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LESA HUMANIDAD

Dictadura: los directivos de la empresa Ford seguirán impunes

La justicia suspendió el inició del juicio por secuestros y torturas ocurridos en la planta de General Pacheco, donde funcionó un centro clandestino al servicio del genocidio.

Miércoles 11 de enero | Edición del día

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de San Martín resolvió suspender la primera audiencia del juicio, prevista para el 14 de marzo, contra dos exgerentes de la automotriz Ford y un exmilitar por los secuestros y torturas contra 25 obreros de la planta durante la última dictadura cívico-militar.

Según las explicaciones que han brindado fuentes judiciales, el tribunal resolvió esta medida por la extensión del debate en la causa denominada “Colegio Militar”, donde las audiencias se extienden hasta el 16 de marzo.

Pero hasta ahora no han dado lugar a una nueva fecha de inicio del juicio contra tres de los responsables de los crímenes, torturas y desaparición en el centro clandestino que funcionaba dentro de la planta de la multinacional norteamericana Ford ubicada en General Pacheco, norte del Gran Buenos Aires.

Desde el Tribunal también justificaron la postergación del juicio por “las sucesivas exhortaciones de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal” para “priorizar, en los esfuerzos de agenda, la celebración del debate en procesos que registren personas privadas de su libertad”.

En la causa están imputados Santiago Omar Riveros, de 94 años, entonces director de Institutos Militares y de quien dependía la guarnición Campo de Mayo, además de los exdirectivos de esa multinacional Pedro Müller (85), gerente de Manufactura, y Héctor Francisco Sibilla (90), jefe de Seguridad de la planta.

De los 25 secuestrados llegaron con vida a esta instancia 13 de ello,s quienes siguen exigiendo juicio y castigo a los culpables.

El cuarto procesado en la causa era el exgerente de Relaciones Institucionales de Ford, Guillermo Gallarraga, quien murió en junio pasado a los 93 años. Otro de los que hoy deberían ser enjuiciado es Nicolás Enrique Julián Courard, en aquel entonces presidente de Ford, pero falleció en Chile en 1989.

Si bien la Fiscalía destacó que esta causa muestra la participación civil y empresarial en crímenes de lesa humanidad, donde armaron un centro de detención clandestino en el quincho de la planta donde tuvieron secuestrados a los obreros que, además, fueron torturados, la demora que otorga la Justicia al inicio del juicio oral equivale a un intento de permitirles que los responsables de los crímenes mueran impunes. Como Gallarraga y Courard.

Los imputados están acusados de “privación ilegal de la libertad doblemente agravada por haber sido cometida por abuso funcional y con violencia y amenazas”. También se acusa a los gerentes de haber entregado a los militares los datos personales de los obreros que tenían actividades gremiales, así como se les atribuye la responsabilidad de “haber permitido que se montara un centro de detención en el interior del predio de la fábrica”, donde los obreros eran torturados para luego ser trasladados a distintas comisarías de Tigre.

Pedro Troiani, uno de los sobrevivientes, quien declaró en el Juicio por la Verdad realizado en tribunales de La Plata, dio cuenta de la participación activa de los empresarios en el golpe. Su denuncia, realizado en 2002, fue la que dio origen a la causa iniciada en 2013 que aún hoy espera fecha de inicio.

El Quincho de la Ford, hoy un espacio de la memoria

Troiani, junto a otros sobrevivientes de la Ford, lograron que hoy el quincho de la Ford esté señalizado como lo que fue, un centro clandestino de detención. La iniciativa fue presentada por el diputado provincial del Frente de Izquierda y dirigente nacional del PTS, Christian Castillo, y elaborada en común con los trabajadores y delegados que estuvieron detenidos en dicho centro clandestino.

El Quincho, antes del golpe fue un lugar de encuentro y organización obrera que sirvió para poner en pie el cuerpo de delegados de la fábrica a principios de los 70. Fue ese mismo espacio que eligieron los empresarios y militares para torturar a la vanguardia obrera del cordón industrial de Pacheco.

Organismo de derechos humanos y sobrevivientes exigen la pronta resolución a que se dé inicio a este juicio. Hasta hoy, después de 40 años, los empresarios y responsables civiles del golpe militar y el genocidio de clase, siguen impunes. Sólo el empresario Marcos Levin, exdirector de La Veloz del Norte durante la dictadura, fue condenado.




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