Economía

A 43 AÑOS DEL GOLPE GENOCIDA

Dictadura del capital financiero: la deuda en el Gobierno cívico militar

El endeudamiento fue un fraude de los centros financieros internacionales y los grandes empresarios argentinos. El objetivo: redoblar el dominio de las potencias imperialistas sobre el país.

Pablo Anino

@PabloAnino

Sábado 23 de marzo | 00:07

Imagen/Martín Cossarini * Enfoque Rojo

Durante el golpe cívico militar, quedó claro que la deuda externa es un mecanismo de dominación de las potencias económicas. Luego del fin del boom económico de la posguerra, en la década del 70, las economías centrales tenían una enorme cantidad de capital acumulado sin posibilidad de colocación rentable. Eran los llamados eurodólares (acumulados en la reconstrucción europea y el boom) y petrodólares (ganancias por la suba del precio del petróleo), que no sabían dónde invertirlos.

Los centros financieros internacionales, como los de Nueva York y Londres, en connivencia con la clase empresaria local, encontraron en América Latina un lugar donde podían obtener enormes ganancias. La región recibió el 80% de los préstamos que se orientaron a los países en “desarrollo” (en realidad economías dependientes de las potencias imperialistas). El endeudamiento latinoamericano pasó de U$S 20.900 millones en 1970 a U$S 243.000 millones en 1982. Es decir, creció más de 1000 %.

Argentina estuvo atada a los centros financieros desde los comienzos de su historia con el primer empréstito de la Baring Brothers a Bernardino Rivadavia en 1824, del cual casi no llegó una sola libra esterlina al país, a pesar de lo cual la deuda se pagó durante un siglo. Con la dictadura cívico militar la deuda externa como mecanismo de dominación pegará un salto de cantidad y calidad.

Plan de guerra contra la clase trabajadora

A fines de 1975 se funda la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias (Apege), que agrupa a la Unión Industrial Argentina, a la Sociedad Rural, a la Cámara Argentina de la Construcción, a la Unión Comercial Argentina, entre otras cámaras empresariales. El 16 de febrero de 1976, Apege convoca a un “lock out” patronal reclamando las medidas económicas que a partir del mes de marzo llevaría adelante la dictadura cívico militar.

Por ese entonces, como presidente del Consejo Empresario, José Alfredo Martínez de Hoz presentó a los militares su plan económico. La familia Martínez de Hoz fue fundadora de la oligárquica Sociedad Rural. Pero José Alfredo diversificó sus negocios. Presidiendo Acindar (Villa Constitución), en 1975 se vengó del “Villazo” derrotando la heroica huelga de cincuenta y nueve días del año previo: se trató de una incursión coordinada del ejército, la burocracia sindical, grupos parapoliciales y directivos de la empresa. Allí montó, antes de la dictadura, uno de los primeros centros clandestinos de detención. Un breve desvío en el relato: paradojas de la historia, Martínez de Hoz, encontraría la muerte gozando de arresto domiciliario en su cómodo departamento del emblemático edificio Kavanagh, frente a la coqueta Plaza San Martín, condenado en tres causas por crímenes de lesa humanidad, un 16 de marzo de 2013, en el aniversario del triunfo de la huelga de Villa Constitución de 1974.

Con esas medallas de guerra, el 24 de marzo de 1976, se transformó en el primer ministro de Economía de la dictadura. Aprobado por la Junta Militar, el 2 de abril presentó su “Programa de recuperación, saneamiento y expansión de la economía argentina”. El detalle del programa es tedioso, pero adquiere relevancia para encontrar equivalencias con la actualidad: buscaba reducir 40 % los salarios reales en relación al nivel promedio del quinquenio previo; la eliminación de retenciones a la exportación de productos agropecuarios; la reducción progresiva de los aranceles de importación (apertura de la economía); eliminación de subsidios a las exportaciones no tradicionales, de créditos de fomento, de prestaciones sociales deficitarias (salud, vivienda) e incremento real de las tarifas de servicios públicos (sinceramiento de los precios); liberalización de los mercados cambiarios y financieros (reforma financiera) y el financiamiento del déficit público mediante colocación de títulos en el mercado de capitales; la reducción del gasto, empleo y déficit del gobierno (redimensionamiento del Estado), la reprivatización de empresas caídas en el pasado bajo control estatal [1]. Se trata de una receta imperecedera, con condimentos que aparecerán más adelante en los gobiernos posteriores a 1983. El fin, siempre es el mismo: “modernizar” el país.

