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Detención de Milagro Sala: Gobierno defiende criminalización de la protesta social

Después de que hasta la ONU definiera como “arbitraria” la detención de Milagro Sala, el Gobierno nacional defendió el encarcelamiento afirmando que la resolución “no es vinculante”.

Sábado 29 de octubre de 2016 | Edición del día

Hasta la ONU, institución que ha avalado intervenciones imperialistas por décadas, tuvo que señalar ayer que la detención de Milagro Sala, llevada adelante por el Gobierno de Gerardo Morales en Jujuy –con el aval explícito de Macri- es “arbitraria”.

La resolución corresponde al Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria de Naciones Unidas y fue dada a conocer este viernes. No se trata de una cuestión que surgiera de la noche a la mañana, sino que es el resultado de meses de gestiones y discusiones.

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En la resolución se señala que “la detención de la señora Milagro Sala es arbitraria” y, en función de eso, se solicita “al Gobierno de la República Argentina liberarla de inmediato”.

En el comunicado con el que se difundió la resolución, se informó que “el Grupo de Trabajo determinó que hubo un entramado de "acusaciones consecutivas" e “inicio de causas judiciales para sostener su privación de libertad de manera indefinida en el tiempo”.

En la resolución, entre otras cuestiones, se lee que hubo “irregularidades presentadas a lo largo del proceso, las cuales afectan de manera directa el derecho del debido proceso. En primer lugar, la señora Sala se encuentra detenida como consecuencia de un procedimiento que procura extorsionar a las organizaciones sociales que se encuentran reclamando para que levanten el acampe”.

Esta conclusión acompaña la reseña de los hechos ocurridos en los días previos a la detención, marcados por protestas de la Tupac y otras organizaciones en el centro de la ciudad de San Salvador de Jujuy.

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En el informe también se señala que, del análisis de las causas judiciales por las que se sostiene la detención, se concluye que “no existen elementos legales para justificar su prisión preventiva”.

La resolución también condena el accionar del Estado, al impedir que el “el ejercicio del derecho de defensa de Sala por la falta de precisión y claridad de los hechos que se le imputan y por no informarle adecuadamente los delitos por los que es acusada”.

En base a estos considerandos, el Grupo de Trabajo pidió la inmediatamente liberación de Milagro Sala.

Justificando la criminalización de la protesta social

La respuesta del Gobierno fue la ratificación de la política de criminalización de la protesta social y la defensa del encarcelamiento de Milagro Sala.

Fue el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, el que salió a responder, empezando por definir que la resolución “no es vinculante”.

Además afirmó que “trasladará la inquietud al Tribunal Superior de Jujuy”. La afirmación podría causar alguna gracia sino se tratara de cuestiones que hacen a la justificación de la persecución política.

Ese tribunal se halla fuertemente cuestionado por su completa imparcialidad en esta persecución. Así lo denunció, entre otros, Horacio Verbitsky en este diario, en una entrevista reciente.

Más información: Horacio Verbitsky: “Hay un ensañamiento evidente contra Milagro Sala

Avruj también agregó que “que hay cosas que no fueron tomadas en cuenta, o porque hay cosas posteriores que la denuncia del CELS no fueron tomadas en cuenta”. De esta forma se justifica la política llevada a cabo por el Gobierno de Jujuy y la casta judicial, que sostuvo la continuidad de la detención con el agregado de nuevas causas.

El colmo de las afirmaciones del funcionario nacional llegó cuando dijo que “tenemos seis meses para responder, es una opinión. Lo charlaremos con la Justicia que es el ámbito que tiene que contestar”. Para Avruj es evidente que seis meses más de cárcel son un "detalle".

Las declaraciones del secretario de Derechos Humanos son un aval político a la gestión del gobernador radical Gerardo Morales. La detención de Sala en esa provincia es la punta de lanza de una política destinada a criminalizar el conjunto de la protesta social y los reclamos de trabajadores y sectores populares.

Fue precisamente esto lo que se denunció en una reciente visita de legisladores nacionales y de algunas provincias, como parte de una comisión que recabó múltiples denuncias de violaciones a las libertades democráticas.

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Conferencia del CELS

Ayer por la tarde tuvo lugar una conferencia de prensa en la sede del CELS. Allí estuvieron presentes referentes de ese organismo y parte de la representación legal de Milagro Sala.

Horacio Verbitsky, titular del CELS, señaló que "ahora le toca al Estado argentino cumplir esta resolución". Ante las preguntas de los periodistas señaló que es falso que tenga que pasar por el Comité de Derechos Humanos de la ONU para su aprobación. El periodista agregó que se trata de una resolución, “no de una recomendación” y, por lo tanto, el Gobierno tiene la obligación de dar una respuesta.

Gastón Chillier, también del CELS, señaló que esta resolución se basa en el hecho de que el Estado “no pudo demostrar que estaba justificado legalmente el arresto”.

En la conferencia estuvo presente Elizabeth Gómez Alcorta, una de las abogadas de la Tupac. Ella señaló que “ningún juez de ninguna de las jurisdicciones quiso hacerse cargo de decir lo que necesitamos que nos vengan a decir organismos internacionales”.

Verbitsky indicó que el lunes el CELS presentará una nota ante la Cancillería para que responda "cuándo y cómo va a dar cumplimiento a la resolución".

Desde la izquierda siempre se ha sostenido la lucha por la libertad de Milagro Sala contra la persecución del Estado, sin esconder las grandes diferencias políticas con esta dirigente, ya que de lo que se trata por parte de Cambiemos es de avanzar de conjunto contra la protesta social.

A la vez, desde la izquierda se ha planteado que desde el kirchnerismo y las distintas alas del peronismo no se ha luchado seriamente por la libertad de Sala. Esto va de la mano con la gobernabilidad que el peronismo le presta a Cambiemos en el Congreso Nacional, en las provincias y en los sindicatos, a la vez que pone de manifiesto que la política de criminalización de la protesta social no es exclusiva de la coalición Cambiemos o de los Gobiernos que responden a la UCR y el PRO. Por el contrario, allí donde gobierna el peronismo o el Frente para la Victoria también se despliega una política represiva hacia sectores combativos.

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Frente a esta política de represión y criminalización de la protesta social se erigen cada vez más voces de rechazo y de apoyo a los sectores en lucha.







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