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Dilma avanza en la reforma de la Seguridad social

Dilma reafirmó este jueves (7), el mayor compromiso de su gobierno: asegurar las ganancias de los capitalistas y el pago de la deuda pública a los banqueros e inversores internacionales. Defendió medidas estructurales como la Reforma de la Seguridad Social.

Flávia Ferreira

San Paulo | @FFerreiraFlavia

Sábado 9 de enero de 2016 | Edición del día

La presidenta Dilma Rousseff declaró el pasado jueves (7), en desayuno con periodistas, que hará “lo posible” para garantizar el superávit primario de 0,5% para este año y lograr que la inflación comience a aproximarse a la meta del 4,5%. Luego de afirmar que va a luchar “con uñas y dientes” para mantener las expectativas positivas sobre la economía, la presidenta agregó: “necesitamos crear otro ambiente en Brasil, con otras expectativas”.

Dilma reafirmó el compromiso mayor de su gobierno: asegurar las ganancias de los capitalistas y el pago de la deuda a los banqueros y los inversores internacionales, léase, imperialistas. El superávit primario de 0,5% del PBI, un ahorro anual del gasto público para garantizar el pago de intereses de la deuda equivalente a unos R$ 30 billones, es nuevamente el gran eje de la presidenta y su nuevo ministro de Hacienda, Nelson Barbosa. Para lograrlo, vale todo: recortes en los gastos sociales y el aumento en la edad mínima para jubilarse.

Agenda de ajustes

El discurso oficial es “recortaremos los gastos públicos y gastaremos más en el pago de la deuda pública para que así la inflación pueda disminuir”. No es más que una falacia contada por Dilma y los neoliberales. Lo que está por detrás de este discurso es una justificación para un ataque cada vez más profundo a los derechos de los trabajadores y el desmonte y deterioro de los servicios y empresas públicas y de los trabajadores estatales. Estos ataques llevarán al gobierno a destinar cada vez más fondos para garantizar el pago de la deuda pública, y al mismo tiempo, tomar medidas a favor de las ganancias empresarias a costa de la población, que ya sufre con la precarización de los servicios públicos, salarios congelados y desvalorizados y el aumento en los precios, impuestos y tarifas.

Dilma defendió durante la entrevista tres medidas que deben ser aprobadas por el Congreso: la vuelta del CPMF (el impuesto al cheque), la prórroga de la Desvinculación de las Recetas de la Unión (DRU) - que es un mecanismo que permite al gobierno federal usar libremente 20% de todos os tributos federales vinculados por ley a fondos o gastos - , y destacó la necesidad de poner en práctica la reforma de la Seguridad Social. “Nosotros vamos a enfrentar la reforma de la Seguridad Social. No es posible que la edad media de las personas que se jubilan en Brasil sea de 55 años”, declaró.

Vale recordar que el CPMF, conocido como “impuesto al cheque”, es un impuesto sobre transacciones financieras en general. Por esto es regresivo ya que afectará a todos, no sólo a los más ricos, pues las transacciones financieras incluyen préstamos, financiamientos y transacciones bancarias como retiros y transferencias cotidianas, entre otros. Es decir, nada tiene que ver con un impuesto sobre las grandes fortunas, pues afecta más al que gana menos.

La DRU es un mecanismo creado en 1994 y que se mantiene hasta la actualidad, que permite mayor flexibilidad de gastos para el gobierno federal que en una situación de “crisis de las cuentas públicas” puede utilizar fondos de la educación, la salud y la seguridad social para el pago de la deuda a los banqueros.