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El financiamiento del plan de ataque a la clase trabajadora lo harán los organismos internacionales y los centros financieros internacionales. A poco de asumir, Martínez de Hoz logrará un primer préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) por U$S 110 millones. De una aceitada relación con magnate David Rockefeller, por entonces al frente del Chase Manhattan Bank, el ministro verá facilitada la tarea de emisión de bonos de deuda pública en los “mercados”. En 1978 el multimillonario yanqui visitó la Argentina y expresó un “gran respeto y admiración” por Martínez de Hoz.

Fraude histórico

A partir de una denuncia de Alejandro Olmos Gaona (padre), el juez Jorge Ballestero emitió un fallo donde se dan por comprobados 470 ilícitos en la conformación de la deuda pública durante la dictadura.

Existen algunos hechos destacados entre los ilícitos. Uno de ellos, es el endeudamiento de las empresas públicas sin que el dinero ingrese a la compañía. Es lo que ocurrió con YPF. La dictadura pidió préstamos a nombre de la petrolera estatal, pero el dinero se utilizó para alimentar la timba financiera. La deuda de la empresa se incrementó de U$S 400 millones a U$S 6.100 millones.

Por otro lado, la justicia determinó que la mitad de la deuda que dejó la dictadura era privada: entre otras, de la Sociedad Macri (Socma) de la familia del presidente Mauricio Macri. Las empresas crearon deudas ficticias para enriquecerse. Luego Domingo Cavallo, en su breve presidencia del Banco Central entre julio y agosto de 1982, nacionalizó esas deudas para que las paguemos todos. La estatización definitiva la consagró el Gobierno de Raúl Alfonsín: se dio en 1985 cuando José Luis Machinea asume el Banco Central. Entre las empresas que se beneficiaron de la nacionalización de deudas privadas sobresalen Techint, Renault, Pérez Companc, Bridas de la familia Bulgheroni, Industrias Metalúrgicas Pescarmona (Impsa), Ford. Pero son muchas más. La deuda alimentó así la “patria financiera” y la “plata dulce”. Un efímero bacanal de los dueños del país que se enriquecieron todavía más.

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De acuerdo a lo expuesto por Alejandro Gaona Olmos (hijo) en una entrevista con La Izquierda Diario, el propio Banco Mundial determinó que el 40 % de la deuda contraída financió la salida de capitales, otro 30 % fue a pagar intereses de la deuda previa y el 30 % restante se destinó a la compra de armamentos e importaciones no declaradas. Es decir, ni un solo dólar para el desarrollo del país. Como ocurre ahora con el macrismo, el endeudamiento para financiar la salida o fuga de capitales es un elemento característico de la economía argentina y en particular durante las crisis: en aquel momento los dueños del país se llevaron al extranjero el equivalente a un 40 % de los dólares que ingresaron por la deuda tomada por la dictadura. Frente al descontrol económico que sobrevino en el final del gobierno dictatorial, la fuga de capitales se acentúo hasta valores que se estiman entre U$S 16 mil millones y U$S 22 mil millones entre 1980 y 1982. La adicción a los paraísos fiscales de los empresarios locales tiene larga data.

El endeudamiento ofrecido desde el extranjero en su gran mayoría había llegado atado a una tasa de interés variable ligada a la tasa en Estados Unidos. En 1979, Paul Volcker, presidente de la Reserva Federal yanqui, eleva fuertemente las tasas de interés e impone en los hechos un enorme crecimiento de las deudas de los países latinoamericanos, a la vez que encarece los futuros créditos. Fue el origen de la crisis de deuda que la región afrontó a principios de la década de 1980.

Bajo el fraude organizado por el gran capital, la deuda pública creció desde U$S 8 mil millones en 1975 a U$S 45 mil millones en 1983, hacia el final de la dictadura. Luego se recicló en distintas renegociaciones durante los gobiernos de la llamada etapa democrática y no paró de crecer, a pesar que se pagaron alrededor de U$S 600 mil millones (más que lo que produce el país en un año) desde el golpe de 1976 hasta la actualidad.

El fallo de la justicia argentina (el mencionado del juez Ballestero) fue enviado al Congreso en el año 2000. Desde entonces duerme el sueño de los justos. Ese mismo Congreso aprobó en 2016, con votos del oficialismo macrista radical y de la oposición peronista, hacer honor a un fallo del juez neoyorquino Thomas Griesa en favor de los fondos buitre. Hasta en los “detalles” el régimen político patronal deja expuesta su sumisión a las potencias imperialistas. La historia deja en evidencia el carácter ilegítimo, ilegal y fraudulento de la deuda y la tarea urgente de dejar de pagarla para cortar con los lazos de dependencia.

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[1] Adolfo Canitrot, “La disciplina como objetivo de la política económica. Un ensayo sobre el programa económico del gobierno argentino desde 1976”, Separata de Desarrollo Económico Nº 76, vol. 19, Buenos Aires, Enero-Marzo de 1980, p. 459.







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