Géneros y Sexualidades

NIÑAS, NO MADRES

Diputado peronista de Jujuy: "No existía obligación de interrumpir embarazo"

Alberto Matuk rompió el ruidoso silencio del PJ jujeño. En declaraciones radiales aseguró que el caso de la niña de 12 años víctima de violación no encuadra en un caso de aborto no punible, que la obligación del Estado era evolucionar el embarazo y que para la niña esto no significaba ningún daño. Cualquier parecido con el escandaloso editorial de La Nación no es casualidad.

Verónica Valdez

@valveritos

Sábado 2 de febrero | 18:20

El diputado provincial por el Partido Justicialista, Alberto Matuk, en una entrevista en Radio 2, realizó extensas declaraciones sobre el tratamiento que el Estado provincial le dio al caso de la niña de 12 años, embarazada producto de un abuso sexual, que solicitó interrumpir el embarazo y a la que sometieron a una cesárea. Aseguró que “no existía una obligación legal de interrumpir el embarazo, no estábamos en el caso típico del tema FAL”.

Rompió así el ruidoso silencio del PJ provincial ante un caso que conmocionó al país y hasta tuvo repercusión internacional, mostrando nuevamente a la Provincia como un laboratorio de políticas regresivas, en esta oportunidad, contra los derechos de las mujeres.

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Tomando como válidas las declaraciones del confeso “pañuelo celeste”, doctor Gustavo Briones, que renunció al cargo de jefe de obstetricia del Hospital Materno Infantil haciendo pública su postura de obligar a una niña víctima de violación a gestar a término un embarazo forzado, el diputado del PJ señaló que “según las declaraciones anteriores del doctor Briones, no existía ningún riesgo desde el punto de vista físico, que esa niña haga evolucionar su embarazo dos meses más”.

Matuk no es médico, pero en su larga trayectoria en diversos cargos políticos, evidentemente nunca se tomó la molestia de conocer la información estadística oficial que da cuenta de las serias consecuencias de los embarazos adolescentes en nuestro país. De lo contrario sabría que las niñas menores de 15 años corren cuatro veces más riesgo de muerte en el embarazo, en comparación con mujeres de 20 a 24 años.

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También es mayor la mortalidad infantil: entre las mujeres menores de 15 años es de un 24,4 por cada mil nacidos; entre las de 15 y 19 años es del 13,9; mientras que para las mujeres mayores de 20 años es de 9,3, de acuerdo con un estudio del Centro de Estudios de Población (CENEP) con datos entre 2010 y 2012.

Además de las consecuencias sobre la trayectoria escolar, que en Jujuy se expresa con índices alarmantes de deserción siendo que 6 de cada 10 jóvenes no culmina el nivel secundario, con la maternidad adolescente como una de las principales causales. Así también en la posibilidad de inserción laboral esas jóvenes, más aún cuando Jujuy tiene más del doble de desocupación femenina (9,9 %) respecto a la media nacional (4,6 %).

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Para el diputado justicialista, obligar a una niña víctima de violación a gestar un embarazo forzado, no implicaría daño alguno para esa niña porque “el daño ya está hecho” y “tenerlo al chico en el vientre de la madre un par de meses más no afectaba”, a lo sumo podría haber “algún tema de orden psicológico”.

Desconoce así que la legislación nacional reconoce el derecho a la salud en términos integrales. Desconoce así mismo la Convención de los Derechos del Niño. Nada que envidiar al escandaloso editorial del diario La Nación, que promueve la maternidad infantil, forzada, como un hecho “admirable” en defensa “de la vida”, ocultando que obligar a gestar y a parir a una niña es una violación a sus derechos, una forma de tortura, como lo califica la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles.

Pero Matuk, que es abogado penalista de profesión, conoce esta jurisprudencia, así como en la entrevista radial mostró perfecto conocimiento sobre lo establecido en el Artículo 86 del Código Penal y el fallo FAL de la Corte Suprema, reconociendo que “no establece un límite gestacional y que puede realizarse en cualquier momento” y “sin autorización judicial, alcanzando con el consentimiento de la madre o de la mujer simplemente”.

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Sin embargo, priorizando sus posturas personales y morales aseguró que “esto no es un caso específico del caso FAL, esto no es un aborto no punible” y que “estábamos por encima de eso”, como haciendo referencia a alguna ley divina. “Y siendo así, la obligación del Estado no era interrumpir el embarazo, la obligación era cuidar las dos vidas, porque con esa edad gestacional y con ese peso del feto, era indudable que se trataba con un feto con vida propia si se separaba del cuerpo de la madre”, algo que el lamentable desenlace de este caso desmiente por completo, ya que el recién nacido producto de la cesárea sobrevivió sólo cuatro días.

En sintonía con los grupos fundamentalistas que, no conformes con la política del gobierno de Gerardo Morales que priorizó “salvar las dos vidas” por sobre el derecho a la interrupción legal del embarazo que solicitó la niña sanpedreña, denunciaron penalmente al gobierno por un supuesto delito de lesa humanidad, el diputado Matuk aseguró que “este tema amerita la apertura de una investigación en el ámbito penal, porque aquí las consecuencias están a la vista, son en contra de una persona en todo el sentido de la palabra”.

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El diputado Matuk es la fiel expresión del PJ feudal de las provincias con el que el kirchnerismo co-gobernó el país durante doce años. Doce largos años en que a las mujeres les fue negado el elemental derecho al aborto legal, seguro y gratuito, condenando a miles a morir en la clandestinidad. Es también fiel expresión de los dinosaurios del Senado que, en alianza con las cúpulas de las iglesias nos negaron la sanción de la ley de Interrupción Legal del Embarazo en 2018, donde la primer minoría es el bloque del PJ donde habitan los más notables especímenes prehistóricos, como dejaron ver a viva voz aquel 8 de agosto.

Estas declaraciones demuestran que no nos equivocamos cuando decimos que el precedente que hoy buscan instalar desde Jujuy para avanzar sobre el reclamo del movimiento de mujeres no puede ser derrotado con el llamado a la “unidad” de los pañuelos verdes y celestes que promueve el kirchnerismo.

Esa es una conclusión que dejó planteada la propia lucha por el derecho al aborto y que cobra mayor vigor ante los ataques que preparan Macri, les gobernadores y el FMI, con la bendición y el apoyo de las cúpulas clericales. Frente al intento de aleccionar a la marea verde, el llamado a la movilización en las calles, el reclamo a las conducciones sindicales para paralizar el país el próximo 8M cobra, como venimos planteando, una actualidad cada vez más urgente.

Sólo haciendo que la tierra tiemble de verdad y confiando sólo en la propia fuerza, la de las mujeres, les trabajadores y la juventud, podremos arrancar las demandas y derechos que nos niegan. Eso es lo que plantea la agrupación de mujeres Pan y Rosas y el PTS en el Frente de Izquierda.







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