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Deuda: el Gobierno les concedió U$S 10.000 millones a los bonistas

El Gobierno nacional negocia con bonistas externos la reestructuración de la deuda por U$S 66.300 millones. La nueva fecha límite para alcanzar un acuerdo es el próximo 24 de julio. Hablamos con Lucía Pezzarini, economista de la consultora Ecolatina, en #SeTeníaQueDecir.

Martes 30 de junio | Edición del día

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El Gobierno nacional negocia con bonistas externos una reestructuración de la deuda pública en jurisdicción extranjera, por alrededor de U$S 66.300 millones. A mediados de abril realizó una primera oferta ante la SEC (Security and Exchange Commission, o Comisión Nacional de Valores de EEUU), y ya extendió varias veces el plazo para alcanzar un acuerdo. La nueva fecha límite es el próximo 24 de julio.

Mientras tanto, reperfiló deuda pública bajo jurisdicción local, tanto en pesos como en dólares, y dejó impagos vencimientos en abril por U$S 503 millones (correspondientes a los bonos Globales 2021, 2026 y 2046). Así también, esta semana quedarán impagos los bonos Centaury (el bono a 100 años de Caputo) y Discount. No obstante continúan las renegociaciones por alcanzar un acuerdo con los acreedores privados.

De todas formas, el Gobierno pagó en mayo, en medio de la pandemia, vencimientos por U$S 853 millones (entre los cuales está el FMI como destinatario por unos U$S 313 millones).

Para comprender mejor las implicancias de la deuda pública externa y su renegociación, hablamos con Lucía Pezzarini, economista de la consultora Ecolatina, en el programa #SeTeníaQueDecir.

Para Pezzarini, la renegociación actual hay que entenderla como "un primer paso" en esa negociación que el gobierno nacional gestiona desde hace varios meses.

"La oferta inicial fue rechazada desde el principio y Argentina se fue moviendo y haciendo distintas ofertas, cediendo a distintos reclamos", cuenta, y destaca en esta entrevista algunas de esas concesiones, como los intereses corridos de los bonos o el pago en 2021 y 2023, como una muestra de la "voluntad" de pagar de esta gestión.

"Argentina fue cediendo algunos aspectos y fue mejorando esa oferta", remarca Pezzarini, y subraya que desde que comenzaron esas negociaciones "se sumaron alrededor de 10 mil millones de dólares y hasta 2028 se va a pagar alrededor de 25 mil millones".

"La única oferta que está oficializada es la primera pero se conocieron en todo este proceso dos ofertas más de Argentina donde se fue moviendo y cediendo alguno de los reclamos de estos acreedores".

"En primer lugar fue subiendo un poco los cupones. En segundo lugar, ya la última oferta argentina no empieza a pagar en el 2023 sino en el 2021. Después, la quita de capital la redujo al mínimo, es decir, los bonos más cortos tenían una quita de capital del 12 % ahora tienen un 3 %".

"Y otra cuestión es que también reconoce los intereses corridos de todos esos bonos. Los intereses corridos son los intereses que se devengaron desde el último momento, desde el último pago de interés de cada bono hasta el día en que ese va hacer el canje. Ahí tenemos alrededor de 2.200-2.300 millones de dólares, que en la primera oferta de canje no estaban contemplados y ahora sí", agregó Pezzarini.

Pero esta, como advierte, es sólo "una porción de la deuda que Argentina tiene que pagar". "Esta es la deuda con acreedores externos bajo ley extranjera", pero también está la que se contrajo bajo legislación nacional y con organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional.

"Con la deuda que está en legislación local se dijo que se le va a dar el mismo tratamiento que a la legislación extranjera", remarca, y añade que "de los tenedores de bonos, hay dos que están presentando sus propuestas juntas, y plantean que en la renegociación, la deuda bajo ley local no puede ser mejor que la ley extranjera, por lo que es esperable que se repliquen las mismas condiciones".

La composición de la deuda

Sobre la composición de la deuda, hay 23 mil millones de dólares, aproximadamente, que son los bonos del Canje (2005 y 2010), dice Pezzarini, y aclara que esos bonos "tienen condiciones mas difíciles en los contratos legales para hacer una reestructuración, pero los emitidos en 2016, en la gestión de Macri, tienen clausulas más fáciles para la negociación del gobierno nacional". Respecto a los bonistas, destaca también que "piden que se use el marco legal de 2005, lo que significaría un retroceso".

Por otra parte, respecto a los pronósticos del FMI para Argentina, señala que aunque auguran que la actividad caerá, entre este año y el próximo, un 10%, ese "es solo un piso: 11,5 %- 12% es mas probable, pero obviamente está sujeto a cómo salga el canje" y a cuestiones tales "como cuánto dure el aislamiento, ya que lo que representa el AMBA en la producción del país es mucho. Hoy está sujeto a cosas muy contingentes, que no sabemos cómo va a continuar".

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