían victimas. Pero si algo queda claro es que el partido de los grandes constructores no puede ser un compañero de viaje para la izquierda y los trabajadores.

Ivan Vela

Barcelona | @Ivan_Borvba

Jueves 22 de octubre de 2015

Foto: Izquierda Diario

Hoy se ha vuelto a escribir un nuevo capítulo de la “Operación Petrum”, la investigación abierta por el juzgado del El Vendrell que busca dilucidar el presunto pago de comisiones del 3% por parte de constructoras a los ayuntamientos dirigidos por CDC. Desde las 10 de la mañana, cuatro coches y una furgoneta de la Guardia Civil se han presentado en la sede de CDC en la calle Córsega de Barcelona para iniciar el registro. Según el mismo coordinador del partido, Josep Rull, en el edificio han quedado retenidos dos trabajadores durante la intervención.

Esta nueva operación, que ha tenido como plato fuerte la detención de tesorero del partido Andreu Viloca, no se ha limitado a la sede de CDC. Durante el día se ha detenido a media docena de empresarios relacionados con el pago de comisiones al partido catalán. Entre los detenidos están los consejeros delegados de las constructoras Copisa, Xavier Tauler; de Rogasa, Juan Luis Moreno, y del Grupo Soler, Jordi Soler. También se han llevado registros en los ayuntamientos de Olot y Sant Fruitós de Bages, además de en una decena de empresas y otros tantos domicilios particulares.

Esta operación ha sido dictada por el juez de instrucción de El Vendrell en busca de pruebas sobre los supuestos cobros ilegales. Busca por lo tanto el mismo objetivo que los anteriores registros acometidos a finales del pasado mes de agosto en la misma sede de CDC y el ayuntamiento de Torredembarra, que finalizó con la entrada en prisión del alcalde del municipio, Daniel Masagué.

Mas se defiende utilizando el proceso catalán.

El president en funciones de la Generalitat, Artur Mas, ha comparecido en rueda de prensa para denunciar estos nuevos registros como un acto de “acoso y derribo” al proceso catalán y a su propia persona. Mas ha asegurado que no desconfía de la gestión de los responsables de CDC y que cuando ha requerido información interna “la respuesta ha sido que todo esta correcto, y yo si ésto me lo dice en la gente en quién confío, no tengo que decir nada más”.

Mas ha afirmado que “no tengo problema en comparecer esta semana en el Parlament para explicar y mostrar los documentos necesarios” para demostrar que todo los procesos de concesiones de obra pública se han llevado a cabo con la “mayor transparencia”. El lunes se cumple es el plazo máximo para la constitución de la nueva cámara catalana en la que CDC, integrada en la lista de JxSí, no tiene una mayoría suficiente para investir en solitario al actual president.

Las negociaciones entre JxSí y la CUP, apremia a CDC y a Artur Mas a tomar medidas frente a las acusaciones de corrupción. Este punto es justamente uno de lo que apela el partido de Antonio Baños para negarse a apoyar su investidura, no así un posible gobierno de concentración con participación destacada de su partido. Una idea que roza la ilusión de que fuera posible separara el grano y la paja dentro del partido histórico de Pujol que ha gobernado más de 30 años en Catalunya. Si algo demuestra éste y otros casos de corrupción es que no es un problema de personas, sino del carácter de clase de este partido, el principal representante de los intereses de las grandes empresas y familias catalanas.

No todos los juicios son iguales

Es indudable que la “oportunidad” de esta operación contra la corrupción no es ni inocente ni imparcial. La judicatura es una de las instituciones que junto al gobierno del PP se han puesto a la cabeza de la ofensiva españolista contra el proceso catalán. El Estado usa todos los medios a su alcance. Entre ellos sobre todo aquello que ha hecho la vista gorda durante más de 30 años ahora tiene un repentino interés en destaparlo.
Si algo indica la trama del 3% es la estrecha connivencia de CIU con los partidos, instituciones y mecanismos de corrupción política propios del Régimen del 78. CIU han sido durante todo este tiempo los lugartenientes del régimen político español en Catalunya. Su particular casta. Los representantes de las grandes familias. Y en esto no han cambiado aunque hoy hablen de derecho a decidir e independencia, o permitan que un ecosocialista encabece su lista unitaria.

Sin embargo más allá de la utilización que le quiera dar el Estado central a la “Operación Petrum” hay que denunciar con todas las letras los intentos de Mas de querer esconderse detrás del proceso para defender la corrupción que cala hasta los huesos a su partido. Querer presentarse como “víctima” por parte de Mas y CDC por ese proceso no puede dejar de ser indignante.

Que quiera equiparse este caso con el juicio por el 9N es un insulto a los millones de catalanes que vienen peleando por su derecho a decidir. Lo que se juzgó el pasado 15 de octubre, aunque el imputado fuera Mas, fue la consulta de hace casi un año. Una gran movilización democrática. Hoy los nuevos imputados son simplemente parte de esa casta que se ha hecho de oro a costa de la especulación urbanística y el expolio de las arcas públicas.

Esa es la casta del 3%. Ese es el ADN de CDC. El problema no es Artur Mas. El problema es el partido de las grandes familias catalanas. El Estado central querrá usar este caso para avanzar contra las demandas democráticas de millones. No caer en su trampa no implica ni la más mínima solidaridad con Mas. Para combatirla desde una posición independiente hay que empezar a plantear sin ambages que con Mas y el partido del 3%, es decir toda CDC, no hay acuerdo posible.

Para conquistar el derecho a decidir, y sobre todo para poder abrir un proceso constituyente donde poder “decidir y cambiarlo todo”, no hay entendimiento posible con los representantes políticos de Copisa, Rogasa o Urbaser. La lectura que hay que hacer desde la izquierda y los trabajadores es que ellos no pueden ser compañero de este viaje.






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