Sobre la Reforma de la Seguridad Social hay que dejar en claro que el mayor gasto público del gobierno federal se realiza con el pago de los intereses de la deuda pública (interna y externa – en dólares) y no con el sistema de Seguridad Social, es decir, jubilaciones y otros beneficios previsionales, como deja aparecer en sus discursos tanto la presidenta Dilma como el ministro Nelson Barbosa. En cifras, el gobierno gastará - según el presupuesto para 2016 - el 23,57% del PBI en el pago de estos gastos financieros (con la deuda). Es el mayor gasto público y es inferior al total de gastos en seguridad social, beneficios y el pago a los trabajadores estatales que totaliza el 19,37% del PBI. Por eso, la lucha contra los ajustes, debe pasar por el no pago de la deuda pública, una deuda abusiva e ilegal que solo existe para garantizar los lucros de los bancos y empresarios de los países ricos.

Oposición y gobierno: el compromiso es con el ajuste fiscal

Consultada sobre si evaluaba que tendría éxito en la relación con el Congreso en 2016 para garantizar las reformas que el gobierno intenta llevar adelante, como la de la Seguridad Social, la presidenta Dilma Rousseff afirmó que la oposición tiene que tener “por lo menos un mínimo de compromiso con el País”. Una declaración en sintonía con las recientes apelaciones y el recetario imperialista de la revista The Economist en uno de sus últimos reportajes sobre Brasil, en el cual orienta al gobierno de Dilma a poner el foco en la agenda de ajustes estructurales (como el aumento de impuestos, la reforma del Sistema de Seguridad Social y la liberalización de las leyes laborales). Dilma se muestra en sintonía, a su vez, con el reciente artículo de FHC en el diario Estadão, en el cual defiende el consenso y el sentido común en torno del ajuste “para bien del país”.

Dilma afirmó que quedará claro quién está a favor o en contra de Brasil. “Y no necesita apoyar al gobierno”, señaló. Dilma también sugirió que buscará mayor diálogo con la oposición (léase PSDB y sectores del PMDB, principalmente) y negó la afirmación de que haría un “guiño a la izquierda” en la política económica en 2016.

Privilegios y corrupción

Según la presidenta, “cualquier actividad es factible de error” y ahora corresponde al gobierno presentar medidas para controlarlos. Uno de los caminos sugeridos por Dilma fue poner en práctica la reforma administrativa para reducir a la burocracia.

Este jueves (7) un conjunto de mensajes telefónicos de texto encontrados en la investigación Operación Lava-Jato reveló la proximidad del empresario Léo Pinheiro, de la contratista OAS, con importantes nombres ligados, directa o indirectamente, al PT y al gobierno de la presidente Dilma Rousseff. Jaques Wagner, ministro de la Casa Civil; Fernando Haddad, intendente de San Pablo, y Aldemir Bendine, presidente de Petrobras. Ninguno de los tres es investigado aún por corrupción.

Los escándalos de corrupción apuntan cada vez más cerca de la alta cúpula del gobierno de Dilma y el PT, sin dejar de afectar a los caciques del PMDB y a la propia oposición de derecha del PSDB. La respuesta de Dilma de una “reforma administrativa” está lejos de llegar a las raíces de la corrupción y de los privilegios de los políticos que gobiernan para las ganancias de los empresarios y terratenientes, la única respuesta que puede acabar con estos privilegios, debe venir de los trabajadores, la juventud y del pueblo pobre.

Análisis

La presidenta dejó en claro la orientación de profundizar la agenda de ajustes contra los trabajadores en 2016. Una agenda que incluye duros ataques y nuevas medidas de recortes en los gastos sociales y privatizaciones, medidas defendidas por la prensa imperialista y por la oposición de derecha, pues en cuanto a los ajustes el PT, el PMDB y el PSDB están todos de acuerdo.

Por eso, para hacer frente a todos estos ataques es urgente una lucha articulada desde las bases, independiente de los gobiernos y de la burocracia sindical, en defensa del empleo, de los derechos sociales y contra la carestía de la vida para que la crisis la paguen los capitalistas. Es necesario un movimiento nacional contra los ajustes, protagonizado por los trabajadores, organizado desde cada lugar de trabajo junto a la juventud y el pueblo pobre.







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