Mundo Obrero

EL AJUSTE LLEGÓ

Despidos: el regalo de Reyes

En menos de un mes de gobierno, la política económica del macrismo ya provocó los primeros despidos masivos y más flexibilización. En el Estado hay miles de cesantías. Los gremios tienen que terminar la tregua con Macri.

Daniel Satur

@saturnetroc

Miércoles 6 de enero de 2016 | Edición del día

Hay despidos o amenazas de cesantías en todo el país. Sobre todo, al menos en estos primeros días del año, en el sector público. Desde el Banco Central hasta intendencias de muchas provincias, pasando por el Centro Cultural Kirchner (manejado por el gobierno nacional) y por la gobernación de Santa Cruz (manejada por Alicia Kirchner).

En esta situación se mezclan “ajustes de cuentas” entre las administraciones entrantes y salientes y el personal político que acomodaron en los cargos, con avanzadas sobre los trabajadores de las distintas dependencias.

Anticipos de lo que viene

Con la devaluación, la inflación, el fin del cepo al dólar y la eliminación de las retenciones al agro y la industria (menos a la soja), todo a decretazo limpio y en menos de un mes, el gobierno de Mauricio Macri fijó una agenda a pedido de las grandes patronales. A partir de estas medidas, los empresarios comenzaron a ver con muy buenos ojos la posibilidad de bajar “los costos laborales” para aumentar aún más su rentabilidad.

Así, las mismas empresas (de los más variados rubros) que aumentan los precios de los productos de consumo popular ya hacen las cuentas para recortar personal y flexibilizar aún más a sus trabajadores. Casos como el de Siderca (del Grupo Techint), del Grupo 23 (del empresario k Sergio Szpolsky) o incluso de Cresta Roja, no son más que anticipos de lo que viene.

Los despidos encubiertos de “no renovación de contratos” o “retiros voluntarios”, como en el caso de la metalúrgica de Campana; las deudas salariales acumuladas durante meses, como sucede en los medios de Szpolsky; y las “soluciones” a crisis que dejan a los trabajadores casi en la calle; cada vez están más a la orden del día.

En mal Estado

Pero donde más se está empezando a manifestar con fuerza el ajuste propuesto por el gobierno es en infinidad de dependencias públicas donde, a la voz de “aura” lanzada desde la Casa Rosada, intendentes, gobernadores y funcionarios de la propia Presidencia decidieron la no renovación masiva de contratos de trabajo y el achique brutal de las plantillas de empleados.

Con el barniz discursivo de que “no se va a mantener ñoquis”, desde el Estado se está llevando adelante la decisión de barrer con cientos y hasta miles de empleos de hombres y mujeres que, en muchos casos, trabajan hace años con un altísimo nivel de precarización.

Por lo general se trata de contratos (con diversas denominaciones según el lugar del que se trate) renovados cada algunos meses o cada año. Contratos que en muchos casos se presentan como la antesala de un pase a planta permanente pero terminan siendo naturalizados como una relación “normal” entre patrón y asalariado. Contratos que el gobierno kirchnerista reprodujo hasta el hartazgo durante su “década ganada” y que ahora el macrismo recibió en bandeja para encarar su ajuste sin más trámites que “no renovar”.

La Izquierda Diario viene dando cuenta de diversos conflictos sucedidos en estos primeros días de 2016. En menos de un mes de presidencia de Mauricio Macri, mientras las inundaciones en el Litoral captan la atención y la preocupación de la población, miles de empleadas y empleados públicos los abordó la incertidumbre sobre su futuro laboral, cuando no directamente los cacheteó la noticia de que se quedaban sin trabajo.

Nación: bajas masivas e incertidumbre general

La semana pasada este diario informó cómo, a través del decreto de “necesidad y urgencia” número 254, Mauricio Macri lanzó una verdadera cacería de brujas contra trabajadoras y trabajadores estatales.

Esta semana comenzó con el anuncio de la vicepresidente Gabriela Michetti sobre la anulación de 2.035 puestos en el Senado de la Nación, que habían sido creados en 2015 por su antecesor, Amado Boudou, y que según ella y Clarín no tienen razón de ser.

Hay dos datos curiosos. Por un lado, el decreto de cesantías se conoció este lunes pero está firmado el 30 de diciembre. Desde el gobierno dijeron que recién se conoce ahora porque el Senado está sin actividad, con lo que “de haber protestas tendrían escasa repercusión”. Por otro lado, Michetti dijo que la decisión de anular esos empleos cuenta con el apoyo del propio kirchnerismo, cuyo referente en el Senado, Miguel Ángel Pichetto, avala la medida. Quienes se pronunciaron en contra son los gremios que representan a los trabajadores del Congreso, que rechazaron la medida y se encuentran en estado de “alerta y movilización”.

