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El ENRE convocó a audiencias públicas para el 29 y 30 de marzo próximo. Una formalidad para avanzar con los tarifazos de luz que exigen las empresas y avala Martín Guzmán para limitar los subsidios sin afectar las ganancias de las privatizadas.

Jueves 4 de marzo | 21:10
Foto: Telam.

El presidente Alberto Fernández dijo en su discurso de inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso, el pasado 1 de marzo, que enviará un proyecto de ley para declarar la emergencia de los servicios públicos, "desdolarizar" las tarifas de luz y gas y "adecuarlas a una economía que tiene sus ingresos en pesos".

Al mismo tiempo, aclaró que hará la desdolarización bajo la premisa de "preservar la sustentabilidad macroeconómica, prevista en el Presupuesto 2021".

Si por un lado tiene que responder al malestar de gran parte de la población que está cansada del ajuste de sus ingresos, de los salarios a la baja, de la desocupación y de la suba de precios de los productos y servicios de primera necesidad, de otra parte pretende cumplir las indicaciones del "buen alumno" del Fondo Monetario Internacional (FMI), con quien busca cerrar un acuerdo de deuda y para ello debe ajustar el gasto y reducir el déficit fiscal.

Fernández, pretende entonces mostrar que es posible reducir los subsidios a las empresas privatizadas, aumentar las tarifas y al mismo tiempo desdolarizarlas sin afectar el bolsillo popular. Un camino sin salida, del cual se desprende que el plan será tarde o temprano un nuevo ajuste tarifario.

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Por algo el presidente también dijo que la consigna es que las tarifas "deben corresponderse con las necesidades y las capacidades de pago de nuestra gente". Será un cuadro tarifario "diferencial". Parece ser otro juego de palabras como aquel de la ley de "solidaridad" con la que se ajustó a jubiladas y jubilados.

En los hechos este ajuste tarifario ya empezó. La semana pasada se aplicó un aumento del 89 % sobre grandes consumidores de energía. Ahora es el turno de ir por el resto de los consumidores.

Por ello, este jueves el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) formalizó la convocatoria a audiencias públicas de tarifas de electricidad para el 29 y 30 de marzo próximo.

Las distintas empresas ya le adelantaron al ENRE, que buscarán que el próximo aumento sea de un 30 % en la facturación, e incluso de hasta el 100 % para "compensar" el período de congelamiento tarifario. Se trataría así de un nuevo tarifazo para los sectores populares, que vienen pagando los costos de la crisis económica en curso.

La ilusión de que es compatible ajustar... sin hacer un ajuste

Esa puja entre el ajuste fiscal que busca llevar adelante el ministro de Economía Martín Guzmán para complacer al FMI, los acreedores externos y el gran capital, y la especulación electoral, es la que se expresa en las tensiones al interior del Gabinete de gobierno.

De una parte, Guzmán busca sostener a rajatabla la reducción del gasto pautada en el Presupuesto 2021, y asegura que para ello se necesitan algo más de $ 120.000 millones, divididos entre el sector de electricidad y de gas. De acuerdo a Andrés Sanguinetti en IProfesional.com, con esa línea la Secretaría de Energía elaboró un informe técnico sobre las tarifas del gas en donde sostiene que se deberían gastar $ 58.000 millones más en subsidios para sostener el costo del gas que esté a cargo del Estado y evitar que se traslade a la factura de los usuarios.

Por su parte, las "tarifas de transición" implicarían aumentos que no superen el 9 %, una solicitud que el periodismo atribuye al ala de Cristina Fernández para evitar chocar con las pocas ilusiones que aún puedan tener la base electoral del Frente de Todos.

"Según el informe técnico, el Estado asume actualmente el 60 % del costo total del gas natural necesario para satisfacer la demanda. La continuidad de esta situación implica un costo fiscal para este año de $ 132.963 millones y determinaría una necesidad de partidas adicionales no previstas en el Presupuesto", plantea la nota en relación al enfoque de Guzmán.

Para cubrir el faltante se propone readecuar la proporción de ese costo, aumentando las tarifas entre el 26 % y el 35 %, para el caso de dos ejemplos para consumos mensuales de los meses de marzo y julio respectivamente.

Lo mismo ocurre con las tarifas de la electricidad teniendo en cuenta un documento interno de la Subsecretaría de Energía Eléctrica que propone entregar de manera directa $ 60.000 millones a Edenor y Edesur para que las distribuidoras equilibren sus finanzas sin tener la necesidad de subir sus cuadros tarifarios.

Es decir, las propuestas que maneja el Gabinete económico son, o bien aumentar los subsidios a las empresas, o bien descargar los costos en mayores cuadros tarifarios. En ningún momento se plantea cuestionar la lógica de lucro bajo el cual se rigen los servicios públicos hoy en manos de empresas privatizadas. Bajo este paradigma, los márgenes de ganancia son sagrados y deben sustentarse de una u otra forma mediante los bolsillos de los sectores populares.

Con estas declaraciones, Alberto Fernández tampoco pone en cuestión los tarifazos aplicados por la gestión de Macri, que en su momento el propio bloque hoy oficialista había denunciado como una gran estafa.

Segmentación del aumento

El portal especializado en temas energéticos ecojournal.com indicó que el Gobierno busca separar a los usuarios de energía en tres grandes grupos: un 20 % de alto poder adquisitivo que pagaría la energía sin subsidio; un 40 % de ingreso medio que pagaría hasta el 80% del costo de la energía y otro 40 % que pagaría hasta un 60% del cuadro tarifario aplicado al primer grupo.

La experiencia de las audiencias por tarifas de servicios públicos durante la era Macri mostraron que se trató de una puesta en escena para terminar concediendo a las privatizadas los pedidos de aumentos que solicitaban. ¿Volverá a hacer lo mismo el gobierno de Fernández?

En cuanto al proyecto de ley de "desdolarización", aún no se conoce la letra y los detalles del mismo. ¿Qué va a pasar con la dinámica de precios cuando el descongelamiento tarifario se complete? Probablemente como sucedió bajo el macrismo, esto retroalimente la suba del nivel general de precios. Aun en pandemia y ante una delicada situación social para las amplias mayorías, Alberto Fernández confirmó que se vienen aumentos.

Las audiencias se realizarán el 29 de marzo a las 8 de la mañana se tratará el "Régimen de Transición Tarifaria" a la empresa Transener. Luego a las 14 hs las del Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) y las empresas de transporte de energía eléctrica Transba, Distrocuyo, Transpa, Transco, Transnea y Transnoa.

Por último, el 30 de marzo a las 8 hs será la audiencia para exponer el "Régimen de Transición Tarifaria" correspondiente al sector de distribución de energía eléctrica en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El descongelamiento de los tarifazos sólo alimentan la dinámica inflacionaria en detrimento del bolsillo de las mayorías populares. Por ello es necesario poner fin a la tregua de las cúpulas sindicales con los empresarios y el Gobierno, basta del negocio de las privatizadas con más tarifazos y subsidios a las ganancias empresarias, avancemos en el camino de una verdadera estatización de los servicios esenciales bajo gestión de sus propios trabajadores, para que estos servicios vuelvan a ser un derecho.

Por un salario mínimo de $ 50.000 atado a la evolución de la canasta básica y un IFE de $ 40.000, recomposición salarial de lo perdido con Macri y Fernández y aumentos




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