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Dirección de Políticas Alimentarias: trabajadores sin contrato y sin cobrar desde hace tres meses

Trabajadores de la DIPAC, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social, denuncian la falta de pago desde hace tres meses y la falta de respuestas ante la no renovación de contratos a la fecha.

Martes 19 de mayo | 19:38

Los trabajadores de Cocinas Comunitarias, Comedores Infantiles y los Centros de Cuidado y Nutrición Infantil, dependientes del Ministerio de Desarrollo Social, denuncian que no cobran hace 3 meses y que además se encuentran sin la renovación de sus contratos. Son alrededor de 120 trabajadores quienes padecen esta situación.

La dirección de Políticas Alimentarias se encuentra bajo la órbita de Gabriel Yedlin, ministro de desarrollo social. Estos trabajadores se desempeñan en los programas que trabajan con los sectores más vulnerables de la provincia, además de que hace más de tres meses no perciben el pago de sus sueldos, lo más grave es que se encuentran sin contratos desde el mes de febrero.

Fraude Laboral

Se conoce que un sector importante de trabajadores de este Ministerio se encuentran bajo condiciones de extrema precarización laboral. Esto engloba a los trabajadores de planta transitoria, cuyos contratos con el Ministerio de Desarrollo Social se renuevan cada seis o doce meses. En varios escalones más abajo, se encuentran los trabajadores con contratos terciarizados.

En esta operación, el mismo Estado les exige a los trabajadores que se inscriban como monotributistas en AFIP, y luego a través de un tercero, se crean Asociaciones Civiles, ONG´s, fundaciones y los trabajadores en los hechos pasan a trabajar para esas Asociaciones.

Se les elabora un contrato “de obra” o “de locación”, generalmente por seis meses, para que brinden sus servicios profesionales, es decir para realizar tareas correspondientes al Estado en distintas dependencias o dispositivos de manera sistemática durante años. Algunos trabajadores denuncian estar en esta situación desde más de tres años, en algunos casos hasta 10 años.

Esto genera que sus salarios no se liquiden como los del resto de los trabajadores estatales, sino que son demorados en expedientes que se apilan durante meses, ante la indiferencia de los funcionarios.

De igual manera los trabajadores de la Dinayf, los Ceplas, y el Observatorio de la Mujer denuncian demora de meses en el pago de sus salarios, contratos vencidos y falta de respuestas. Además se agrega la denuncia de no haber podido acceder al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

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Cabe la pregunta hacia el Ministro Gabriel Yedlin, o a Daniel Arroyo, Ministro a nivel nacional, ¿ quién puede vivir tres meses sin cobrar su sueldo?. ¡Ningún trabajador!

Resulta irrisorio que al día de hoy, existiendo dos DNU en los cuales se dispone como norma la prohibición de despidos, sea el mismo Estado el que incumpla: no renovando los contratos, lo cual a las claras significa una forma de desvincular a un trabajador, de mantenerlo en la completa incertidumbre e inestabilidad, en el marco de una crisis de esta magnitud, social, económica y sanitaria, la precarización del mismo Estado resulta perversa.

Se hace más actual que nunca el pase a planta permanente de todos los trabajadores en esta situación y aprobar un salario de emergencia de 30 mil pesos, como proponen desde el Frente de Izquierda Nicolas del Caño y Myriam Bregman.







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