Géneros y Sexualidades

NACIONAL

¿Dónde está María Cash?

A 4 años de su desaparición, su familia sigue luchando por encontrarla. El 4 de julio de 2011 viajó de Retiro a Jujuy y no se la vio más. Iba a vender ropa de su propia marca.

Cecilia Mancuso

Dirigente Juventud PTS | @CeciMancuso

Jueves 9 de julio de 2015 | Edición del día

“Seguimos luchando contra molinos de viento”, dijo su madre, María del Carmen Gallegos de Cash. Agregó que: “No ha habido avances en la causa judicial”. La hipótesis más fuerte de su desaparición está relacionada con la trata de mujeres para la explotación sexual, situación en la que se encuentran desaparecidas más de 600 mujeres en nuestro país.

Los hechos

María Cash tenía 29 años cuando el 4 de julio de 2011 decidió viajar a Jujuy para vender ropa que ella misma diseñaba, 200 km antes de llegar a San Salvador decidió bajar en Rosario de la Frontera. Se comunicó con su amigo bonaerense Juan Pablo Dumon, que había arreglado su hospedaje en la capital jujeña, para contarle que se bajó porque “se había sentido incómoda en el micro”, según palabras de su amigo.

Juan Pablo le había comprado un boleto por Internet hasta San Salvador de Jujuy, ciudad a la que llegó en la madrugada del miércoles 6 de julio. De allí en más sus movimientos fueron confusos. La reconstrucción de la causa refleja que la joven fue a un hospital y pidió que la atendieran, se comprobó su identidad porque le pidieron el D.N.I, pero se fue antes de que el médico de turno la hiciera pasar.

El viernes 8 de julio mandó un e-mail a su familia pero sin esperar respuesta, deicidió hacer dedo hacer dedo en la ruta. Lo último que se sabe es que un transportista decidió llevarla y María se habría bajado frente al monumento de la Difunta Correa, sobre la ruta 34. Este es el último rastro que se tiene de ella.

Una incansable búsqueda

En un primer momento, la causa estuvo a cargo del juez de instrucción salteño Federico Diez, ya que fue en Salta donde se la vio por última vez. Asimismo, se abrió una investigación en Jujuy que era el lugar de destino de su viaje, a cargo del juez Javier Arostegui.

Durante unos siete meses, fue la justicia provincial la que llevó la causa principal, aunque a pedido de la familia también tomó intervención la jueza federal María Servini de Cubría. En febrero de 2012, la hipótesis principal de su desaparición fue ligada a “la trata de personas” y la investigación pasó a manos de la justicia federal, a cargo del Juez Miguel Antonio Medina en el Juzgado Federal N° 2 de Salta.

Justicia mediante, la familia no ha dejado de buscarla. "Ya vamos por el cuarto abogado, pero soy yo la que llama a preguntar, a averiguar si están haciendo algo para encontrar a María", contó la madre.

#NiUnaMenos

Para los familiares de las víctimas, la respuesta más común intenta convertirlas en merecedoras de la tragedia: “en algo estaba metida”, “¿por qué viajaba sola una mujer joven?”, “¿de quiénes se rodeaba?”. Pero están ausentes las verdaderas preguntas que ni los gobiernos nacional y provinciales, ni la justicia pueden responder, porque las incriminan: ¿quién sostiene el negocio de la trata?, ¿cómo es posible que los prostíbulos donde están secuestradas cientos de mujeres funcionen con total impunidad a la vista de todos?.

Relatos e historias como las de María se ven a diario pero no pueden naturalizarse, son apenas la punta de un iceberg, porque son centenares las desaparecidas por las redes de trata. Se estima que un 72% de los casos de secuestros y desapariciones por redes de trata, son mujeres que están esclavizadas en “locales nocturnos” habilitados por los municipios. Particularmente, el norte argentino se ha constituido en una región donde la trata de personas y el narcotráfico se conjugan entre sí, generando zonas liberadas para el accionar de bandas delictivas vinculadas a las distintas policías provinciales y nacionales.

A más de un mes de la marcha nacional del 3 de junio cuya repercusión aún recorre las redes sociales, la pre-candidata al Parlasur por el PTS en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, y delegada de ATE, Natalia Morales señaló: “En estos 12 años el gobierno nacional no hizo más que fortalecer a esas mismas fuerzas de seguridad que manejan el crimen organizado, el narcotráfico y también las redes de trata y prostitución. La justicia sostiene a los jueces que son parte de esta mafia y amparan a los proxenetas. Sólo con la organización de las mujeres en nuestros lugares de trabajo y estudio hemos logrado la aparición con vida de algunas jóvenes secuestradas”.








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