Por otra parte el nuevo presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, anunció la reorganización de la entidad, para lo cual uno de sus primeros objetivos es despedir algunos empleados nombrados por administraciones anteriores, centralmente en las oficinas de Protección al Usuario, Educación Financiera y Promoción de los Derechos Humanos.

A los despidos en el Congreso se suman las cesantías masivas en la AFSCA, el organismo creado por la Ley de Medios que recientemente fue liquidado por Macri. Ayer sus empleados se anoticiaron que el 29 de diciembre Agustín Garzón, quien reemplazó a Martín Sabbatella durante la semana en que la AFSCA fue intervenida, había firmado la rescisión masiva de los contratos (que a su vez eran masivos en esa dependencia) a partir de hoy.

Para completar el cuadro en dependencias federales, por el momento, hay que mencionar lo sucedido en el Centro Cultural Kirchner de la Ciudad de Buenos Aires. En una movilización realizada ayer en las puertas del CCK junto a ATE, los trabajadores denunciaron que peligran 675 empleos. “Muchos de nosotros trabajamos desde que abrió (en 2015), la mayoría somos monotributistas. Quedamos unos 500 afuera, no nos dejan entrar a trabajar. Ayer llegamos y había una lista de trabajadores que si podían entrar, que son los que se ve que necesitan en este momento (…) pero a los que formamos parte de técnica, de programación y atención al público no nos han dejado entrar”.

Si bien estos son los casos conocidos hasta el momento, entre miles de empleados de ministerios, secretarías y otras entidades oficiales reina la incertidumbre y el temor por el futuro laboral.

Provincias y municipios

La situación expresada a nivel nacional tiene sus capítulos similares en cada provincia y en importantes intendencias de todo el país.

A poco de asumir al frente de la gobernación de Santa Cruz, Alicia Kirchner decretó la emergencia económica en toda la provincia, con el aval de la oposición encabezada por el radicalismo.

La medida, tanto a nivel provincial como municipal (la UCR gobierna Río Gallegos), permitirá rescindir contratos y achicar “gastos” de forma discrecional. Por eso desde hace más de una semana empezaron a manifestarse los empleados provinciales con un acampe frente a la casa de gobierno. Incuso hubo una toma y huelga de hambre en dos ministerios para impedir despidos. Se calcula que son más de mil jóvenes precarizados, con sueldos que oscilan entre los dos mil y los cuatro mil pesos. A su vez los jubilados provinciales y municipales no cobraron sus sueldos y aguinaldos.

Si bien el cuadro tiende a repetirse en varias provincias, sobre todo en las más alineadas con la Casa Rosada, el cuadro más severo se está viendo en infinidad de intendencias de todo el país. Sobre todo porque es en los municipios donde proliferaron a lo largo de los años kirchneristas los empleos precarios, con programas como el Argentina Trabaja y miles de contratos de servicios y administrativos.

Las gestiones municipales de la Provincia de Buenos Aires que en las últimas elecciones quedaron en manos de Cambiemos picaron en punta con el barrido de sus plantillas de empleados.

El Secretario General de la Municipalidad de La Plata, Javier Mor Roig, dijo ayer que para “pavimentar la calle, llevar la cloaca, arreglar los baches de años y mejorar la iluminación necesitamos cada peso”. Esa frase parece servir como justificación para eliminar de un plumazo una parte considerable de los puestos municipales. Lejos de la promesa de campaña de Garro, cuando aseguró que se garantizaría la continuidad laboral de todos los contratados, muchos trabajadores precarizados por la comuna (algunos con más de 10 años trabajando) hoy ven que la Intendencia pretende dejarlos en la calle. Según varias versiones, no desmentidas por Garro ni por Mor Roig, unos 4.500 contratos serán “revisados” durante enero, lo que preanuncia un crecimiento del desempleo en la capital de la Provincia.

En Quilmes, el cocinero intendente Martiniano Molina ya había anunciado que él “podría gestionar con cuatro mil empleados y no con los ocho mil que hay. No queremos ñoquis”. Usando la misma excusa que sus pares de Cambiemos, desde el 31 de diciembre no se renovaron alrededor de 900 contratos y se estarían dando de baja otros tantos. Debido a las cesantías de la nueva gestión macrista, los trabajadores de una de las subsecretarias del municipio se declararon en paro de actividades.

En La Pampa, el intendente de Santa Rosa Leandro Altolaguirre (Cambiemos), confirmó el lunes la no renovación de contratos. Ayer se realizó una protesta de los contratados despedidos que se desempeñaban en distintos sectores. Al día de hoy hay más de 100 despedidos, muchos de los cuales llevan más de tres años precarizados.

