Política

CRISIS EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

El Gobierno de Kicillof cedió a la extorsión policial y el conflicto llega a su final

En la tarde de este jueves pareció quedar cerrado el reclamo que tuvo lugar durante cuatro jornadas. El Gobierno de Kicillof cedió a todos los reclamos de esta fuerza represiva. Además, Sergio Berni fue ratificado en su cargo.

Jueves 10 de septiembre | 22:30

Foto: Matias B.-Enfoque Rojo

En la tarde de este jueves los efectivos de la Policía Bonaerense levantaron las protestas que mantenían en varios puntos de la provincia, con eje en el centro Puente 12 de La Matanza. Lo hicieron tras valorar el incremento salarial anunciado por el gobernador Axel Kicillof y contar con la confirmación de que no serán sancionados por las movilizaciones que concretaron desde el lunes último.

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Según informó Télam, tras el acto que encabezó el mandatario bonaerense en La Plata, se realizaron asambleas en cada punto de las movilizaciones a fin de analizar los números de la mejora anunciada por Kicillof. Si bien los medios mostraron cierto malestar entre los efectivos en relación a la propuesta, de conjunto pareció convencer a la mayoría de quienes llevaron adelante esta extorsión.

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Durante la tarde, el comisario Carlos Maure, del Comando de Patrullas de La Plata, confirmó a la señal televisiva TN que "se firmó un acta compromiso, que era lo que más pedían los compañeros", que asegurara que "ningún policía" que hubiera participado de la protesta, "tanto uniformado como franco de servicio, iba a recibir represalias, sanción económica o traslado, ni acoso laboral, ni ahora ni a futuro".

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Luis Tonil, presidente de la Defensoría Policial y virtual vocero de los uniformados que protestaron en Adrogué, expresó a la misma señal de cable que "hay un compromiso del ministro (Sergio) Berni de que no va a haber sanciones para los que levanten la protesta".

"Ya se levantó todo", confirmó a Télam una fuente policial del Centro de Coordinación Estratégica de la policía provincial en Puente 12 en La Matanza.

Lo mismo ocurrió en otros puntos de la provincia como Adrogué, Lanús, La Plata y Bahía Blanca.

A través de sus redes sociales, los policías también celebraron el anuncio del gobernador y, especialmente, el compromiso de que no habrá sanciones para el personal policial que participó de las protestas.

"Se logró dar un gran paso, que se conocieran las malas condiciones en las que estábamos trabajando, el auditor general dio su palabra que nadie va ser sancionado (sumariado)", publicaron en el Facebook Policía Reclamando, donde estos días fueron visibilizando sus demandas.

Remarcaron también su expectativa de que "ahora" Kicillof "cumpla y haga una mesa de diálogo" y plantearon: "Podemos estar de acuerdo o no con el anuncio pero se logró algo muy bueno, es el primer paso".

En Bahía Blanca, los efectivos retiraron unos 20 patrulleros que desde hacía tres días se encontraban -a modo de protesta- estacionados frente a la municipalidad, por lo que se encontraba cortado el tránsito en la zona.

Triunfo de una extorsión

Lo que claramente tuvo lugar desde el lunes por la tarde fue una extorsión llevada a cabo por los integrantes de la mayor fuerza represiva del país. En distintas localidades hubo concentraciones de efectivos armados, que utilizaron los patrulleros y que amenazaron extender el reclamo.

Este chantaje policial logró su cometido. El anuncio realizado por el gobernador Kicillof en la mañana del jueves atiende a prácticamente todas las demandas de quienes se habían rebelado.

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Estas concesiones siguen la misma lógica que el oficialismo tuvo ante anteriores aprietes de la derecha. Si se revisan los meses previos, el Frente de Todos concedió ante cada reclamo de las grandes patronales o la derecha. El caso más notorio fue el de Vicentin, donde el chantaje y la presión implicaron un notorio retroceso en el proyecto de expropiación presentado inicialmente.

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Crisis social, tensiones y represión

Este jueves por la noche, cuando no habían transcurrido ni siquiera 12 horas de los anuncios se Kicillof, se llevó adelante el desalojo de una ocupación de tierras en la zona norte del conurbano bonaerense.

Un impresionante operativo de la Policía Federal sirvió para dejar a decenas de familias sin las precarias viviendas que habían montado. La orden de desalojo la dio la juez Sandra Arroyo Salgado.

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El accionar estatal se condice con las declaraciones que los funcionarios oficialistas hicieran en la semana previa al conflicto policial. En ese entonces, acompañando el discurso de Sergio Berni, desde el presidente hasta el gobernador Kicillof habían criticado las ocupaciones de tierra como "ilegales". Ese discurso es el fundamento de las medidas represivas.

Es necesario entonces rodear de apoyo las ocupaciones de tierra. Sostener la lucha por el derecho a la vivienda que llevan adelante miles de familias en el Gran Buenos Aires y en todo el país. No se puede permitir la avanzada represiva contra quienes solo reclaman un legítimo derecho.

Los movimientos sociales, las organizaciones de desocupados, los organismos de derechos humanos, las diversas fuerzas políticas tienen que apoyar este reclamo.







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