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Edad jubilatoria y tarifazos: ¿si pasa, pasa?

Idas y vueltas, declaraciones, anuncios y contraanuncios. En una semana, el gobierno tuvo que salir a desmentir al menos tres políticas de ajuste planteadas por ellos mismos

Viernes 21 de febrero | 22:45

En los últimos días, distintos funcionarios del gobierno pusieron en agenda medidas de ajuste que rápidamente generaron rechazo en redes sociales. Ante cada anuncio o declaración antipática, otro miembro del equipo de Alberto Fernández, o el presidente mismo, salieron a aclarar que, en realidad, no tenían pensado aplicar esas políticas… por ahora.

Primero fue la cuestión del aumento de la edad jubilatoria, una de las medidas fundamentales que se plantea cada vez que se habla de reforma jubilatoria. En una entrevista, el ministro de trabajo Claudio Moroni afirmó que, con motivo del crecimiento de la expectativa de vida, el sistema jubilatorio tendría que “ir adaptándose”.

Al día siguiente, Alejandro Vanoli escribió en Twitter: "Desde ANSES queremos aclarar que no está previsto modificar la edad jubilatoria en el régimen general". Más tarde Moroni también salió a desmentir sus propias declaraciones.

Para que el bolsillo no descanse tranquilo, apareció Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo prometiéndole tarifazos al FMI: “habrá una revisión del esquema tarifario y luego una actualización de esas tarifas”, afirmó.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, lo confirmó poniendo una fecha más aproximada para junio, pero lo minimizó explicando que los aumentos serían “para los sectores que lo puedan soportar”. Una frase que, siguiendo lo que viene siendo la política “solidaria” del gobierno, podría significar aumentos para, por ejemplo, jubilados que cobren apenas por encima de la mínima.

Mario Meoni, el ministro de Transporte, se sumó a la caravana y avisó que en mayo vuelven los tarifazos al transporte público, después de unos pocos meses de congelamiento. Que la SUBE no tenga respiro.

Ni más ni menos que Alberto Fernández tuvo que salir en una entrevista a bajar los humos, planteando que “no está en cartera hoy el aumento de tarifas”. Y después agregó: “Que nadie se apure, no sé si en junio vamos a estar en condiciones de hacer eso porque lo que a mí más me preocupa es que unos pícaros dejen de ganar en detrimento de la gente”. Además dijo que quiere investigar quiénes se llevaron la plata de los tarifazos durante los cuatro años de macrismo, algo que saben millones de trabajadores, porque no es ningún misterio. Por lo demás, el presidente dijo que no habrá tarifazos ahora, pero no negó que vayan a aplicarlos en junio.

Por último, este viernes el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dio marcha atrás con la exclusión del -miserable- aumento que había decretado para los trabajadores estatales, dejando afuera a 11000 laburantes. Los afectados eran quienes estaban contratados por “locación de servicio” y bajo el régimen de “locación de obra”. Si bien no hubo declaraciones públicas, un instructivo interno “rectificó” la resolución.

Quizás me recuerden de películas como “Cambiemos”

Este método de tirar de la cuerda, ver cómo afecta al humor social cada medida de ajuste, y dar marcha atrás o no en función del resultado, no es un invento novedoso sino una política que el peronismo está tomando prestada del gobierno de Mauricio Macri, reconocido por la frase “si pasa, pasa”.

Cambiemos se cansó, durante sus cuatro años de mandato, de avanzar y retroceder en sus planes. Pero no solo lo aplicaba a medidas de ajuste estrictamente económico sino también a resoluciones políticas y sociales. Por ejemplo, cuando quisieron pasar por decreto los pliegos de los juristas Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti para la corte suprema.

Otro caso fue cuando el Ministerio de Desarrollo Social que comandaba Carolina Stanley decidió recortar las pensiones para personas discapacitadas. El escándalo fue tal que hasta la iglesia tuvo que salir a criticar al macrismo, y la medida se anuló.

También fueron muy repudiados cuando quisieron convertir en trasladable el feriado del 24 de marzo, como una provocación a los organismos de derechos humanos y a las miles de personas que se movilizan todos los años exigiendo memoria, verdad y justicia.

No se trata de comparar a un gobierno con otro. Por supuesto, Cambiemos llevó esta política mucho más allá, con intentos de ataques más duros en los que tuvo que retroceder, no solo por un clima de bronca, sino por movilizaciones de masas. Por ejemplo cuando quiso imponer el 2x1 para los genocidas y la respuesta popular fue una Plaza de Mayo colmada al día siguiente. Incluso tuvo que frenar la reforma laboral después de la crisis política que se abrió en diciembre de 2017, como consecuencia del robo a los jubilados repudiado y resistido en las calles a pesar de la brutal represión que desató Patricia Bullrich.

Pero lo que si es cierto es que el modus operandi es similar, y no se utiliza en función de atacar a los grandes grupos empresarios, los fugadores seriales, los banqueros que se llenaron de plata durante todo el gobierno de Macri, por ejemplo, sino contra trabajadores precarizados, jubilados y el pueblo pobre que se ve en la obligación de destinar una gran parte de sus ingresos al pago de las tarifas todos los meses.







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