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El 20N mexicano: un punto de inflexión para el gobierno

La imponente masividad de la marcha del 20 de noviembre mostró los límites de la política del gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que ha apostado al cansancio del descontento nacional que empezó como un movimiento democrático y adquirió un carácter claramente anti gubernamental.

Martes 25 de noviembre de 2014 | Edición del día

El grito masivo de ¡Fuera Peña Nieto! que resonó en las calles y zócalos del país, dan cuenta de la magnitud de la crisis que enfrenta el gobierno; hacía recordar el “¡Fora Collor!” en Brasil de 1992 y el “¡Qué se vayan todos!” en Argentina de 2001.

La contundencia del reclamo popular arrincona cada vez más a Peña Nieto y al PRI; su impotencia para frenar el descontento es evidente. Ejemplo de esto es la fracasada intención desmoralizadora de la conferencia de prensa de la Procuraduría General de la República, el viaje a China en medio de la crisis nacional, el escándalo de corrupción provocado por el caso de la propiedad en las Lomas de Chapultepec, que lo obligó a exhibir a la “primera dama” al pretender –fallidamente- aclarar ante los medios, y a él a hacer una declaración de bienes que recibió como “donativos” en plena función de su cargo como gobernador del Estado de México.

A la imagen de un gobierno asesino, se ha sumado la de gobierno corrupto, hecho significativo, dada la naturalización que ha tomado en el país esta característica gubernamental. Hoy no hay ningún asesor de imagen ni consorcio televisivo que pueda lavar la imagen de este presidente. Las medidas del gobierno están resultando contraproducentes para sus objetivos, y transforman la pasividad y el descontento soterrado en protesta activa.

La fuerza de este fenómeno político y social y su réplica a nivel internacional, es un salto en el desprestigio del presidente ante los gobiernos de muchos países del mundo, y repercute en la diplomacia exterior mexicana. Se diluye la idea del país ideal que el gobierno quiere vender al exterior para hacer negocios y atraer inversión como salida al escaso crecimiento de la economía nacional (2.2%), la baja en los precios internacionales del petróleo y la pérdida de fuerza del peso ante el dólar.

Esta pérdida de credibilidad del gobierno, se confirma con la incorporación a la movilización de sectores que no se habían expresado aun, fundamentalmente de la clase media, el mundo cultural y de sectores plebeyos. En ese marco, destaca como un nuevo elemento la incorporación, aunque de forma todavía incipiente, de sectores de trabajadores -entre ellos los sindicatos opositores integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores-, lo que marca un importante elemento en el carácter de la movilización popular.

Es evidente la pérdida de base social del PRI en sectores de clase media y populares, como se vio en la marcha del 20N. Solamente el gran control corporativo de los sectores sociales (obreros, campesinos, estatales y populares) ejercido desde los años ‘30 por el priato a través de sus organismos cupulares, está evitando la libre expresión de esas masas descontentas. Pero de avanzar la movilización y mostrarse más impotente la política del gobierno (salvo que opte por la salida represiva), la crisis de hegemonía de los partidos del Congreso y del PRI en particular -el aparato político que representa a la clase dominante- sobre la sociedad, será más evidente y dará paso a una situación que pondrá a las masas a la ofensiva.

Así, el desprestigio y debilidad de la institución presidencial (como centro de la crisis de la “transición democrática”) a dos años de iniciado el sexenio, pone en aprietos los planes del PRI de un proyecto de largo alcance que implica profundos cambios estructurales en la relación entre los patrones y la clase trabajadora, y una integración mayor a los planes económicos, diplomáticos y militares de los Estados Unidos. Y por lo mismo, pone en crisis al régimen (la alternancia) que fue la base de las reformas reaccionarias que entregan el país al imperialismo.

De ahí la preocupación de Obama y del senado estadounidense porque Peña Nieto revierta esta crisis. En un sentido, el decreto de la Casa Blanca sobre la reforma migratoria no es solamente una medida desesperada del debilitado Obama ante los republicanos y el desencanto de la comunidad latina, sino que también ayudará a apuntalar al gobierno de Peña Nieto.

Una estabilidad amenazada y una incertidumbre política

Con un movimiento de masas a la ofensiva, un gobierno evidentemente a la defensiva, y una salida a la crisis que no parece a la vista, las contradicciones sociales se acrecientan creando una situación de incertidumbre política que no puede eternizarse. Es un momento político (una coyuntura histórica) que uno u otro “campo” debe resolver.

El fortalecimiento de la movilización nacional –cuyo epicentro sigue siendo la movilización de los familiares y normalistas de Ayotzinapa pero que expresa muchas demandas obreras y populares-, ha puesto sobre la mesa la “incapacidad” del presidente priísta para gobernar. Sectores de la burguesía empiezan a cuestionar el manejo de la crisis por Peña Nieto y sus colaboradores más cercanos.

