Política

JUBILACIONES DE PRIVILEGIO

Diez claves para entender por qué el proyecto oficialista no elimina los privilegios

El proyecto aprobado en Diputados es una pantalla que busca ocultar el ajuste que significó la suspensión de la movilidad jubilatoria. Mientras se limita tímidamente las abultadas remuneraciones de funcionarios judiciales y diplomáticos, hay privilegios que para el Gobierno y la oposición de derecha son intocables.

Juan Manuel Astiazarán

@juanmastiazaran

Jueves 27 de febrero | 22:22

El proyecto que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados apenas plantea algunas leves limitaciones a las insólitas sumas de dinero que ganan los funcionarios judiciales y diplomáticos. Mientras tanto la mayoría de sus actuales privilegios quedan intactos y tanto el oficialismo como la oposición se niegan incluso a discutirlos.

¿Qué cambia con el proyecto?

  • La edad para jubilarse de los varones que se desempeñan en el Poder Judicial subirá hasta los 65 años de manera gradual, es decir: será de 60 años en 2020; 61 años en 2021; 62 años en 2022; 63 años en 2023; 64 años en 2024; y 65 años en 2025.
  • Las remuneraciones se van a calcular aplicando el 82 % móvil sobre el promedio de las recibidas durante los últimos 10 años – actualmente solo se tomaba el último año- mientras que los aportes personales se incrementan en un 7 %.
  • Se elimina el inciso que permitía que magistrados y funcionarios jubilados pudieran ser convocados como reemplazos en casos de licencias o vacancias.

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Privilegios que quedan intactos y ni siquiera se debaten

  • Los jueces son y seguirán siendo vitalicios, es decir que se mantienen en funciones desde que son designados hasta el momento de su jubilación.
  • Seguirán siendo nombrados de acuerdo a una negociación entre los partidos mayoritarios, en vez de ser electos por el voto popular.
  • Además de mantener intactos sus elevadísimos sueldos, que llegan a superar los $300.000 según las palabras del ministro Moroni, seguirán sin pagar el impuesto a las ganancias que sí se le cobra al resto de los trabajadores y las trabajadoras.
  • Al momento de jubilarse accederán al 82 % móvil que se le niega a la gran mayoría de los jubilados que trabajaron durante toda su vida, de los cuales cerca del 70 % apenas percibe la mínima de $15.891,50.
  • Las jubilaciones de privilegio de quienes han sido presidentes, vicepresidentes y ministros de la Corte Suprema no se tocan, con básicos que rondan los 370.000 pesos y con el beneficio de jubilarse al 100 % gracias a una ley del menemismo que ni siquiera se discute.
  • Los miembros de la jerarquía de la Iglesia, como los arzobispos y obispos, seguirán cobrando un haber jubilatorio que actualmente está entre los 103.000 y 119.000 pesos por mes. Así lo establece el decreto n º 21540 -promulgado el 3 de marzo de 1977 por el dictador Videla y que ningún Gobierno derogó- el cual ordena pagar al Estado “una asignación mensual vitalicia” a los miembros de la alta jerarquía católica apostólica y romana que se jubilen “por razones de edad o de invalidez”.

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  • Los privilegios de la casta política tampoco se ponen en discusión, razón por la cual funcionarios políticos como diputados y senadores seguirán gozando de sus actuales privilegios, con sueldos de bolsillo que superan los $150.000. Mientras tanto, el proyecto que fue presentado varias veces por Nicolás del Caño en el Congreso y que propone equiparar estos salarios con el salario de un docente ni siquiera es puesto a discusión.

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