Otro ejemplo es el del intendente PRO de la capital de Neuquén, Horacio “Pechi” Quiroga, quien terminó 2015 con la decisión de no renovarle el contrato a seis trabajadoras que se desempeñaban como operadoras telefónicas en el servicio de asesoramiento por violencia hacia las mujeres “0800 Mujer”. Las despedidas denuncian no sólo su situación laboral sino también el vaciamiento del servicio y el abandono a las mujeres víctimas de violencia. Una situación similar se vive en el servicio municipal de atención a mujeres víctimas de violencia de género de la ciudad de La Plata. Política PRO, recargada.

La semana pasada se daba cuenta en este diario de la intensa lucha política del Frente de Izquierda en los concejos deliberantes de Mendoza, donde tanto los intendentes de la UCR como los del FpV aprovecharon la ofensiva de Macri y el gobernador Cornejo para cerrar el año aplicando sus propios planes de ajuste en los municipios que gobiernan. En el caso de Las Heras por ejemplo, se aprobó el presupuesto de ajuste con el apoyo de la UCR y el Frente para la Victoria, con la “noticia” de 662 despedidos.

Ayer en la provincia cuyana hubo una importante marcha de docentes que están empleados en algunas modalidades “en peligro”. Se habla de unos 1.000 empleados de la provincia en esas condiciones. Al igual que el proceso encarado por Kirchner en Santa Cruz, el gobierno macrista de Mendoza dictó el decreto 2701 por el cual el pase a planta de empleados o las contrataciones quedan sujetos a la “emergencia fiscal”.

En Córdoba, la misma escena se repetía en algunos municipios: declaración de emergencia, falta de pago y despidos.

Estos ejemplos, variados pero coincidentes, indican que tras el discurso “purificador” del macrismo que plantea el fin de los “ñoquis” tanto a nivel nacional como provincial y municipal, se encuentra la voluntad de achicar el personal del Estado a niveles mínimos para así poder hacer pasar el ajuste que se propone.

Sus internas y nuestra lucha

El macrismo quiere justificar la cesantía de miles de contratos aduciendo que la totalidad de esos despidos son de personal “acomodado” por la administración kirchnerista. Pero más allá de esas internas políticas, para el conjunto de los trabajadores es inadmisible el método de extorsión que se está desplegando en todo el país, con la amenaza o la concresión directa de despidos, tanto en el Estado como en las empresas privadas.

Un método que se condice con las declaraciones del ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, cuando afirmó que “cada paritaria discute lo que puede discutir. Me parece que acá no es solamente la dimensión del salario sino también cuidar el empleo”.

Los despidos masivos (sean ya efectivizados o como amenaza latente) son funcionales a esta estrategia clásica de “canjear” salarios para mantener los puestos de trabajo. Una maniobra de la que, obviamente, en general son cómplices las burocracias sindicales.

La excusa de barrer a los “ñoquis” y militantes del kirchnerismo le viene de perillas al macrismo para atacar a los genuinos trabajadores. Pero también para ir generando, en paralelo, su propio ejército de personal político. La creación de nuevos organismos como el Ministerio de Modernización, es la punta del iceberg de la “revisión” de contratos. En definitiva, todos los partidos patronales tienen sus “ñoquis”, aunque varíen el gusto.

Sin tregua, pase a planta para todos

Frente a este panorama y ante las próximas paritarias, está planteada una lucha nacional en defensa de los puestos de trabajo genuino y del salario.

Los conflictos mencionados, tanto en el sector privado como en el Estado, no pueden pelearse por separado. Todos los gremios, sean estatales o de trabajadores de empresas privadas, deben terminar con la tregua que, de hecho, le están dando al Gobierno de Macri mientras éste toma todas las medidas en favor de los empresarios y el gran capital.

Se hace necesario pelear por asambleas de base en todos los lugares de trabajo para preparar una pelea nacional por las defensa del empleo, por el salario, contra la precarización laboral y por el pase a planta de todos los contratados. En ese sentido cobra mucho valor el proyecto de ley presentado en el Congreso en agosto de 2015 por Nicolás del Caño y Myriam Bregman, ambos del PTS y el Frente de Izquierda, que propone el pase a planta permanente en toda la administración pública nacional para que los genuinos trabajadores no se vean más sometidos a la vulnerabilidad que les impone la precarización.

El gobierno de los CEOs tiene un objetivo claro: que la crisis (de la que también es responsable el kirchnerismo) la paguen los trabajadores y el pueblo. Para enfrentarlo e impedir el ajuste, el objetivo indispensable debe ser la unidad de todos los trabajadores.






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