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Dictamen unificado para la ley de humedales: un avance gracias a la movilización

Tras meses de debate y movilizaciones de sectores populares, la comisión ambiental de Diputados aprobó una síntesis de los proyectos presentados, entre ellos el de la izquierda. Cómo quedó el texto, qué límites tiene y qué enemigos enfrenta.

Valeria Foglia

@valeriafgl | Editora de Ecología y ambiente

Sábado 21 de noviembre | 14:17

AFP/Juan Mabromata

Al filo de los plazos parlamentarios para emitir dictamen y sumarlo al debate en las sesiones ordinarias, el proyecto de ley unificado de presupuestos mínimos para la protección ambiental de humedales fue aprobado en la comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano. Es la síntesis de decenas de proyectos presentados en el Congreso por casi todos los bloques y llegó tras meses de debate en comisión. Las organizaciones territoriales nucleadas en la Red Nacional de Humedales, que vienen de una semana de acciones para denunciar las demoras, fueron parte de su preparación e impulsan el proyecto, que deberá obtener dictamen en cuatro comisiones más.

Este año, en el marco de la crisis ambiental por los incendios intencionales en las islas del delta del Paraná, cobró nueva fuerza la pelea por una ley para la protección, conservación y restauración de estos ecosistemas cuya característica principal es estar formados por agua. Es un recorrido de ocho años que incluyó dos medias sanciones en el Senado (2013 y 2016), que acabaron perdiendo estado parlamentario. La urgencia por una ley nacional se expresó más que nunca en movilizaciones, cortes de ruta y en redes sociales con el hashtag #LeyDeHumedalesYa.

El proyecto unificado deberá aprobarse ahora en las comisiones de Agricultura y Ganadería, Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios; Legislación Penal y de Presupuesto y Hacienda. Así lo indicó vía Twitter el diputado Leonardo Grosso, que preside la comisión ambiental.

Se consideraron los proyectos del propio Grosso (Frente de Todos), Enrique Estévez (PS), Nicolás del Caño y Romina del Plá (Frente de Izquierda Unidad), Graciela Camaño (Consenso Federal), Brenda Austin (UCR), Ximena García y Gustavo Menna (UCR), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Jorge Vara (UCR-JxC); Hernán Pérez Araujo (Frente de Todos), Gabriela Lena (UCR-JxC), Diego Sartori (Unidad Federal para el Desarrollo), Antonio Carambia (Acción Federal) y Flavia Morales (Unidad Federal para el Desarrollo).

Qué dice el proyecto

Enmarcado en “la participación ciudadana efectiva y equitativa con perspectiva de género”, garantiza el derecho a la consulta y consentimiento libre, previo e informado a los pueblos originarios (convenio 169 de la OIT) en las decisiones sobre estos territorios. Crea el Inventario Nacional de Humedales como “herramienta de información” elaborada desde un enfoque multidisciplinario, que considere todas las escalas e incorpore el concepto de paisaje. Según el proyecto que obtuvo dictamen, la confección del inventario no podrá extenderse más allá de los dos años posteriores a la sanción de la ley y deberá ser actualizado cada cinco años.

Del Consejo Consultivo de Humedales participarán un representante de cada ministerio nacional con competencia en las actividades sobre humedales y la misma cantidad por parte del Consejo Federal del Medio Ambiente (Cofema), el Consejo Hídrico Federal (Cohife), el sistema científico y los pueblos indígenas. La iniciativa presentada por el FIT Unidad, en cambio, proponía que los consejos fuesen autónomos y vinculantes, que serían autoridades de aplicación junto a instancias gubernamentales (que no los integrarían).

Las asignaciones para el Fondo Nacional de Humedales no podrán ser inferiores al cero coma tres por ciento (0,3 %) del presupuesto nacional y su destino será el Programa Nacional de Conservación de Humedales, entre otras iniciativas que figuran en la letra del documento que presentamos en este artículo. A esto el proyecto del FIT Unidad sumaba el 2 % del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, la ganadería y el sector forestal, pero no fue considerado para la redacción final.

El objetivo general es la “protección ambiental para la preservación, restauración y uso racional y sostenible de los humedales en todo el territorio de la nación, reconociendo su valor intrínseco y resguardando su integridad ecológica”. Entre las vastas contribuciones de los humedales, se menciona la necesidad de “proteger el valor y potencial estratégico de los humedales en la mitigación y adaptación al cambio climático”, prevenir inundaciones, regular la temperatura y proveer agua.

Una de las atribuciones de la ley será la introducción de una moratoria para nuevas actividades y ampliación de las existentes desde el momento de su aprobación hasta la inclusión de los humedales en el Ordenamiento Ambiental del Territorio (OAT). También fija criterios de preservación ecológica para la evaluación de actividades que involucren humedales y prohíbe expresamente las que no sean aprobadas por la autoridad competente, que deberá considerar si afectan masas forestales, generan inundaciones, provocan movimientos de suelos, modifican régimen hidrológico, vuelcan desechos tóxicos y contaminantes, explotan y exploran para minería o fracking, desarrollan turismo a gran escala o practican monocultivos o agricultura intensiva sobre humedales.

El proyecto elaborado por la izquierda, en tanto, iba más allá y, además de impedir nuevas actividades, declaraba la suspensión de toda obra o proyecto ya autorizado a la fecha de la sanción de la ley y hasta que concluya el inventario nacional de humedales, que debería partir de los territorios ya reconocidos en la Convención Ramsar (1971, ratificada por Argentina en 1991) y el Inventario Nacional de Humedales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (2016). Además, se prohibía la utilización de fuego y las quemas hasta la recuperación de los ecosistemas dañados, algo que no se menciona en el dictamen de mayoría, que solo prescribe la restauración de territorios incendiados.

El proyecto que logró dictamen sostiene que toda política productiva que incida en el uso de los humedales debe estar acorde a los objetivos de la ley, quedando prohibida expresamente la liberación de sustancias tóxicas (incluidas las derivadas de fumigaciones aéreas y terrestres). En ese sentido el proyecto establece sanciones económicas y administrativas para los infractores que pueden redundar en la revocación de autorizaciones.

Establece, entre otras cosas, “la creación de áreas naturales protegidas en humedales y corredores biológicos y culturales”. A partir de la ley se crea el Programa Nacional de Conservación de Humedales en el marco del Consejo Nacional de Medio Ambiente (Cofema) y el cual deberá ser evaluado en un informe anual.

Con un plazo de dos años partir de la sanción de esta ley, cada jurisdicción deberá incorporar los ecosistemas de humedales en el OAT previsto por la ley 25.675. En base al Inventario Nacional de Humedales, estas áreas deberán ser monitoreadas y actualizadas cada cinco años.

El proyecto cuenta con el aval de organizaciones socioambientales y la desaprobación de los sectores más concentrados del agronegocio y la oligarquía terrateniente, como la Sociedad Rural, pero también de las cámaras forestales e inmobiliarias. Aunque la ley propuesta plantea al "bien común" por encima de intereses particulares, el lobby de los grandes empresarios reclamará su "derecho de destruir en paz". Define la calle.

Mirá qué dice el proyecto

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