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OPINIÓN

Economía, reforma de la Caja Militar y lucha presupuestal en Uruguay

Las últimas semanas han estado marcadas por las discusiones alrededor de las directrices del gobierno hacia la Rendición de Cuentas, mientras el crecimiento económico es débil y el contexto regional e internacional incierto.

Miércoles 14 de junio | Edición del día

A nivel económico, organismos internacionales como el FMI auguran un crecimiento de alrededor de 1,5% para el PBI del país. El contexto internacional es incierto y en Latinoamérica el gigante brasileño se encuentra hundido con una pérdida de más de 8% del PBI en dos años y una crisis política y social proporcional a las dimensiones del país.

En Uruguay, el gobierno, que en el período de Mujica se caracterizó por intentar una “unidad” económica con Brasil, desde 2014 ha abandonado esa política. Los primeros años de gobierno del Frente Amplio se distinguieron por un modelo basado en el consumo interno apostando a un dólar barato, la llegada de inversiones extranjeras, y en records de exportaciones de materias primas traccionado por la demanda china.

Estos factores fueron la contratendencia que generó que mientras estallaba y se recrudecía la crisis económica en los países centrales, Uruguay mantuviera niveles de crecimiento “a tasa china”. Esto con niveles de endeudamiento externo records.
A mediados de 2013 y anticipándose a un posible cambio en los tipos de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos que hiciera apreciar al dólar, el gobierno cambio la Tasa de Política Monetaria del Banco Central, para ir hacia un proceso de devaluación paulatina del peso. Desde Mayo de 2013 a igual mes de 2016, el dólar pasó de 19 a 32 pesos, aunque actualmente está en el entorno de los 29 pesos por factores externos. El objetivo con esto era reconvertir el modelo absolutamente al empuje de las exportaciones de productos primarios. Junto con estos objetivos comenzó a aplicar más a rajatabla los techos salariales, como forma de mantener los márgenes de ganancia empresariales y controlar el déficit fiscal, el precio del dólar, y la inflación.

En la actualidad el gobierno busca mantener “equilibradas” las cuentas, mientras la canasta básica familiar trepa los 68 mil pesos y 800 mil uruguayos percibe salarios menores a 25 mil pesos. El modelo sigue siendo el de los bajos salarios y trabajos precarios para la juventud.

Mientras tanto, en ese “equilibrio”, el gobierno prioriza las calificadoras de riesgo como Moody’s y Standard & Poors y las recomendaciones del FMI, buscando llevar más a fondo los ajustes presupuestarios a costa de los servicios básicos para el pueblo trabajador.

El espejismo de la reactivación económica se choca de frente contra las tendencias económicas y políticas regionales e internacionales. La desocupación se encuentra en 8.8% interanual y los cierres de fábricas se han multiplicado exponencialmente. Los casos testigos más notables son FRIPUR, CHERY, FANAPEL, ECOLAT, y ahora Impresora Polo. Empresarios locales y extranjeros que ante el achicamiento de su margen de ganancia no dudan en dejar cientos de familias en la calle, mientras el gobierno cumple el rol de “garante” de la impunidad empresaria con Juan Castillo desde la Dirección Nacional de Trabajo.

El mayor endeudamiento al que es sometido el país, y la estructura económica profunda que continua, condenan al país al atraso económico y mayor sometimiento al capital trasnacional. Esto es una política de estado y todos los partidos del régimen tienen acuerdo.

Las últimas horas han sido testigo de una nueva colocación de deuda por parte del estado uruguayo, y del préstamo del Banco Mundial para las obras de infraestructura a la medida de UPM.

La Caja Militar y la apelación a los símbolos

Mirando las encuestas hacia 2019, el Frente Amplio pone nuevamente en la agenda nacional la discusión de la reforma de la Caja Militar. Una demanda sentida por la población y por demás popular. ¿Quién no estaría de acuerdo en atacar todos los privilegios de los que goza la oficialidad castrense? La ley consensuada entre las distintas alas del elenco gobernante sube el tope jubilatorio a 60 años, con 30 años de servicio en las fuerzas, y pone un tope de 100 mil pesos en las jubilaciones. Una manera que encontró el gobierno de “hacer caja”, apelando a la simbología del ataque a esa institución que aún continúa impune por los crímenes cometidos bajo la dictadura. Para que no queden dudas del “ataque de izquierdismo” que podría estar sufriendo el FA, Vázquez realizó el Consejo de Ministros en el Cuartel de Blandengues, mostrando que el gobierno no tiene ningún problema personal con la institución. Solo es cuestión de dinero.

