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CARCELES Y CORONAVIRUS

Devoto: el Gobierno logró un “acuerdo” que no resuelve la emergencia carcelaria

Autoridades del Ejecutivo y del Poder Judicial firmaron un acta con representantes de los presos cargada de “buenas intenciones” y promesas que, seguro, no se cumplirán. Sigue intacta una probable tragedia sanitaria en las cárceles argentinas.

Jueves 7 de mayo de 2020 | 10:44

Foto: Realpolitik

Este jueves se realizó una nueva reunión de la "mesa de diálogo" en la cárcel de Devoto, en la que participaron delegados de las personas privadas de libertad en esa unidad, autoridades del Poder Ejecutivo con el viceministro de Justicia Mena, del Poder Judicial, la Defensoría General de la Nación, la Procuración Penitenciaria de la Nación, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y representantes de organizaciones deefensoras de derechos humanos.

El jueves pasado causó malestar entre los presos que el viceministro de Justicia Juan Martín Mena faltara, y en su lugar el Gobierno haya enviado a un funcionario de tercera línea. La presencia estaba comprometida como en las dos reuniones previas de la mesa conformada por iniciativa del propio Gobierno nacional, tras la protesta del viernes 24 de abril.

En esta oportunidad, Mena informó sobre los "avances logrados" hasta la fecha en relación a los compromisos asumidos por las autoridades en las reuniones pasadas (informes técnicos, atrasos de informes penitenciarios, revisión médica de la población con riesgo sanitario), pero nada dice respecto a los 405 casos que se habían comprometido a revisar.

La única mención al pasar respecto a las situaciones procesales, es que se acordó trabajar en la reelaboración de los criterios criminológicos y los informes que elabora la autoridad penitenciaria y se mantuvo el compromiso de no adoptar represalias contra las personas detenidas en esa unidad.

También se acordó en que el “conflicto/ reclamo colectivo” iniciado el 24 de abril “ha quedado concluido”; en base a lo cual los participantes asumieron la responsabilidad de “arbitrar los medios necesarios para retomar el normal funcionamiento del establecimiento”. A lo que se añadió el compromiso de dar continuidad a las conversaciones de ese espacio de diálogo, cuyo siguiente encuentro quedó fijado para el día miércoles 20 de mayo de 2020. Una especie de paz social" que no resuelve problemas de fondo.

Por iniciativa de las autoridades del Ministerio de Justicia, se conformará una "mesa ampliada", de la que participarán entre otros, el Ministerio de Salud propuesta por la Procuración Penitenciaria.

En la última reunión del 30 de abril, los representantes de las personas detenidas denunciaron que recibieron represalias luego de la protesta del 24 de abril, con una merma en los alimentos y los artículos de limpieza fundamentales para prevenir el contagio. En el acta las autoridades se comprometieron a continuar y reforzar las tareas dirigidas a mejorar las condiciones de higiene, salud y prevención del COVID-19 y la alimentación.

Los delegados de los detenidos se ofrecieron para colaborar en la reparación de sus lugares de alojamiento y presentaron a las autoridades el proyecto “Ayuda Humanitaria” para la confección de productos de higiene y salud en el marco de la pandemia.

Hasta el momento la política tanto del Gobierno nacional como el provincial de Axel Kicillof, viene siendo dilatar y ocultar la gravísima situación en las cárceles, que recrudece con la pandemia. Pero también, han dejado correr e incluso han legitimado con declaraciones del propio Alberto Fernández, la campaña reaccionaria y derechista de un sector de propios y ajenos en contra de supuestas liberaciones masivas de presos, con cacerolazo y fack news incluídos.

Desmintiendo a quienes sostienen como parte de una campaña derechista que existe una "liberación masiva de presos", como quedó plasmado en el acta de la última reunión, de las 1.280 personas detenidas en las cárceles federales que reúnen los requisitos establecidos por Casación sólo fueron liberadas hasta el momento 320, a más de un mes de declarada la cuarentena.

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Hoy se confirmó que los dos presos de Devoto que están internados en el Hospital Pirovano debido a las heridas que recibieron el 24 de abril y que dejó a uno de ellos hemiplégico, tienen Covid-19. Se trata de Gustavo Barreto y Cristian Grageda. Versiones oficiales dicen que es probable que se hayan contagiado en el mismo hospital. Demasiada casualidad para ser creíble, y se ser así es evidente que las medidas tomadas para evitar el contagio en el nosocomio (si es que las hubo al menos para con los dos detenidos) de mínima no sirvieron.

La Procuración Penitenciaria de la Nación había denunciado penalmente que las heridas de Barreto y Grageda eran de balas de plomo. La denuncia penal fue acompañada por médicos de la Procuración, que entrevistaron a los heridos y tuvieron acceso a la documentación médica que constata que fueron heridas por un “cuerpo extraño de densidad metálica compatible con proyectil de arma de fuego”.

Este martes mientras la Corte bonaerense "suspendía" la resolución de Casación por una cautelar basada en fake news sobre liberaciones y domiciliarias que permitiría evitar una catástrofe, la ONU sugirió a los Estados americanos despoblar los penales para evitar “estragos” humanitarios en los lugares de encierro y exigió a los gobiernos "actuar de inmediato para prevenir nuevas pérdidas de vidas".

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Por su parte, en una declaración la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, aseguró: "Es el Poder Ejecutivo, tanto en su nivel nacional como provincial, quien tiene a su cargo la administración de los establecimientos carcelarios y a él comprende la obligación de asegurar condiciones esenciales de salubridad e higiene intramuros".

Si bien le "tiran la pelota" al Poder Ejecutivo sin mencionar la responsabilidad que el Poder Judicial tiene respecto a la persecución penal a los sectores más pobres y respecto situación procesal irregular de la mitad de la población carcelaria que está presa con prisión preventiva, pone blanco sobre negro respecto a la responsabilidad que el Poder Ejecutivo tiene sobre el estado de las cárceles y lugares de encierro, del hacinamiento y las condiciones inhumanas de detención.

Algunos medios al finalizar la reunión por Devoto titulaban que el acuerdo logrado daba por finalizado el "conflicto". Sin resolver las cuestiones de fondo no sólo en Devoto, si no en todas las cárceles y lugares de encierro del país, es muy difícil que esta expresión sea una realidad.

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