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Duarte, Yarrington y Borge: los gobernadores de la impunidad y la corrupción

La nueva generación priista de Enrique Peña Nieto en el centro de la escena, acusada de corrupción. Un lastre para el gobierno en el fin de sexenio.

Pablo Oprinari

Ciudad de México / @POprinari

Miércoles 19 de julio | 15:37

Esta semana, la “nueva generación” del PRI ocupó literalmente los medios de comunicación. Roberto Borge, ex gobernador de Quintana Roo, sujeto a un juicio de extradición en Panamá. Javier Duarte, ex mandatario de Veracruz, extraditado de Guatemala, ingresó al Reclusorio Norte en un verdadero show mediático. De estos dos, Peña Nieto dijo en el 2012 que eran la expresión de la “renovación priista”. A esto se suma el caso de Tomas Yarrington, expulsado del PRI desde el año 2012 y ex gobernador de Tamaulipas, quien está dilatando su extradición desde Italia, presentándose como “perseguido político”.

Pesado lastre que arrastra el gobierno de Peña Nieto. Hace algunas semanas se divulgó que un 58% de los mexicanos “no le cree nada”. Si no los maneja adecuadamente, estos casos de corrupción y lavado de dinero que involucran a ex funcionarios públicos priistas -varios de ellos cercanos al presidente- pueden hundir aún más su credibilidad.

Si Peña Nieto y el PRI quieren poner tierra de por medio con Duarte, Borge y Yarrington, les conviene que sean juzgados y condenados con celeridad. De esa forma, el gobierno podría presentarse castigando a los “corruptos”, justo cuando lanzó el Sistema Nacional Anticorrupción, en medio de importantes críticas. Y tal vez mejoraría la imagen del PRI hacia las próximas elecciones, en medio del enojo popular con el enriquecimiento de la “clase política”, del cual son expresión obscena los ex gobernadores.

Sin embargo, el ambiente huele a impunidad. Tomás Yarrington logró que la audiencia de extradición en Florencia, Italia, se posponga hasta el 21 de septiembre. Roberto Borge obtuvo un amparo: un juez de Quintana Roo congeló cualquier orden de aprehensión en su contra. A Javier Duarte no sólo lo juzgarán por una mínima fracción del dinero que desfalcó; le suspendieron además dos ordenes de aprehensión en su contra. Y además, se anunció su posible traslado a un penal “V.I.P.”, el Centro Federal de Rehabilitacion PsicoSocial (Ceferepsi), donde está preso Mario Villanueva, otro ex gobernador de Quintana Roo.

No es fácil que escapen a una condena, y los costos políticos para el PRI serían enormes. En el caso del ex gobernador de Veracruz, ya en poder de las autoridades mexicanas, es posible que terminen negociando los términos de su encarcelamiento. Eso le permitiría al gobierno tener cuando menos un chivo expiatorio.

Al salir de su celda en Guatemala, Duarte dijo cínicamente “Que empiece el show, cámara, acción...”. Que mejor descripción de los actuales procesos por “lavado de dinero” que involucran a la “clase política”. Los mismos son un verdadero montaje para que creamos que el problema son algunas manzanas podridas. La corrupción es inherente al capitalismo: los políticos al servicio de los empresarios (y del narco) reciben privilegios y prebendas como resultado de favorecer sus intereses; la muestra de ello pueden encontrarse en todos los partidos patronales de este régimen político. Duarte, Yarrington y Borge son el ejemplo más escandaloso en la actualidad, pero sólo son la punta del iceberg.






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