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IMPUNIDAD

Dos nuevas domiciliarias a genocidas: la impunidad no se toma vacaciones

Dos genocidas, condenados a prisión perpetua, reciben la prisión domiciliaria. Antonio Musa Azar, el jefe de la "Gestapo" santiagueña, y Rafael Barreiro, que actuó en el Regimiento de Infantería 9 de Corrientes son los nuevos beneficiados por el Poder Judicial. Dos más que se suman a la lista de los 549 genocidas con arresto domiciliario.

Domingo 7 de enero | 00:00

Feria judicial mediante, los fallos a favor de la impunidad a genocidas no descansan. Es así que Azar, sentenciado en cuatro juicios a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, recibió este viernes el beneficio de la prisión domiciliaria otorgado por el Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero.

Mientras que el militar Rafael Barreiro encontró al juez en feria, Fermín Ceroleni, dispuesto a otorgarle este beneficio, más allá de estar condenado aa cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos en el ex Regimiento de Infantería 9 de Corrientes.

El pedido de excarcelación de Musa Azar fue interpuesta por el abogado defensor, que es el hijo del genocida. Los argumentos se repiten como en cada caso que la defensa solicita este beneficio. La edad y su estado de salud.

El pedido fue aceptado por los jueces Domingo Batule, Abel Fleming y Carlos Lascano, integrantes del Tribunal.

El exjefe de Inteligencia de la Policía santiagueña, conocida como la "Gestapo santiagueña", por la atrocidad de sus crímenes, ayer recibió esta suerte de libertad, bajo la condena de los organismos de derechos humanos locales que rechazaron el fallo dictado por el mismo Tribunal, que el 11 de noviembre pasado le había concedido la prisión domiciliaria, que fue revocada a las 24 horas, por el reclamo de las querellas.

El abogado querellante, Pedro Orieta, cuestionó el fallo del Tribunal porque además se excede en su incumbencia. "Es una resolución arbitraria, antojadiza, en la que se autoadjudica la jurisdicción de los otros tribunales, porque Musa Azar tiene tres condenas a perpetua (en causas federales) y otra perpetua en tribunales de provincia", y agregó más datos de las irregularidades cometidas por los jueces: "Nosotros hemos presentado un recurso contra esa resolución del 3 de enero y hoy, sin tener en cuenta nuestra presentación, el Tribunal ha terminado ejecutando la domiciliaria, cuando ni siquiera la sentencia está completa", deploró Orieta.

Las querellas ratifican que la atención médica del genocida Musa Azar se la pueden otorgar en el Hospital de Ezeiza, donde existe una unidad de alta complejidad y en la que permaneció varios meses internado.

Las cuatro condenas a cadena perpetua que debería cumplir Azar, tres de ellas corresponden a los por crímenes de lesa humanidad, que cometió siendo jefe de Inteligencia de la Policía de Santiago del Estero, cargo que ocupó hasta después de la última dictadura militar.

La cuarta condena fue en 2008, por crímenes cometidos en 2003. La causa se conoce como "Doble crimen de la Dársena", por los asesinatos de las jóvenes Patricia Villalba y Leyla Nazar, en Santiago del Estero.

Bajo el feudo de los Juárez, cuando gobernaba Marina Aragonés de Juárez, Azar fue ascendido a secretario de Seguridad. Este doble crimen puso en jaque el poder de los Juárez. Las manifestaciones contra la impunidad en el doble crimen de La Dársena, mantuvo en vilo a Santiago del Estero durante años.

Según informaron fuentes judiciales el genocida cumplirá prisión domiciliaria en su casa, la misma que contaba con pájaros y aves exóticas.

Barreiro, el otro beneficiado

El ex militar Rafael Barrerio, condenado a prisión perpetua en 2008 por crímenes de lesa humanidad cometidos en el ex Regimiento de Infantería 9 de Corrientes, durante la última dictadura, recibió el fallo favorable del juez en feria Fermín Ceroleni.

Nuevamente se repite los argumentos de la defensa y del juez que falla a favor de los genocidas. El estado de salud del beneficiado. La realidad es que los condenados por crímenes de lesa humanidad podrían atenderse en hospitales dependientes del Servicio Penitenciario Federal.

Las domiciliarias, la herencia recibida

Azar y Barreiro nos son ni los primeros ni los últimos en recibir este beneficio. El último informe emitido por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH), en el cual da cuenta sobre el estado de los juicios por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar, arroja cifras alarmantes.

De acuerdo con el informe, “A diciembre de 2017, son 1.305 los imputados libres y 1.038 los detenidos. Un total de 599 personas ha fallecido; 499, antes de ser sentenciadas, y 100, luego del dictado de su condena o absolución. Por último, existen 37 personas que se encuentran prófugas de la Justicia”.

A esto se suma que “549 [de los condenados] se encuentran en arresto domiciliario mientras que 435 están recluidos en cárceles del Servicio Penitenciario Federal (SPF) o provincial, al tiempo que hay un internado por fuera del SPF y otras 53 personas se encuentran en dependencias de las fuerzas armadas o de seguridad”.

Estos beneficios a los genocidas condenados, no comenzaron en la era de Cambiemos. En 2015, bajo el final de mandato de Cristina Kirchner, 439 genocidas tenían arresto domiciliario y 603 estaba en prisión.

El presidente Mauricio Macri, que se manifestó contra el "festival de liberaciones", días después de la represión a manifestantes en la Plaza Congreso, dijo “El que tira una piedra está dispuesto a matar”, y le exigió a los jueces que “ejerzan su rol”.

Suponemos que esto mismo sostendrá el Presidente cuando se trata de quienes torturaron y asesinaron y desaparecieron 30.000 personas.

Evidentemente los jueces y el Gobierno tienen una doble vara para entender el código procesal y penal.

A los manifestantes que ejercen su legitimo derecho a expresar sus reclamos se los desaloja de la plaza a los tiros; arrestan, incluso, a los que no se movilizaron. Varios de ellos llevan 20 días presos por orden del juez federal Claudio Bonadío. En tanto, el juez Sergio Torres ordenó la captura de Fernando Ponce, y mantiene detenido en la cárcel de Marcos Paz a César Arakaki, otro integrante del PO. Mientras que a los responsables del genocidio de clase, los benefician.
Lo que e dice una Justicia de clase.








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