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Detención de Milagro Sala: el Gobierno defiende su política abiertamente represiva

La Secretaría de Derechos Humanos de la nación y la Fiscalía de Estado de Jujuy respondieron a la ONU los motivos por los que sostienen que “liberar a Milagro Sala implicaría un claro peligro”.

Natalia Morales

@NatuchaMorales

Viernes 25 de noviembre de 2016 | Edición del día

En enero de este año, Milagro Sala, dirigente de la Tupac Amaru y diputada del Parlasur fue detenida ilegalmente por encabezar un acampe de protesta contra el gobernador Morales. Desde ese momento, diversos organismos, nacionales e internacionales vienen reclamando su libertad, por considerar arbitraria la detención. Sin embargo, tanto desde el Gobierno nacional como el provincial se vienen negando a dar curso a estos reclamos.

Hace varias semanas, un grupo de trabajo de la ONU pidió su liberación por esos mismos motivos. La primera respuesta del Gobierno fue “entender” que se trataba solo de una opinión emitida por este organismo, de carácter no vinculante. Este jueves, el Gobierno dio una respuesta aún más dura, dejando en claro que no dará curso a las insistencias de los organismos internacionales.

Del mismo modo, no solo desoyó a los organismos de DD.HH. del país que, junto a diputados de distintos bloques viajaron a la provincia norteña a reclamar, sino que incluso llegó a espiar, mediante la Gendarmería, esa reunión.

Reunión en Ginebra

El martes pasado, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, estuvo presente en la reunión realizada por la ONU en Ginebra, donde se trató la situación de los derechos humanos de las personas migrantes y de los pueblos indígenas. En esa reunión se le consultó al representante del Gobierno argentino por la situación de Milagro Sala. Avruj respondió que el Gobierno de su país invitó tanto al Grupo de Detenciones Arbitrarias como a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, a visitar Argentina. Sobre la detención de Sala, añadió que “no está detenida por pertenecer a un grupo étnico”, sino por corrupción.

Pastor Murillo, funcionario del Comité contra la Discriminación Racial de la ONU (CERD), le respondió al secretario de Derechos Humanos “entiendo la posición del Estado, pero cuando se presenta la detención de una líder indígena el asunto no puede leerse al margen de su rol en la sociedad. La detención está asociada a un caso de corrupción, pero puede investigarse con ella en libertad. Hay un dictamen muy acertado del grupo de Trabajo. Esa decisión tiene que ser cumplida”. Además le sugirió que el Gobierno de Argentina debe tomar medidas para liberar a Milagro Sala.

Respuestas del Gobierno

“Liberar a Milagro Sala implicaría un claro peligro” fue la síntesis de la respuesta por escrito que elaboró el Gobierno y que se dio a conocer este jueves.

Desde la Secretaría de Derechos Humanos redactaron 21 páginas; la Fiscalía de Estado de Jujuy, otras 39 páginas; además de 52 páginas con fundamentos del Tribunal Superior de Justicia y el Ministerio Público de Jujuy. Este extenso informe, sobre la situación de detención de la dirigente de la Tupac Amaru, fue enviado por la Cancillería a la CIDH de la OEA y al Grupo de Trabajo de la ONU.

Asimismo, el Gobierno respondió a las denuncias de la ONU. “Arribar a la conclusión de que la detención de Sala resulta arbitraria, dando la espalda a esta evidencia aportada en los expedientes judiciales, resulta por sí misma una decisión arbitraria” fue la respuesta gubernamental.

Simultáneamente, en el informe que Cancillería envió, extendió una invitación a los representantes del Grupo de Trabajo de la ONU y de la OEA a visitar Jujuy "a efectos de tomar cabal conocimiento de todas las circunstancias que justifican la detención mientras se encuentran debidamente respetadas y garantizadas las garantías del debido proceso y los derechos de la imputada", señalan en el escrito.
Por otro lado, el ministro de Justicia Germán Garavano, comunicó que durante las primeras semanas de enero llegará a nuestro país el Grupo de Trabajo de la ONU, cuyo objetivo será entrevistarse con los funcionarios judiciales jujeños.

De este modo el Gobierno pretende detener la ofensiva internacional, que a partir de las denuncias realizadas por el CELS y Amnistía Internacional ante organismos extranjeros, vienen reclamando por la libertad de Milagro Sala, y advierten al Gobierno de Argentina que en el país no se estaría cumpliendo el derecho de defensa de Sala, porque no queda claro cuáles son los motivos de su detención.

Organismos nacionales e internacionales se suman al reclamo

A principios de septiembre, el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), organismo fundado por la diputada nacional Myriam Bregman (PTS-Frente de Izquierda), convocó a un Encuentro en la provincia de Jujuy, a la que denunció como “capital de la impunidad y la represión”.

Un día antes del Encuentro del CeProDH, en la Ciudad de San Salvador de Jujuy, una comisión integrada por representantes de organismos de derechos humanos, diputados nacionales y legisladores provinciales, escuchó los testimonios de las víctimas del Gobierno de coalición de la UCR y el Frente Renovador, el partido de Sergio Massa.

A fines de octubre el Grupo de Trabajo Sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas evaluó que "la detención de la señora Milagro Sala es arbitraria " y en consecuencia solicitó "al gobierno de la República Argentina liberarla de inmediato". A este reclamo se sumó la OEA. Posteriormente se sumó a este pedido el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau.

Esta semana viajó a Jujuy la Presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Estela de Carlotto, junto a Lita Boitano, presidenta de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, dirigentes de HIJOS y el titular de la CTA, Hugo Yasky, visitaron a Sala en la cárcel. Ahora se suma al mismo reclamo, el Comité contra la Discriminación Racial, también de la ONU.

Como resultado de esas presiones constantes, en el día de ayer liberaron al esposo de Milagro Sala, Raúl Noro, detenido en julio pasado, acusado de asociación ilícita. Junto a él liberaron a otros 3 integrantes de la organización Tupac Amaru, detenidos desde el mes de marzo, también acusados de asociación ilícita y fraude al Estado de lo que se conoce como la causa de Los Pibes Villeros. Suman hasta el momento 6 presos políticos liberados desde las resoluciones internacionales.

Desde la asunción de Gerardo Morales de la UCR y Carlos Haquim del Frente Renovador, los sectores populares y trabajadores de Jujuy han sufrido distintos y sucesivos ataques a sus derechos más elementales.

A poco de asumir, Morales y Haquim, han convertido a Jujuy en la capital del ajuste y la represión. Además de la detención de Milagro Sala, por participar de un acampe, se sumaron despidos y suspensiones a trabajadores estatales y del Ingenio La Esperanza, o juicios contra trabajadores de empresas como Aceros Zapla por ejercer su derecho de huelga, así como la detención de integrantes de la directiva del SEOM por reclamar mejores condiciones de trabajo para los municipales, entre otros hechos. Además de la aplicación de un nuevo Código Contravencional desde donde llevan adelante razias, allanamientos y detenciones de jóvenes.

Pero el gobierno de Morales, lejos de escuchar los reclamos de organismos nacionales e internacionales, está endureciendo sus políticas de criminalización de la protesta. Esta semana comenzaba el juicio contra Milagro Sala, Código Contravencional en mano, para juzgarla por el acampe. Finalmente se suspendió, pero el mensaje de Morales es claro: inflexibles.






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