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BRASIL – JUICIO POLÍTICO

Dilma Rousseff afirma que es víctima de "una farsa" y que "luchará" por su mandato

La presidenta Dilma Rousseff, afirmó este miércoles que es víctima de una "farsa". Su confianza en el voto de un Senado corrompido y lo que queda del proceso.

Miércoles 6 de julio | 15:32

Tras el golpe institucional contra la presidenta Dilma Rousseff, el pasado 12 de mayo, comenzó en el Senado brasilero el proceso que determinará si los cargos que se le imputan son válidos.

Este miércoles la defensa de Rousseff tuvo la posibilidad de presentar su descargo. Si bien la presidenta podía hacerlo en forma personal ante la comisión, optó por enviar a su abogado, José Eduardo Cardozo, quien leyó una carta en la que insiste en que "se juzga a una persona inocente".

En esa misiva, de 32 páginas, Rousseff comienza defendiendo el mandato que le otorgaron "54 millones de votos" en 2014, cuando fue reelegida, y se describe como "una mujer honesta, una funcionaria pública dedicada y una luchadora por las causas justas".

Afirma que ejerció ese mandato "de forma digna y honesta" y que "jamás" desvió "un solo centavo del patrimonio público" para su propio enriquecimiento o el de terceros.

En el texto se insiste en que las acusaciones no tienen base legal y constituyen una "farsa política y jurídica", que volvió a calificar como un "auténtico golpe" de Estado.
La mandataria que está acusada de diversas irregularidades fiscales, que incluyen la firma de decretos que alteraron los presupuestos sin autorización del Congreso, insistió en que no tuvo responsabilidad directa en ninguno de esos asuntos y que los decretos fueron dictados después de consultas con los responsables técnicos del Gobierno, que los avalaron.

El pasado 28 de Junio Técnicos del Senado brasileño realizaron un informe donde se señala que no existen pruebas de que la suspendida presidenta Dilma Rousseff participara en las maniobras fiscales, la base del argumento para la apertura del juicio destituyente.

Un acuerdo por arriba

Rousseff viene apostando a un acuerdo con los senadores, para lograr evitar que se la juzgue, en detrimento de la movilización de sus seguidores en las calles para enfrentar el golpe institucional. El proceso presenta serias irregularidades, no solo porque gran parte de los diputados y senadores que votaron el juicio político están involucrados en diversos escándalos de corrupción, sino porque los argumentos de haber realizado maniobras fiscales afectan a prácticamente todos los gobiernos estaduales, así como a todos los gobiernos anteriores.

Los recientes escándalos de corrupción muestran que tanto el PT, como los principales partidos de oposición, son parte de una red de financiamiento ilícito de las campañas electorales y de manejo fraudulento de la obra pública. El gobierno del golpista Temer viene sufriendo los embates de estos escándalos de los que Rousseff, y el PT, no están exentos.

Este complejo escenario es el que terminó en la situación actual, donde el hecho de que no hayan sido los casos de corrupción el eje de las acusaciones contra la mandataria, permitió la impunidad momentánea de todos los congresistas corruptos, pero es lo que al mismo tiempo puede terminar haciendo que el proceso en su contra acabe sin pruebas suficientes para imputarla. En última instancia todo queda en manos de la cámara de senadores, manchados por escándalos de corrupción, donde Rousseff pone sus expectativas.

¿Cómo sigue?

La sesión que realizó este miércoles la comisión del Senado pondrá fin a la fase de producción de pruebas y abrirá el plazo para la presentación por escrito de los últimos alegatos de la defensa y la acusación, que servirán como base al senador Antonio Anastasia, instructor del proceso, para la elaboración de un informe final.

El informe de Anastasia deberá ser presentado el próximo 2 de agosto a la comisión, que lo debatirá durante dos días y lo remitirá luego al pleno del Senado, donde está previsto que sea votado el día 9 de ese mismo mes.

Si en esa instancia fuera aprobado por una mayoría simple de 41 votos entre los 81 posibles, la Corte Suprema volverá a convocar al pleno del Senado para una última sesión, en la que Rousseff sería destituida si lo respaldase una mayoría calificada de 54 senadores (dos tercios).

De llegarse a ese extremo, Temer concluirá el mandato que vence el 1 de enero de 2019, pero si Rousseff fuera absuelta, recuperará el poder una vez que se publique la sentencia.




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