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Dictadura: a 37 años de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

El 6 de septiembre de 1979 el organismo de la OEA llegaba a la Argentina para recibir las denuncias por violaciones a los derechos humanos cometidas por los genocidas.

Martes 6 de septiembre de 2016 | Edición del día

El 6 de septiembre de 1979 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegó al país, en momentos donde las denuncias por violaciones a los derechos humanos tomaban mayor repercusión internacional.

Jimmy Carter, presidente de Estados Unidos desde 1977, impulsó por distintos medios desde que llegó a la Casa Blanca que la CIDH visitara la Argentina, ya que las denuncias de familiares de desaparecidos así como de miembros de organismos de derechos humanos comenzaban a tener mayores repercusiones. Eran tiempos de las primeras rondas de las Madres de Plaza de Mayo y las primeras denuncias de vejaciones y violaciones a los derechos humanos.

El Gobierno de Carter buscaba revertir la imagen internacional de Estados Unidos como impulsor de las sangrientas dictaduras en Latinoamérica y por ese mismo motivo pretendía utilizar la visita de la CIDH para mostrar su interés en la “defensa” de los derechos humanos.

La junta militar, presidida por Videla, buscaba desmentir las denuncias de secuestros y torturas ilegales así como las afirmaciones que aseguraban que en Argentina funcionaban centros clandestinos de detención. “Los argentinos somos derechos y humanos” era el slogan de la campaña que había ideado el gobierno de facto para recibir a la CIDH y que se repetía en las más de 250 mil calcomanías repartidas como estrategia publicitaria. El slogan se hizo eco en los grandes medios de comunicación masivos como los diarios La Nación, Clarín y La Prensa así como las revistas Gente y Para Ti de Editorial Atlántida, quienes hablaban de una supuesta “campaña antiargentina” que pretendía manchar la imagen del “Proceso de Reorganización Nacional”.

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La CIDH en Argentina

La CIDH visitó varios centros clandestinos de detención. La Rivera y La Perla, en Córdoba. El Atlético, el Olimpo y la ESMA en Buenos Aires, que habían sido “acondicionados” para recibir a los miembros de este organismo. Los detenidos desaparecidos que se encontraban en la ESMA fueron trasladados a una isla en Tigre, y sólo algunos fueron “blanqueados” como presos políticos. También recorrieron las cárceles de Caseros, Rawson y Devoto, que tan sólo un año atrás había sido la sede de una de las masacres penitenciarias más sangrientas, con el asesinato de más de 60 internos por parte del Servicio Penitenciario Federal.

Los integrantes de la comisión además se entrevistaron con los integrantes de la Junta Militar Roberto Viola, Omar Graffigna y Armando Lambruschini además del Teniente General Jorge R. Videla, entre otros.

El edificio de la OEA, ubicado en Av. de Mayo al 700, funcionó como sede donde la CIDH recibió 5.580 denuncias durante las dos semanas que duró su estadía. Las largas colas de más de tres cuadras de familiares que se formaban para presentar declaraciones evidenciaban la situación que los militares querían ocultar. Asimismo, organismos como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y Madres de Plaza de Mayo entre otros reunieron otras 3.000 denuncias que se sumaron al total.

En el informe redactado por la Comisión sobre Argentina se reconocía “la situación de miles de detenidos desaparecidos” y se afirmaba que “personas pertenecientes o vinculadas a organismos de seguridad del Gobierno han dado muerte a numerosos hombres y mujeres después de su detención”.

Sin embargo estas afirmaciones fueron rechazadas por los militares, quienes objetaron la autoridad del organismo para evaluar y cuestionar las leyes y decretos del Gobierno argentino “en su lucha antiterrorista”. Similares argumentos había tenido la Iglesia Católica, que sostuvo que “no tenía por qué una comisión extranjera venir a tomar exámen”.

La Junta militar intentó por todos los medios que el informe de la CIDH fuera rechazado por la Asamblea de la OEA y finalmente la declaración oficial del organismo no hizo mención alguna al caso de Argentina. Sin embargo, a pesar del silencio cómplice de la Organización las denuncias sobre desapariciones forzadas, tortura y muerte crecieron y comenzaban a ganar más repercusión pública internacional.

37 años después

37 años después, Barack Obama firmó junto a Mauricio Macri un acuerdo por el cual se desclasifican algunos archivos secretos de Estados Unidos sobre la dictadura. En ellos curiosamente puede leerse una carta del presidente Carter dirigida a Videla donde se expresa la “coincidencia de ambos países en la defensa de los derechos humanos”. Sin embargo, la desclasificación de los archivos muestra que Estados Unidos conocía sobre las desapariciones y torturas de los militares, según consta en el reporte anual sobre derechos humanos de la embajada estadounidense en Buenos Aires de 1980. "Creemos que los detenidos son habitualmente torturados como parte del interrogatorio y eventualmente ejecutados sin juicio", revela uno de los cables confidenciales fechado también en ese año.

En momentos donde el macrismo intenta instalar un nuevo relato sobre los derechos humanos y el genocidio durante la última dictadura militar, es importante recordar el papel protagónico de los Estados Unidos como principal impulsor de los golpes de Estado en Latinoamérica a través del Plan Cóndor, y el rol que cumplieron las autoridades militares, las principales cámaras empresarias y la Iglesia en Argentina. El reclamo por la apertura irrestricta de todos los archivos secretos continúa siendo fundamental para saber qué pasó con los detenidos desaparecidos en los más de 650 centros clandestinos de detención y con los 400 niños y bebés apropiados en cautiverio.






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