Algunos analistas de esta clase sugieren una “refundación de la república”; otros, necesarios cambios en el gabinete y una “reforma política. Algo que evite que el ¡Fuera Peña! (y todo el gabinete) se haga realidad como parte de una salida favorable a las grandes mayorías, con las repercusiones que esto tendría en los Estados Unidos. Es decir, reformar lo irreformable. Una salida gatopardista para que todo siga igual.

Sería una reedición –bajo formas ya no basadas en un “congreso plural”- de la “transición democrática” de 2000, acordada por los tres partidos señalados hoy como lo que sumieron al país en la barbarie (PRI-PAN-PRD). En contra de esta salida, está la inexistencia de una figura como la que representó Cuauhtémoc Cárdenas del 1988, que ocupó el centro de la escena y actuó como desvío de la crisis terminal del priato.

Otro sector aconseja, por encima de la relación de fuerzas, una salida dura que muestre la naturaleza autoritaria que mantuvo al PRI 70 años en el poder, y que es el discurso esgrimido los últimos días por Peña Nieto, y se vio en la represión al final de la marcha del 20N.

Sin embargo, una salida tipo 1968, debilitaría el modelo político que quiere inaugurar el “nuevo” PRI, y primarían más los rasgos dictatoriales, cosa que esta democracia degradada trata de evitar. Y además, en una situación como la actual, podría despertar un verdadero incendio y catalizar la entrada en escena del conjunto de la clase trabajadora. Un panorama opuesto al que quieren la clase dominante y EE.UU.

Pero lo hacen porque ven que la movilización –pese a su combatividad- no avanza programáticamente (más allá del ¡Fuera Peña!) ni organizativamente y todavía no es consciente de la fuerza social que representa. Pero sobre todo, porque aún no aparece en escena la clase obrera con sus principales batallones cuestionando quién gobierna, quién hace las leyes; es decir, qué clase dirige la nación.

Entre tanto, el gobierno intenta varias maniobras retardatarias para negociar con los padres de los normalistas asesinados y desaparecidos (y los normalistas mismos), con los estudiantes del Politecnico, entre otros, al mismo tiempo que enseña el músculo para amedrentar e inhibir la protesta.

La represión en el zócalo en las dos últimas marcha con el pretexto de frenar las “acciones directas de los anarquistas (a todas luces una provocación con infiltrados), y la detención y traslado de los detenidos a otros estados, es la política del “bombero loco” que apaga el fuego con gasolina. Es impotencia política.

Es parte de una política desesperada de Peña Nieto (que responde a las presiones empresariales que critican su impotencia) de “comprometerse” a atender los reclamos de los normalistas, mientras defiende -con la Policía Federal y la del DF- el “estado de derecho” de los intentos de “desestabilizar” su proyecto de nación.

Aunque es pronto para definir el rumbo del sexenio, sí podemos afirmar que, si esta crisis hirió gravemente al PRD que hoy atraviesa una gran crisis interna -y golpea al régimen que se apoyaba en la existencia de una centrozquierda funcional a los planes de la clase dominante-, el PRI (que quiso mostrarse “renovado” en el nuevo régimen), enfrenta una ruptura con las masas que, pasiva, o activamente lo consideraron un actor natural del sistema político nacional. Una relación de gobernantes y gobernados que ya no será igual. Una cosa es segura: ni Peña Nieto se va a ir por sí solo, ni el PRI dejará de existir sin la acción decidida de las masas trabajadoras.

No es fácil una reforma interna del PRI para perpetuarse, toda vez que ya lo hizo en 1938 y en 1949, manteniendo su hegemonía política desde su fundación en 1929. Y con la gravedad de tener que hacerlo en una época de crisis mundial de la economía y mayor compromiso de subordinación a los EE.UU.

Sin embargo no es descartable que, como una probable maniobra de la burguesía, se esté considerando la conveniencia de no sostener a Peña Nieto si crecen el descontento y la movilización (en España en 1931 la burguesía hizo abdicar a Alfonso XIII para mantener el poder).

Es necesaria una huelga general política que eche a Peña y a su gabinete de Los Pinos. Impongamos un gobierno provisional de las organizaciones obreras, campesinas y populares que luchan contra los planes de miseria y autoritarismo. Un gobierno que convoque a una Asamblea Constituyente Libre y Soberana que discuta que tipo de país queremos y como acabar con la medidas que nos ataron a los planes del imperialismo; que sumieron al pueblo en la barbarie y la miseria, y que soluciones políticas donde es la misma clase dominante la que termina alternándose en el poder.







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