Política Chile

CASO PENTA

Después de 4 años, no arriesgan penas de cárcel y piden libertad vigilada

A años del destape del caso PENTA sigue existiendo un ánimo de impunidad para los imputados por los privilegios que le otorgan las leyes, sin duda uno de los principales casos de corrupción en Chile que logro abrir un cuestionamiento al régimen y sus partidos corruptos de la mano de los abusos empresariales, que aún no se cierra.

Jueves 28 de junio

El pasado lunes se expusieron ante el TC los alegatos del requerimiento presentado por legisladores del Partido Socialista (quienes también han estado ligados a escándalos de corrupción), que buscaba objetar el acuerdo entre fiscalía y los imputados en el caso. Por decisión unánime del Tribunal Constitucional se declaró inadmisible este requerimiento lo que en consecuencia significa que los imputados no irían a juicio oral ni arriesgan penas efectivas de cárcel.

Ante esto la fiscalía reingresó una nueva solicitud al octavo juzgado de Garantía de Santiago para una audiencia de reformalizacion y juicio abreviado, en donde se recalificará el delito de cohecho por enriquecimiento ilícito, permitiendo así que los acusados, Pablo Wagner, ex subsecretario de minería del pasado Gobierno de Piñera (2010-2012); junto a los fundadores de PENTA, Carlos Lavín y Carlos Délano, accedan a una pena menor a 5 años de cárcel, con el beneficio de la libertad vigilada. Finalmente, el tribunal determinara una nueva fecha para la audiencia que terminará por cerrar el caso.

El Chile de los empresarios

Estos hechos demuestran cómo las instituciones judiciales y el Estado han estado al servicio y en función de los grandes empresarios y sus partidos, recordemos que el grupo PENTA es un holding empresarial con inversiones en áreas de prevención, salud, inmobiliaria, educación, entre otros; acusados de delitos tributarios y sobornos ligados a financiamiento de partidos políticos, que hoy están a un paso de quedar en total impunidad, dando cuenta de cómo sus privilegios no se acaban incluso siendo imputados, mientras son estos mismos empresarios quienes han hecho negocio con la vida de millones de chilenos y chilenas, estudiantes, trabajadores y trabajadoras.

Esto, sumado al retorno de Ponce Lerou, ex yerno de Pinochet, a SQM luego del escándalo de corrupción que se abrió el 2013, termina demostrando al servicio de quienes están estas instituciones y por otra parte de espalda a la mayoría del pueblo pobre.

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Recordemos que no solo fueron estos casos: en los últimos años junto con el estallido de PENTA y SQM, en el cual se vieron involucrados los partidos de la NM y de la derecha; se suma el caso Caval que afectó directamente a Bachelet, el caso del pacogate y el fraude de la institución de Carabineros. Poniendo al desnudo un régimen heredado de la dictadura que favorece a los empresarios y sus políticos en desmedro del pueblo trabajador, los cual ha abierto profundos cuestionamientos al régimen, sus partidos e instituciones.

Actualmente con Piñera en el Gobierno se viene fortaleciendo el sector privado con medidas neoliberales anunciadas en sus “tres líneas de acción”, al mismo tiempo que estos casos están terminando con acuerdo a medida de los empresarios, impulsa un discurso de “unidad nacional” y una serie de promesas en “post de la necesidad del pueblo chileno” con su frase de “estoy dispuesto a convencer, pero también a ser convencido”. Lo que se propone es desviar estos cuestionamientos abiertos a las distintas instituciones del Estado y los empresarios, buscando cicatrizar la crisis abierta. No es coincidencia que en el contexto de movilizaciones feministas tome estas demandas y las haga parte de su programa fortaleciendo las mismas instituciones, subiendo en las encuestas con medidas populistas.

Se sigue mostrando con esto, que la política se hace a la medida de los empresarios, que ya durante años llevan adelante sus privilegios. Ellos no son quienes podrán dar la solución a nuestros problemas. Es más, son los directos responsables de una mayor precarización este último tiempo. De la mano del Gobierno y su plan de flexibilización laboral juvenil, o los contratos por hora que hoy recomiendan sectores de la UDI, creemos que debemos levantar una alternativa propia de las y los trabajadores, con independencia política, necesitamos un proyecto que cuestione el Chile de los empresarios, que pelee por los reales intereses de las mujeres, estudiantes, los sectores oprimidos y el pueblo pobre.






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