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DOS AÑOS BARCELONA EN COMÚ

Dos años de guerra contra los vendedores ambulantes

Dos años de la llegada de BeC al Ayuntamiento de Barcelona. Dos años de guerra sin cuartel contra los vendedores ambulantes. Dos años de racismo institucional.

Arsen Sabaté

Barcelona | @ArsenSabate

Jueves 1ro de junio | Edición del día

Foto: Antonio Litov / ID.es

Recientemente se cumplían dos años de la llegada de Barcelona en Comú al Ayuntamiento de Barcelona. “Por una Barcelona que garantice los derechos básicos y asegure unas condiciones de vida dignas a todas las personas que viven”, este era el titular de uno de los puntos fuertes del programa de Ada Colau y su equipo.

No obstante, al llegar al ecuador de la legislatura, muchas de las promesas de cambio social se han quedado en eso, en meras promesas. El incumplimiento del “compromiso de las escaleras" nada más coger el bastón de mando, el de acabar con los desahucios en una ciudad donde se siguen produciendo 7 al día, la olvidada remunicipalización de los servicios públicos mientras se concede a Florentino Pérez (CLECE) la asistencia domiciliaria, acabar con los sueldazos de los directivos de TMB a los que ahora se protege o eliminar la pobreza energética mientras se entrega a ENDESA la concesión de alumbrado público, son algunos ejemplos de ello.

Sin embargo, si hay algo que a caracterizado al “Ayuntamiento del cambio” de Barcelona en estos dos años ha sido el endurecimiento de la persecución policial hacia los vendedores ambulantes conocidos como “manteros”. En plena campaña electoral, la coalición liderada por Ada Colau defendía que se acabaría con la criminalización de la venta ambulante. Una vez en el poder nada más lejos de la realidad. Más de dos años de guerra contra los “manteros”, mesas negociadoras, planes de ocupación que no llegan a nada y sobre todo mano dura, mucha mano dura, este es el balance en la materia.

El “racismo institucional” de la marca Barcelona, ilustrado en la imagen habitual de “manteros” cargados de fardos huyendo de la Guardia Urbana, sigue siendo una postal típica en la Barcelona del “bien común”.

La legislatura empezaba con el flamante nuevo gobierno municipal de Barcelona en Comú aumentando las redadas y los operativos policiales durante el verano, lo cual desembocó en la primera protesta de vendedores y una carga policial de la Guardia Urbana en el mes de septiembre. Todo para impedir que los vendedores ambulantes pudieran exponer sus productos.

Siguiendo esta senda represiva el nuevo Comisario de Seguridad Ciudadana puso en marcha un nuevo protocolo de actuación de la Guàrdia Urbana, el código Victor Alfa. Con estas medidas se incrementó de forma permanente, la presencia y vigilancia en las zonas donde el colectivo del “top manta” acostumbraba a vender, sobre todo el Puerto, las Ramblas y las inmediaciones de Plaza Catalunya.

Desde entonces el colectivo sufre una espiral de persecución policial con agresiones físicas y verbales casi diarias en las salidas de metro, registros a domicilios, identificaciones y la confiscación sistemática de los productos que venden para subsistir. Todo ello, sin descontar las decenas de sanciones económicas que merman aun más, si cabe, la supervivencia de uno de los sectores más desprotegidos de la ciudad. Una situación que, dirigida por BeC y ejecutada por la Guàrdia Urbana, llega hasta la actualidad, incrementándose durante las temporadas navideña y estival.

Por todo ello, a finales de 2015 se presentó públicamente el Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes. Un paso importante en la organización de un sector que buscaba la legitimidad del colectivo contra la criminalización racista que vienen sufriendo y dotarse de más recursos para enfrentarse a una cruzada represiva sin precedentes. Y es que como señalaba en una entrevista Aziz Faye, portavoz y una de las caras más visibles del sindicato, “yo diría que no hay diferencia entre la represión que sufríamos con el anterior alcalde el convergente liberal Xavier Trias y la actual situación con Barcelona en Comú”.

Aun así, la campaña represiva hacia este colectivo ha ido profundizándose de forma contundente. El pasado mes de mayo de 2016, Sidil Moctar se convertía en el primer preso social del Gobierno de Barcelona en Comú. Moctar fue acusado de un delito de lesiones simplemente por defenderse del acoso e intimidación policial al que son sometidos a diario. Por su parte, Ada Colau salió a defender la supuesta "profesionalidad" con la que habían actuado los agentes de la Guardia Urbana.

Lo mismo hizo, defender a sus agentes, en el caso de un vendedor ambulante que fue herido en una persecución policial y se le obligó a ser atendido en el centro de salud custodiado por los agentes, sin encontrar momento para estar a solas con el facultativo y vulnerando todos los convenios de derechos humanos sobre la atención a detenidos. Otro caso fue el de Issa Seye, que fue internado en el CIE de Zona Franca durante 52 días tras ser detenido por una veintena de agentes de la Guardia Urbana.

Llegados aquí, cabe destacar que el mantenimiento de la campaña racista contra los manteros no es el único incumplimiento de programa de BeC. En su programa electoral plantean también la “disolución de la Unidad de Policía Administrativa y de Seguridad (UPAS) de la Guardia Urbana”. Y como vemos, no solamente no se ha avanzado ni un milímetro hacia su disolución, sino que el “Ayuntamiento del cambio” los ha puesto a pleno rendimiento contra el “top manta”. La UPAS es la unidad de antidisturbios de la policía municipal de Barcelona, uno de los cuerpos policiales con más denuncias por casos de maltratos o escándalos como el del 4F retratado en el documental Ciutat Morta.

Por otra parte, desde la fundación del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes, la campaña de criminalización y persecución hacia los “manteros” se viene cebando, en especial, contra sus portavoces. Lamine Sarr, portavoz del Sindicato y luchador por la defensa de los Derechos Humanos, fue detenido y encarcelado en la Modelo de Barcelona junto a otros cuatro trabajadores del top manta durante el verano pasado. El propio Aziz Faye fue detenido durante unas horas cuando se disponía a visitar a Issa Seye en el CIE de Zona Franca. Y Pape Diop, también fundador del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes fue golpeado por la policía secreta de la Guàrdia Urbana el pasado mes de junio.

Pero no solo eso, desde Barcelona en Comú se lanzó durante los meses de verano una campaña oficial de carteles por toda la ciudad para criminalizar a los “manteros” a ojos de la opinión pública, profundizando en la acusación mediática de organización mafiosa contra los vendedores ambulantes. Una muestra más del racismo institucional que se está llevando a cabo con el fin de “limpiar las calles” de “mantas” y complacer a los comerciantes y el lobby turístico de la ciudad.

Y es que mientras la “creme de la creme” de los empresarios barceloneses piden más contundencia contra los “manteros” para salvaguardar e intensificar así sus millonarios beneficios, BeC manda a la Guàrdia Urbana a hacer el “trabajo sucio”.






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