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¿Doble Discurso? Posible renuncia del Gobierno a Protocolo contra Discriminación a la Mujer de la ONU

A pesar de la apropiación del gobierno de Piñera a la masiva movilización del 8M pasado, una discusión sobre un aspecto del “Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujeres” de la ONU promulgado en Chile en 1989, ha abierto una nueva discusión sobre el verdadero compromiso de un gobierno pro empresarial con la "Agenda Mujer".

Francisco Sepúlveda Romero

Médico y parte de la Agrupación de Trabajadores de la Salud "Abran Paso"

Lunes 11 de marzo

El día sábado, el Presidente Sebastián Piñera daba un giro a su discurso en contra de las manifestaciones por el 8 de Marzo ante el gran impacto que generaron las masivas convocatorias de la Huelga Feminista y que solo en Santiago llevo a más de 300 mil personas a las calles.

En el marco del encuentro “Chile Vamos en marcha”, el presidente de la derecha empresarial señaló “Hoy en día las causas de las mujeres de Chile, por mayor igualdad y mayor protección, es la causa de este Presidente”.

Aunque Piñera ha intentado sacar crédito de la histórica movilización del 8M, una nueva noticia se dio a conocer este pasado domingo que muestra la verdadera cara del gobierno en el ámbito de los derechos de las mujeres.

Esto debido a que en el Senado en Enero pasado, se discutió en la comisión de RREE el proyecto que aprueba el “Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujeres”, tratado de la ONU de 1979, y al que Chile se adscribió en 1989.

Pero, a pesar de esta promulgación a fines de los 80, desde La Moneda se debe tomar una nueva decisión sobre el protocolo complementario de la Convención. Y es que a pesar que es en el Senado donde se decide si los artículos del protocolo se aceptan o no, desde el Ejecutivo se pueden presentar reservas.

El punto “conflictivo” es sobre un comité en Ginebra compuesto por 23 expertos independientes, quienes reciben directamente los reclamos de las víctimas de violación de los derechos establecidos, y que funcionaria, de una forma similar a la Comisión Interamericana de DDHH, en el que un particular puede presentar una demanda, y el Estado está obligado a cumplir esas recomendaciones. Esto último es lo que desde el Gobierno se está evaluando presentar reservas, ya que se considera que “cedería soberanía”.

El senador José Miguel Insulza (PS), presidente de la comisión de Relaciones Exteriores del Senado, dio a conocer la situación por la discusión de la última sesión de Enero, en donde se hicieron parte algunos representantes del Gobierno. Insulza, explica que ahí mismo "dijimos que antes de aprobar el protocolo complementario queríamos tener una opinión o información del Gobierno acerca de que si al depositar la notificación el Presidente de la República pretendía renunciar a ese mecanismo".

Ante la polémica, Piñera rápidamente salió a responder ratificando el acuerdo promulgado 1989, pero dejando en claro que se mantiene en discusión el punto de la Comisión de Expertos. Se espera que durante la semana, tanto el Ministro de RREE como la Ministra de la Mujer y Equidad de Género den una postura oficial sobre el tema.

El gobierno empresarial de la derecha, que ha pretendido apropiarse de la gran movilización a la cual días antes intentó por todos los medios bajar el perfil, no logró pasar las 24 horas sin verse nuevamente involucrado en esta nueva polémica, en donde se busca prioriza la “soberanía nacional” por sobre los acuerdos que se toman en los organismos internacionales.

Pero a pesar de estos protocolos, y de el “compromiso del gobierno con la Agenda Mujer”, ¿Qué respuesta da Piñera a las mujeres trabajadoras que día a día se enfrentan a la precarización laboral, a la desigualdad salarial o a que no se respeten los derechos maternales? Un gobierno pro empresa como el de Chile Vamos que prioriza el crecimiento de su sector aliado por sobre las necesidades de las y los trabajadores no dará respuesta a las necesidades básicas por las que luchan los sectores más precarizados.







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