Si María Urruzola en su libro plantea la tesis de la importancia para Huidobro de hacer de las FFAA una “propiedad privada” del partido de gobierno (como lo fueron para el Partido Colorado); lo que en concreto tuvo no solamente la lealtad del ex tupamaro para defender el presupuesto de las fuerzas, o la defensa de su impunidad, la reforma de la Caja Militar viene a ser un intento de domesticación de la oficialidad, quitándole cualquier juego propio, y mostrando un “equilibrio” con el resto de las fuerzas de seguridad, también favorecidas por el gobierno.

Por un lado el gobierno apela a esas banderas que le devolverían algún rasgo “izquierdista” que pueda revitalizar a su desmoralizada base, mientras por el otro ya llevamos dos meses de decreto antipiquetes contra las luchas populares, el presupuesto para la represión interna se mantiene, y si para muestra falta un botón, el gobierno en su proyecto de rendición de cuentas adelanta que no solo no habrá 6% del PBI para la Educación Pública, sino que el dinero busca destinar será menor que el monto prometido.

La lucha por presupuesto y la organización democrática de los de abajo

No sorprende esta postura si miramos los años anteriores, donde el gobierno se ha mostrado con “puño de hierro” contra docentes y estudiantes, llegando a decretar la esencialidad en 2015.

Los trabajadores de ANCAP están luchando contra este antidemocrático decreto heredado del “Pachecato”.

En las últimas semanas se han conocido acciones de lucha de distintos sectores de la comunidad educativa. Paros zonales, ocupaciones de centros de estudio, y movilizaciones de CSEU y la FEUU, y un paro parcial del PIT-CNT para el próximo 21 de junio.

La acción directa expresada en los piquetes, concentraciones, y cortes de calle votadas desde los gremios de estudiantes secundarios es un gran punto de apoyo para sacar el conflicto educativo a las calles. Es un elemento peculiar que en conflictos anteriores no existió o no era tan notorio.

En esta lucha, los piquetes y la movilización tienen la doble función de elementos unificadores y visibilizadores del conflicto, así como enfrentar el decreto del gobierno contra los piquetes que debe caer. Es una lucha contra un estado que sigue espiando la protesta social, así como lo han hecho en las luchas sociales desde 2013 a través del Departamento de Operaciones Especiales (DOE).

Pues la forma de torcer el brazo al gobierno y el conjunto del parlamento será garantizando la unidad desde las bases de los distintos sectores en lucha. Los docentes de secundaria, los de UTU, los estudiantes secundarios, y docentes, no docentes, y estudiantes universitarios, tienen la fuerza necesaria para desarrollar en unidad acciones que pongan en jaque el gobierno. La tarea será desarrollar todas esas energías garantizando la organización democrática desde la base en asambleas por sindicato y coordinaciones y asambleas intersindicales. El 6% del PBI para la educación se impondrá con voluntad de lucha y una relación de fuerzas superior a la alcanzada en los conflictos pasados.

Será necesario ir por la organización amplia y democrática de quienes participamos en la comunidad educativa. Apostando a la democracia directa y tomando en manos propias la lucha.

De lo contrario, las cúpulas de la CSEU y el PIT-CNT tendrán las manos libres para maniobrar los tiempos de la lucha.

Estas son las peleas que creemos importantes quienes hacemos La Izquierda Diario, e impulsamos las agrupaciones Tesis XI en la UDELAR y la agrupación de Mujeres Pan y Rosas. En este camino, será necesario que los trabajadores, las mujeres, y la juventud, deliberen y construyan su propia organización democrática e independiente, con sus propios métodos de lucha. Una Corriente de Trabajadores y Trabajadoras que luche por el socialismo.








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